Un decreto distrital fija un “precio público por circulación” por tonelada de mercancía. Todos los empresarios se quejaron por la medida. ¿Cuáles son las implicaciones?

La Alcaldía Distrital de Buenaventura expidió el Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026, que establece un cobro de $4.235 por tonelada de carga transportada desde o hacia los terminales portuarios del Distrito, con actualización anual de acuerdo con el IPC. La administración lo denomina “precio público por circulación”. El cobro se hará al propietario de la carga al momento del ingreso o retiro físico de las mercancías del terminal portuario y se identificará de manera separada en la factura o documento de cobro.

Según el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) del Ministerio de Transporte, en Buenaventura se movilizan cerca de 1.850 vehículos diarios y se realizan 55.500 operaciones mensuales de transporte de carga. Con la nueva tarifa, un tractocamión que movilice 30 toneladas tendría un costo adicional de $127.050 por operación.

En un escenario de 55.500 operaciones mensuales con 30 toneladas cada una, el cobro podría representar sobrecostos superiores a $7.000 millones al mes y $84.000 millones al año, de acuerdo con las cuentas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). El impacto alcanzaría a transportadores, generadores de carga, importadores, exportadores y otros actores de la cadena logística.

Por Buenaventura ingresa 50% del trigo y 32% del maíz y la soya que utiliza el país para elaborar alimentos derivados como pan, pastas y galletas, y para producir proteína animal, entre ella pollo, carne, cerdo y pescado. Además, por este puerto entra 54% de las importaciones de materias primas destinadas a la producción de fertilizantes.

El Reporte Logístico de la Cámara de Comercio de Cali indica que, en 2025, esta zona portuaria concentró cerca de 40% de la carga marítima de comercio exterior no minero-energética y 50,5% del comercio exterior contenerizado del país. Para la Andi, estas cifras reflejan la importancia del puerto para el abastecimiento de los colombianos, la actividad productiva y la conexión del país con los mercados internacionales.

La Andi manifestó su preocupación por el decreto. Para el gremio, la medida implica un costo adicional para la cadena logística y el comercio exterior, en un momento en que Colombia busca reducir los costos de transporte y fortalecer su competitividad. La asociación reconoció la necesidad de fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad de Buenaventura. Sin embargo, sostuvo que las medidas para atender esos problemas deben tener un sólido sustento técnico y evaluar de manera integral sus efectos económicos.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, pidió revisar la medida y buscar alternativas para financiar las mejoras que requiere el Distrito sin afectar la competitividad.

“Buenaventura es un punto estratégico para el comercio exterior y para el abastecimiento de los colombianos. Por eso, cualquier medida que incremente los costos de movilizar la carga debe ser analizada con rigor y bajo criterios técnicos. Colombia necesita avanzar en mejores vías y una logística más eficiente, pero no podemos hacerlo trasladando nuevos sobrecostos a los empresarios, a los transportadores y, en última instancia, a los consumidores.”

El dirigente gremial agregó que las autoridades deben encontrar alternativas que permitan financiar las obras necesarias para Buenaventura sin trasladar nuevas cargas a una actividad considerada estratégica para la economía nacional.

La Andi hizo un llamado a las autoridades distritales y nacionales para revisar el decreto y abrir un espacio de diálogo técnico con los actores de la cadena logística. Según el gremio, el objetivo es evaluar la justificación y la proporcionalidad del cobro y estudiar alternativas que permitan financiar y mejorar la infraestructura vial de Buenaventura sin generar nuevos sobrecostos para el comercio exterior.

Reacciones del sector de comercio exterior

La controversia también llegó al sector transportador. Colfecar señaló que Buenaventura necesita competitividad y no nuevos sobrecostos, y rechazó el cobro establecido por la Alcaldía. El gremio recordó que el sector logístico ya aporta miles de millones de pesos anuales al Distrito mediante impuestos y tasas, y cuestionó que ahora se pretenda cobrar $4.235 por cada tonelada movilizada desde y hacia el puerto. Según Colfecar, la medida va en contravía de la competitividad, encarece la logística nacional y resta atractivo a Buenaventura como principal puerto del país sobre el Pacífico. El gremio sostuvo además que la Alcaldía debe ser parte de las soluciones a las ineficiencias acumuladas en infraestructura y movilidad, en lugar de sumar nuevas cargas al comercio exterior colombiano.

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) alertó que el cobro trasladaría a importadores y exportadores un sobrecosto de entre $86.000 y $91.000 millones al año. Según las cifras que presentó, en 2025 la zona portuaria movilizó 21,4 millones de toneladas de comercio exterior, de las cuales 17,4 millones correspondieron a importaciones y cuatro millones a exportaciones, en operaciones que representaron cerca de US$27.000 millones.

