El desmonte de al menos 30 afiches, fotografías y objetos de tres salas del principal museo del país han causado indignación y controversia a nivel nacional.
El Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió una acción de tutela relacionada con el retiro de múltiples obras de las exposiciones permanentes del Museo Nacional. Como parte de esta decisión judicial, el juez, César Enrique Osorio Ortiz, ordenó medidas provisionales orientadas a proteger las piezas afectadas mientras se realiza el estudio de fondo del caso.
Los elementos retirados están directamente relacionados con la historia de los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política en Colombia y el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las FARC.
Entre las obras específicas que fueron excluidas de la exhibición se encuentran una bandera del orgullo gay perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa (candidato asesinado en 1990), el llamado ‘Balígrafo’ (una pluma elaborada a partir de una bala con la que se firmó el acuerdo de paz) y referencias alusivas a Carlos Pizarro, excomandante del M-19.
Los argumentos del Gobierno
La orden del retiro procedió del Ministerio de Cultura, siguiendo las órdenes del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. El mandatario ordenó excluir de los espacios públicos aquellas representaciones que considera como “apología del terrorismo”, enmarcando esta decisión dentro de lo que él mismo denominó una “contrarrevolución cultural”.
Por su parte, la ministra de cultura, Paola Holguín, defendió la medida argumentando que el Museo Nacional tiene el propósito de conservar y socializar la cultura, pero su vocación no consiste en servir como “instrumento de adoctrinamiento político” ni como foco de “difusión de versiones sesgadas de nuestra historia“. Holguín sostuvo que el museo no puede convertirse en un espacio de “apología al delito o revictimización” y enfatizó que la institución debe velar por los derechos fundamentales de los niños, protegiéndolos del acceso a material sensible. Asimismo, confirmó que la curaduría y museología del centro están siendo evaluadas y rediseñadas.
Protestas e intervención policial
La decisión gubernamental motivó un plantón pacífico frente a las instalaciones del museo, donde un grupo de ciudadanos pegó copias de las obras retiradas sobre una estructura de ladrillos en el exterior del recinto. Los manifestantes declararon que su objetivo era defender la memoria histórica, las luchas sociales y la diversidad del país frente a lo que consideran un intento de censura.
Eventualmente la protesta fue disuelta por la Unidad Nacional Antidisturbios de la Policía (Unadi) mediante el uso de un vehículo lanzaagua, intervención que terminó destrozando parte de la obra de arte exterior utilizada por los manifestantes. El despliegue de la fuerza pública fue calificado de “innecesario y desproporcionado” por la defensora del pueblo, Iris Marín, quien señaló que la manifestación transcurría de manera pacífica.
De igual forma, la exsenadora María José Pizarro denunció el uso de violencia injustificada contra una multitud que incluía niños y adultos mayores, así como presuntas grabaciones a los asistentes por parte de policías vestidos de civil.
Rechazo del sector cultural y político
Las acciones del Gobierno han provocado una respuesta conjunta del sector artístico. Los Museos de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), Barranquilla, Cartagena y Medellín, entre otros, emitieron un comunicado expresando su “profunda preocupación” por el retiro de objetos por “razones ideológicas”. Las instituciones solicitaron a la ministra Holguín garantizar su autonomía, advirtiendo que “ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas” y que retirar estas piezas de la mirada pública empobrece la capacidad de comprensión de la sociedad.
En el ámbito político, el senador opositor Iván Cepeda cuestionó la “batalla cultural” del presidente De la Espriella, acusándolo de intentar imponer una visión de la historia “autoritaria, militarista, religiosa, racista, homofóbica y patriarcal”. Cepeda reiteró que la cultura debe ser un campo democrático que represente a la sociedad diversa y multicultural de Colombia.
Subido por Juan Alejandro Quiroga Hernández con información de EFE.
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