La Gobernación del Valle y la CVC advierten que están en riesgo $158.000 millones anuales destinados a inversión en 40 municipios. También alertan sobre un posible aumento de la sobretasa ambiental y cuestionan la baja participación en la consulta popular que dio origen al Área Metropolitana del Suroccidente (AMSO).
La entrada en funcionamiento del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia (AMSO), integrada por Cali, Jamundí y Puerto Tejada, abrió una controversia por el manejo de cerca de $158.000 millones anuales de la sobretasa ambiental, recursos que actualmente administra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y que financian inversiones ambientales en el departamento.
La CVC y la Gobernación del Valle advirtieron que el traslado de esos recursos a la nueva entidad metropolitana podría comprometer la inversión ambiental en 40 municipios del departamento, además de provocar un aumento de la sobretasa ambiental que pagan los contribuyentes de Cali y Jamundí.
El director general de la CVC, Marco Antonio Suárez, aseguró que el impacto sobre las finanzas de la corporación sería considerable.
“Esos recursos representan más del 50% de los ingresos corrientes de la Corporación. Se pierde toda la inversión del Valle del Cauca, porque nosotros con la sobretasa ambiental invertíamos el 50% en Cali y el otro 50% en el Valle del Cauca”, explicó.
Según Suárez, la distribución actual de los recursos, establecida en el marco de la Ley 99 de 1993, responde a un criterio de solidaridad territorial: una parte de los ingresos recaudados en Cali se destina a financiar proyectos de protección ambiental en los demás municipios del departamento.
El funcionario cuestionó que la nueva área metropolitana incluya a Puerto Tejada, municipio del Cauca, mientras que los recursos que hoy administra la CVC dejarían de financiar proyectos en otras localidades del Valle.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también expresó su preocupación por las consecuencias de la medida.
“Los recursos que iban destinados para el Valle del Cauca, para cuidar el medio ambiente, para cuidar nuestras cuencas, para reforestar, para cuidar nuestra flora y fauna, para descontaminar el aire, pero también para descontaminar el agua, esos recursos van a ser utilizados solamente por Cali y Jamundí”, afirmó durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la CVC.
Advertencia sobre el impuesto predial
Otro de los puntos de controversia es el posible aumento de la sobretasa ambiental asociada al impuesto predial.
La gobernadora sostuvo que esa sobretasa podría incrementarse aproximadamente un 40%, lo que se traduciría en una mayor carga tributaria para los propietarios de inmuebles.
“Va a subir el impuesto predial, porque la tasa medioambiental va a aumentar”, aseguró Toro.
La CVC también cuestionó las condiciones en las que se realizó la consulta popular que permitió constituir el área metropolitana en noviembre de 2024.
De acuerdo con las cifras divulgadas por la corporación, de 2.418.096 ciudadanos habilitados para votar participaron 238.189, de los cuales 128.694 respaldaron la iniciativa, equivalentes al 5,32% del censo electoral.
Suárez aseguró que los ciudadanos no recibieron información suficiente sobre las consecuencias tributarias y ambientales de la decisión. También afirmó que no se adelantó el proceso de consulta previa con comunidades negras e indígenas que, según la corporación, podrían resultar afectadas.
Estos cuestionamientos forman parte de las acciones judiciales promovidas por la CVC y deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
Una disputa que podría extenderse durante 2027
El director de la CVC confirmó a Forbes que la corporación interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para cuestionar la legalidad del proceso.
“Nosotros ya interpusimos la demanda e iniciará el trámite respectivo”, señaló Suárez, quien reconoció que una decisión judicial podría tardar todo el año 2027.
Mientras se resuelve la controversia, la corporación solicita que se mantenga la administración actual de los recursos, al menos hasta concluir el plan de acción institucional que termina el próximo año.
El directivo advirtió, además, que la AMSO todavía no dispone de la estructura técnica, administrativa y operativa necesaria para asumir las competencias ambientales.
“Es una irresponsabilidad entregar un cheque en blanco a una entidad que no tiene nada ni tiene ningún estudio cercano a los $160.000 millones en un año electoral, como es el año 2027”, afirmó.
Suárez indicó que un delegado del Ministerio de Ambiente que participó en la reunión del Consejo Directivo expresó reparos frente a la entrada en funcionamiento de la nueva entidad en las condiciones actuales y planteó la necesidad de una transición gradual.
El director de la corporación insistió en que, si el traslado de los recursos se materializa, la CVC tendría que revisar su estructura financiera y administrativa ante la pérdida permanente de una fuente que representa más de la mitad de sus ingresos corrientes.
“Hay unos municipios, unas comunidades negras, unas comunidades indígenas que esperan una inversión. Mal harían en frenar esa inversión frente a una entidad que no tiene absolutamente nada”, concluyó.
Reportado por Narciso De la Hoz G.