El magistrado instructor Pablo Llarena adoptó la doctrina del Tribunal Constitucional para extender la medida de gracia al expresidente catalán y a dos exconsejeros por el delito de malversación, allanando el camino jurídico para el cierre del proceso judicial derivado del proceso independentista de 2017.
El magistrado del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, determinó mediante un auto la aplicación de la ley de amnistía a favor del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, así como de los exconsejeros regionales Antoni Comín y Lluis Puig.
La medida judicial implica la revalidación de la decisión de levantar las órdenes nacionales de detención y de busca y captura que pesaban sobre los dirigentes, marcando un avance hacia la conclusión del proceso judicial derivado de la declaración de independencia de 2017.
Fundamentos constitucionales y alcance del auto
La resolución se sustenta en la adopción de la reciente doctrina del Tribunal Constitucional español, la cual avaló la concesión de amnistía por el delito de malversación a los líderes del movimiento, tomando como referencia el amparo otorgado previamente a la exconsejera Dolors Bassa.
Sin embargo, sobre los límites de la medida, el magistrado Llarena precisó que el pronunciamiento “se limita al alzamiento de las órdenes, y no comporta la conclusión de un sumario pendiente de determinados recursos”, y agregó que esta decisión tampoco “sustituye la resolución definitiva sobre la extinción de la responsabilidad y el sobreseimiento que corresponda adoptar por el órgano competente”, función que recae sobre la Sala de enjuiciamiento.
En el documento, el magistrado instructor expuso sus reservas frente a los argumentos del Tribunal Constitucional, reiterando su postura sobre la existencia de un beneficio personal por parte de los políticos procesados. Aunque Llarena se declaró “convencido” de su criterio inicial, advirtió que dicha posición “no autoriza a conservar sus efectos” y formalizó el acatamiento a la instancia superior indicando: “La discrepancia queda expresada en este fundamento, pero la decisión que se adopta debe ajustarse íntegramente a la doctrina expresada ahora por el Tribunal Constitucional”.
Situación legal y proyecciones del proceso
Durante el mandato de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat de Cataluña en 2017, la cámara legislativa regional aprobó una fallida declaración unilateral de independencia, hecho que derivó en la detención, procesamiento judicial y reclusión de varios dirigentes involucrados en la iniciativa.
Aunque parte de los procesados recibió posteriormente beneficios de amnistía, la justicia española mantuvo abiertos los expedientes contra quienes se trasladaron fuera del país. En ese contexto, Puigdemont fijó su residencia en Bélgica para evitar la ejecución de la orden judicial de localización y captura que pesó en su contra hasta el pasado 6 de octubre, fecha en la que el Tribunal Supremo la dejó sin efecto.
Pese a que el levantamiento de dicha medida habilita jurídicamente su retorno a España, la postura del exmandatario apunta a postergar su regreso hasta que la máxima instancia judicial determine el archivo definitivo de la causa.
Con información de EFE
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