La entidad le permitió a la empresa acogerse al proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006. La compañía, en transición digital, reportó activos por $34.180 millones a julio.
La Superintendencia de Sociedades, admitió formalmente a Legis Editores S.A. al proceso de reorganización empresarial regulado por la Ley 1116 de 2006. La decisión de la entidad revoca un auto previo de rechazo emitido el 16 de octubre, el cual fue desestimado tras confirmarse que una falla técnica en el sistema de gestión documental impidió visualizar la subsanación oportuna de los requisitos legales por parte de la compañía.
El recurso jurídico utilizado por la firma responde a una situación de cesación de pagos. De acuerdo con la documentación financiera validada por el juez del concurso, Legis Editores acumula obligaciones vencidas por más de 90 días a favor de dos o más acreedores por un valor de $2.673 millones, cifra que representa el 11 % de su pasivo total. Adicionalmente, la sociedad certificó enfrentar al menos dos demandas de ejecución vigentes que exigen el pago de $3.579 millones.
Históricamente la empresa ha sido reconocida por la edición, comercialización y venta de impresos, libros y revistas de carácter jurídico y científico. Sin embargo, durante los últimos años su nuevo objetivo es diversificarse hacia los servicios tecnológicos. El portafolio de Legis abarca ahora el desarrollo de software, algoritmos, modelos de inteligencia artificial (IA), robotización (RPA), comercio electrónico, minería de datos y administración de plataformas digitales.
En medio de esta transformación de modelo de negocio, la compañía reportó activos totales por $34.180 millones con corte al 31 de julio de 2026. El acogimiento a la Ley 1116 persigue la protección del crédito y la conservación de la empresa como unidad de explotación económica y generadora de empleo.
En su estructura de pasivos, Legis reportó deudas prioritarias que incluyen $2.909 millones en retenciones fiscales, $533 millones en aportes a la seguridad social y $44 millones por descuentos a trabajadores. La Superintendencia de Sociedades precisó que los compromisos fiscales y de seguridad social deben pagarse en su totalidad antes de que el juez apruebe cualquier acuerdo de reorganización.
Bajo este marco legal, la compañía queda sujeta a estrictos controles operativos: no podrá vender activos ajenos a su operación habitual, otorgar nuevas garantías corporativas, pagar deudas anteriores al proceso ni modificar sus estatutos sin la autorización previa del ente de control.
La legislación de insolvencia colombiana garantiza que, a partir de este momento, se suspenden y prohíben nuevas demandas de ejecución contra el deudor. Todos los litigios de cobro vigentes deberán ser remitidos e incorporados a este trámite. El representante legal de la firma dispone ahora de un plazo de dos meses para actualizar el inventario de activos y pasivos, presentar los proyectos de calificación de créditos y trazar el flujo de caja proyectado que viabilice la recuperación financiera de la compañía.
Escrito por Juan Alejandro Quiroga Hernández.
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