El gobierno se niega a modificaciones excesivas, mientras que los congresistas piden ajuste fiscal ya y reestructuración de la deuda.
El Congreso y el Gobierno están en una verdadera “sin salida” y por eso la discusión del Presupuesto General de la Nación está en vilo en este momento.
La razón es simple: el presupuesto solo tiene $87 billones en inversión, 14% del monto total ($634,9 billones). El tema es sensible para los congresistas, porque están solicitando una revisión de rubros para incorporar los proyectos que satisfagan las demandas de alcaldes, gobernadores y la ciudadanía en las regiones. Por eso han presentado 650 proposiciones que valen $11 billones y los ministerios y organismos del estado han hecho lo propio y eso vale uno $60 billones.
Así que el asunto no está fácil. El problema es que el PGN es imposible de estirar: los gastos de funcionamiento llegan a $393 billones (62% del Presupuesto) y el servicios de la deuda asciende a $155 billones (24%).
“Es un presupuesto triste”, dice el senador del Centro Democrático, Christian Garcés, aunque reconoce que es un presupuesto “realista y es el inicio de organizar las finanzas públicas”.
Sin embargo, a pesar de que tanto el Legislativo como el Ejecutivo tienen claro que no se puede estirar el dinero público ni acudir al expediente de la deuda como el gobierno anterior, no parece haber una salida fácil.
Deuda y nómina en la mira
Las sensibilidades están en tres frentes: el del servicio de la deuda, el del gasto de funcionamiento y, lo que se libere en estos frentes, el de la inversión, que proveerá los recursos para los proyectos regionales.
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En el frente del servicio de la deuda, hay una corriente de pensamiento entre los legisladores: el gobierno debe maniobrar para que se reduzca el monto destinado a cubrir este rubro.
Según el representante Óscar Darío Pérez, si hay $155 billones que se van a cubrir intereses y capital, se puede desarrollar una estrategia para liberar recursos para otros rubros. “¿Sí es todo eso?”, dijo al explicar su posición sobre el tema.
Según Garcés, la responsabilidad de esta situación recae en el gobierno anterior porque “durante cuatro años no se tomaron las decisiones de bajar los gastos de funcionamiento y fuera de eso se presentaron unos presupuestos inflados en los ingresos y en las proyecciones financieras con las reformas tributarias que llevaban. Eso terminó trasladándose a deuda con tasas altísimas”, mencionó.
El gobierno está contra las cuerdas, porque solo por la vía del recorte y la refinanciación de deuda podrá liberar recursos para inversión, lo que le traquilizaría las aguas en el legislativo. Pero no podrá adoptar ninguna medida en este sentido, hasta tanto no quede aprobado el presupuesto y envíe señales de manejo fiscal efectivo a los mercados internacionales.
De otra parte, Garcés señaló que uno de los asuntos sensibles es el dinero para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El Gobierno está pidiendo facultades para destinar libremente recursos a esta tarea, pero el Congreso no suele entregar esta especie de cheque en blanco al Ejecutivo. Según Garcés están considerando un punto medio, dándole facultades, pero destinando los recursos al Fondo Patria Milagro, que tiene destinación específica las tareas de ayuda y reconstrucción.