La escalabilidad en la cadena de suministro y la economía circular emergen como estrategias críticas para proteger el flujo de caja ante las inminentes crisis climáticas y regulatorias.
La estructuración de políticas ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) se ha desmarcado de la filantropía para consolidarse como un ejercicio de mitigación de riesgo y viabilidad de negocio. Esta reflexión surgió a raíz de un diálogo con Marta Rubi Falla, directora de sostenibilidad de Postobón, en el marco de la Semana de la Sostenibilidad de Forbes Colombia. La experta ilustró las tensiones financieras de ejecutar estrategias medioambientales a gran escala, revelando que justificar estos proyectos ante las vicepresidencias financieras exige traducir la mitigación de impacto en indicadores como el Valor Presente Neto (VPN).
Aunque la directiva reconoce con franqueza que estas inversiones no siempre arrojan un balance financiero positivo en el corto plazo, advierte que el costo de la inacción es drásticamente superior. Retrasar la adaptación operativa hacia el 2030 implica enfrentar variabilidades climáticas severas, escasez de recursos hídricos y un incremento sustancial en el costo de los materiales para envases, factores que terminarán castigando el beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros, impuestos (Ebitda), contrayendo el flujo de caja y limitando el acceso a líneas de crédito bancario.
Esta asignación de capital a largo plazo se ejecuta en el contexto de una compleja realidad de consumo, donde el consumidor latinoamericano —golpeado fuertemente por la inflación y los ciclos económicos recientes— prioriza el precio sobre los atributos ambientales. Falla señala que “el consumo masivo no está migrando hacia productos premium para premiar prácticas ecológicas”. Por ende, la supervivencia corporativa le exige que la empresa asuma hoy el costo de la transición sin depender de un sobreprecio pagado por el comprador final. Las transformaciones sostenibles no darían beneficios en el corto plazo, terminan proyectando retornos a 5 o 10 años, asumiendo inversiones sostenidas durante años para desarrollar productos financieramente viables y 100% reciclados.
Estas acciones funcionan simultáneamente como una cobertura frente a crisis macroeconómicas inminentes ocasionadas por el fenómeno de El Niño y las alertas por escasez de gas y electricidad. En el caso de Postobón, la compañía gestiona un portafolio de 60 proyectos de eficiencia y autonomía energética, además de reportar una reducción del 26% en gases de efecto invernadero frente a 2019.
Mientras las normas de la Superintendencia Financiera y los estándares climáticos vigentes cobijan a unas 250 grandes corporaciones, existen más de 5.000 empresas medianas en Colombia en las que aún falta que se implementen estas políticas. “Acelerar la adopción de estas métricas en el mercado medio es el próximo gran desafío para consolidar una economía nacional competitiva a nivel global”, concluyó la especialista.
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Escrito por Juan Alejandro Quiroga Hernández.
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