El gremio señaló que el cobro aumentaría los costos de las exportaciones colombianas y podría reducir su competitividad en los mercados internacionales. En las importaciones, el efecto recaería sobre las materias primas, los insumos industriales y los bienes de capital utilizados en la producción nacional. Analdex también advirtió que el incremento podría afectar los costos de abastecimiento y distribución de los bienes terminados importados. Añadió que la medida se aplicaría en un corredor donde los costos logísticos representan entre 17% y 18%, según el comunicado.

Sobre la justificación del cobro, Analdex pidió conocer los estudios técnicos, financieros y de movilidad que sustentan la tarifa, así como los fundamentos jurídicos de su aplicación. Cuestionó, además, que el valor por tonelada sea uniforme y no diferencie las operaciones según el tiempo de ocupación de las vías. Por ello solicitó suspender el recaudo mientras se publica la documentación y se establece una mesa de concertación con la Alcaldía, los sectores productivos, los importadores, los exportadores, los operadores portuarios y los transportadores. El objetivo, según el gremio, es buscar mecanismos para financiar las obras viales sin afectar la competitividad del comercio exterior.

Posición de los transportadores de carga

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga frente al decreto, que establece un cobro por movilidad a los vehículos de carga que transitan por el distrito. Además, advirtió que representaría un nuevo sobrecosto para los transportadores, en medio de las dificultades que enfrentan para movilizar mercancías hacia y desde el principal puerto del Pacífico colombiano.

Según las cuentas del gremio, el cobro de $4.235 por tonelada equivaldría a cerca de $150.000 para una tractomula con capacidad de 35 toneladas al ingresar cargada al puerto y otros $150.000 al salir cargada, es decir, un costo adicional aproximado de $300.000 por cada operación de ingreso y salida.

Postura oficial y aclaraciones de la Alcaldía

El Ministerio de Transporte también cuestionó la medida. Manifestó su rechazo al cobro y advirtió sobre sus posibles efectos en los costos de la operación de carga y en la competitividad del comercio exterior. Según la cartera, por este puerto pasa más del 44% del comercio exterior, y Buenaventura requiere empleo, inversión y desarrollo, y no más barreras.

A este rechazo se sumó la Federación Nacional de Cafeteros expresando su preocupación y desacuerdo con el decreto. Según el gremio, en lo corrido del año 60,2% de las exportaciones de café se han realizado a través de los terminales portuarios de Buenaventura, por lo que la medida presiona los costos de exportación del producto.

La Federación reconoce la importancia de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad de la ciudad, pero considera que la medida introduce un costo adicional para las cadenas exportadoras y afecta la competitividad de los sectores que realizan operaciones de comercio exterior por ese puerto.

Por su parte, la Alcaldía Distrital de Buenaventura continúa socializando los alcances del precio público por circulación, cuyos recursos tendrán destinación específica para proyectos de movilidad e infraestructura vial. Edison Bioscar Ruíz Valencia, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, aclaró que el cobro no está dirigido a los camioneros, conductores ni empresas de transporte, sino al propietario de la carga.

“Un camión de 30 o 35 toneladas no paga más allá por esa carga de 120 o 130 mil pesos. Hoy, multiplíquense eso por lo menos por 10 o 20 veces por las horas que le toca pasar en la vía”, explicó Bioscar, al referirse a los costos que generan las demoras y la congestión para la cadena logística.

Según el decreto, los recursos se destinarán exclusivamente a proyectos de movilidad e infraestructura vial, entre ellos la construcción de proyectos viales y su señalización, la administración y el mantenimiento técnico de los proyectos construidos, y la reparación, el mantenimiento y el mejoramiento de la malla vial urbana afectada por el tráfico pesado.

La Administración Distrital precisó que la medida no corresponde al proyecto de “tasa por congestión” que estuvo en discusión ante el Concejo Distrital, sino a un precio público por circulación, sustentado en un estudio técnico, financiero y de movilidad con un informe de más de 500 páginas que reposa en la Secretaría de Tránsito y Transporte.

El decreto contempla exenciones para cargas destinadas a la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, para ayudas humanitarias o bienes esenciales en situaciones de calamidad pública y para determinadas operaciones de transbordo.

La Alcaldía indicó que el precio público por circulación no es un impuesto ni una tasa por congestión, sino un precio asociado a la circulación de carga desde y hacia los terminales portuarios, con recursos destinados a financiar la construcción, el mantenimiento y el mejoramiento de vías afectadas por el tráfico pesado.

Sin embargo, añadió que continuará socializando la medida con la ciudadanía, el sector portuario y los actores de la cadena logística, con el propósito de brindar información clara sobre su aplicación y destinación.

Registrado por Juan Camilo Torres Alarcón

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