La Superintendencia de Sociedades ordenó liquidar a Franquicias y Concesiones S.A.S. por dificultades de caja e incumplimientos financieros.
La cadena de comidas rápidas Presto entró en liquidación judicial luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara terminar el acuerdo que buscaba reorganizar las deudas de Franquicias y Concesiones S.A.S., sociedad que opera la marca en Colombia.
La decisión quedó consignada en el auto 2026-01-747813, del 13 de octubre de 2026, después de que la propia compañía solicitara la apertura del proceso el 30 de septiembre. La razón: la empresa reconoció dificultades para continuar operando como negocio en marcha, debido a la disminución del flujo de caja y los retrasos en el pago de gastos administrativos.
El documento también señala que la sociedad incumplió obligaciones adquiridas después de la aprobación del acuerdo de reorganización. Por estas razones, la Superintendencia determinó que procedía terminar ese mecanismo y dar paso a la liquidación judicial. La providencia registra activos por cerca de $46.943 millones para el inicio del proceso, valor que deberá ajustarse una vez el despacho apruebe el inventario de bienes y se determine su valor neto en liquidación.
Presto no logró recuperarse de su crisis financiera
Franquicias y Concesiones S.A.S. había ingresado a un proceso de reorganización empresarial el 13 de julio de 2023, bajo la Ley 1116 de 2006. Este mecanismo permite a las empresas con dificultades financieras negociar sus obligaciones con los acreedores e intentar mantener su operación.
El acuerdo fue confirmado por la Superintendencia el 30 de abril de 2026 y contemplaba la reorganización de pasivos por cerca de $31.000 millones, según información publicada sobre el proceso. Sin embargo, menos de seis meses después, la compañía solicitó la liquidación judicial.
La apertura de la liquidación implica un cambio en el objetivo del proceso: en lugar de buscar la recuperación de la empresa mediante la reorganización de sus deudas, ahora se deberá establecer el valor de sus bienes y atender las obligaciones pendientes con los recursos disponibles.
La Superintendencia también ordenó el embargo y secuestro de los bienes, haberes y derechos de la sociedad que puedan ser objeto de estas medidas. Además, designó a Mónica Alexandra Macías Sánchez como liquidadora, quien tendrá a su cargo las actuaciones necesarias para adelantar el proceso.
¿Qué pasará con Presto y sus trabajadores?
La apertura de la liquidación judicial no equivale, por sí sola, a una decisión sobre el cierre definitivo de todos los establecimientos de Presto ni sobre la desaparición de la marca. El futuro de los establecimientos dependerá de las decisiones que se adopten durante el proceso y de las posibilidades de preservar o vender los activos relacionados con la operación.
El auto sí establece consecuencias laborales: con la apertura de la liquidación terminan los contratos de trabajo, con el reconocimiento de las indemnizaciones correspondientes. También ordena cumplir las disposiciones aplicables a los trabajadores que cuentan con estabilidad laboral reforzada.
En paralelo, los acreedores tendrán 20 días, contados desde la desfijación del aviso de apertura, para presentar sus reclamaciones ante la liquidadora y acreditar el monto de sus obligaciones. Las solicitudes presentadas fuera de ese plazo podrán quedar postergadas, de acuerdo con la Ley 1116 de 2006.
Reportado por Luisa Triana
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