La jornada reunirá a sindicatos y organizaciones sociales en torno a demandas laborales, educativas y territoriales, en medio del debate por las medidas del Gobierno sobre la protesta social y la posibilidad de un paro nacional en noviembre.
Sindicatos, organizaciones indígenas y otros sectores sociales colombianos preparan una jornada de movilización para este miércoles, en lo que será una primera prueba del nivel de contestación al Gobierno de Abelardo de la Espriella, que cumple dos meses en el poder.
La convocatoria reúne reivindicaciones laborales, educativas y territoriales, pero también expresa el rechazo de organizaciones civiles a las primeras decisiones del Ejecutivo y su preocupación por las iniciativas oficiales para limitar la protesta social.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocó a los maestros en defensa de la educación pública, la salud del magisterio y sus derechos laborales, así como para exigir la reparación y reconstrucción de las miles de escuelas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La decisión fue adoptada por la junta directiva del sindicato el 30 de septiembre, con el propósito de articular al magisterio con otros sectores sociales. Fecode también rechaza lo que califica como una «campaña de estigmatización» contra los docentes y sus organizaciones sindicales.
En Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó un paro de 24 horas y denunció incumplimientos de acuerdos colectivos por parte de la Secretaría de Educación, así como descuentos salariales y sanciones contra maestros que participaron en anteriores movilizaciones.
El debate sobre la protesta
La jornada se produce mientras el Gobierno prepara modificaciones al protocolo de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. El Ejecutivo argumenta que busca proteger la protesta pacífica y establecer reglas para intervenir frente a hechos de violencia, bloqueos y afectaciones a terceros.
Organizaciones sociales y expertos, sin embargo, han advertido sobre los riesgos de ampliar la discrecionalidad policial y debilitar los mecanismos de diálogo.
La discusión también incluye el Estatuto Antiterrorista que prepara el Ejecutivo, una iniciativa orientada a ampliar las herramientas jurídicas y operativas del Estado contra organizaciones consideradas terroristas.
Desde la oposición, las críticas apuntan a que el proyecto podría criminalizar la protesta social si amplía la definición de terrorismo y permite adoptar medidas contra personas u organizaciones sin una condena judicial previa. Esa preocupación ha sido expresada por el senador Iván Cepeda, candidato de la izquierda en las pasadas elecciones presidenciales.
Un calendario de movilizaciones
La convocatoria de este miércoles hace parte de un calendario más amplio de manifestaciones que contempla un posible paro nacional en noviembre, todavía sin fecha definida. La jornada permitirá medir el nivel de articulación entre las organizaciones convocantes y el alcance de sus demandas en las calles.
En las últimas semanas, distintos sectores ya se han movilizado por asuntos específicos: artistas protestaron contra los recortes al sector cultural, organizaciones feministas se manifestaron en defensa del derecho al aborto y el 7 de octubre se realizó una marcha en solidaridad con Palestina.
El desarrollo de estas convocatorias será un indicador de la capacidad de movilización de los sectores críticos del Gobierno en un escenario de polarización política.
Con información de EFE
Redactado por Luisa Triana Sacristán
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