El gobierno anunció la creación de un equipo técnico para investigar la contratación del centro asistencial, en medio de un tenso requerimiento institucional donde cuestionó la presunta injerencia de terceros en los presupuestos de la isla.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la conformación de un equipo forense para auditar la contratación del Hospital Departamental de San Andrés, junto con la designación de un grupo técnico de apoyo institucional, tras reportar presuntas irregularidades en el manejo de recursos y dotación médica.

El mandatario calificó la situación como “indignante” y señaló el hallazgo de equipos médicos almacenados en guacales y en proceso de deterioro. Asimismo, refirió presuntas nóminas paralelas, convenios de aseo y radiología presuntamente vinculados a personas cercanas a la Gobernación departamental, y un contrato de fotocopiadoras por un canon de 60 millones de pesos mensuales.

Abelardo De La Espriella indicó que los reportes recibidos señalan la posible participación de un diputado en estas actuaciones, frente a lo cual aseguró que las indagaciones se adelantarán “con rigor, sin privilegios ni excepciones”.

Respecto al alcance de la revisión contractual y presupuestal, el mandatario sostuvo que “cada contrato y cada peso serán examinados” y advirtió que los responsables deberán responder ante las autoridades judiciales, añadiendo: “El hospital es para atender a los sanandresanos, no para servir a intereses particulares. ¡No habrá impunidad!”.

Requerimiento presidencial a las autoridades locales

En el marco de su visita al archipiélago para atender esta contingencia, el presidente sostuvo un encuentro público con la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y la representante a la Cámara, Elizabeth Jay-Pang Díaz, a quienes cuestionó por su postura frente a las medidas adoptadas en el centro médico.

En presencia de autoridades de la Policía y la Armada, el mandatario les expresó: “Quería hablar con ustedes, qué bueno que tengo testigos. Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron a atravesarse”. Ante la aseveración, la congresista respondió: “Yo no, presidente”.

Durante el intercambio, el jefe de Estado amplió sus cuestionamientos hacia el manejo administrativo de la isla y la presunta injerencia de terceros en la contratación pública.

“Quiero decirles una cosa con el respeto que me merecen porque usted es una representante y usted es la gobernadora. Son unas damas y yo respeto a las mujeres. Pero quiero que sepan que estoy enterado de lo que pasa en la isla y no lo voy a seguir tolerando”, afirmó.

Acto seguido, dirigiéndose a la representante, agregó:

“Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son dineros que nadie va a tocar. No crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos”.

A pesar de los intentos de intervención por parte de las funcionarias locales, quienes argumentaron haber solicitado apoyo gubernamental previo, el presidente reiteró su postura de control sobre los fondos estatales: “Tengo toda la información y tengo todo claro. No confundan la cortesía institucional con la complicidad porque no es mi caso”.

Posteriormente, profundizó en su advertencia administrativa:

“Se los quiero decir con todo el respeto porque se trata de dos mujeres, pero lo digo claramente mirándolas a los ojos: No voy a seguir permitiendo que se siga haciendo con la isla lo que se ha venido haciendo siempre. Como jefe de Estado y jefe de gobierno, utilizaré toda mi autoridad para que no se pierda un peso. Quiero que queden advertidas porque estoy informado”.

Frente al rechazo de los señalamientos por parte de la congresista Jay-Pang Díaz, el mandatario insistió en la veracidad de la información recolectada, y ratificó su directriz para el archipiélago:

“No voy a dejar que se pierda un centavo en la isla, ya está bueno, este archipiélago no se lo van a volver a robar en esta administración. Aquí no ha faltado plata, ha faltado honestidad”.

Intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

Estas determinaciones y llamados de atención se producen tras la orden de intervención forzosa administrativa expedida el pasado 16 de octubre por la Superintendencia Nacional de Salud, fundamentada en fallas en la prestación del servicio y deficiencias de orden administrativo y financiero.

La medida se sustentó en el “reiterado incumplimiento de los planes de mejoramiento desde 2022”, adoptada luego de visitas de inspección de la ministra de Salud, Ana María Vesga. Como parte del proceso, la entidad designó a la médica Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora, en adición a 30 instrucciones emitidas a la Gobernación y a la gerencia hospitalaria.

Balance operativo del hospital

Durante las visitas de inspección ejecutadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, la Supersalud constató que 13 de los 59 servicios habilitados de la institución —centro de tercer nivel que atiende a más de 60.000 usuarios— no se encontraban en funcionamiento. La entidad evidenció limitaciones para garantizar especialistas en áreas como cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología, así como la asignación de un único cirujano general para cubrir diversos servicios.

Por otro lado, la inspección detectó faltantes de medicamentos e insumos esenciales, junto con deficiencias en inventarios, dispensación, almacenamiento y conservación. En el área de equipamiento, se reportó pendiente la entrega de una máquina para el tratamiento de residuos biológicos, por la cual se desembolsó un anticipo del 50 por ciento —equivalente a 858 millones de pesos—, sin que la instalación se concretara debido a la falta de adecuaciones físicas.

En el componente financiero, la Superintendencia notificó un rezago de aproximadamente 3.605 millones de pesos en facturación a diciembre de 2025, ausencia de acciones efectivas de recaudo y la falta de confiabilidad en los estados financieros para determinar la situación económica real de la entidad.

Registrado por Juan Camilo Torres Alarcón

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