La compañía de alimentos radicó una acción judicial formal ante la Fiscalía General de la Nación contra integrantes de la organización y terceros por señalamientos que asociaron su operación con supuesto maltrato animal.
Productos Ramo S.A.S. radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal con el fin de que se investiguen diversas actuaciones que, según la compañía de alimentos, han impactado su reputación, su buen nombre y el desarrollo ordinario de sus actividades comerciales. La acción judicial solicita abrir indagación contra Andrea Muñoz, líder de campañas de la organización Sinergia Animal para Colombia, así como contra Estephany Méndez, Sofía Garcés y Nicolás Ibargüen por la presunta comisión de los delitos de injuria agravada y calumnia agravada.
De manera concurrente, el recurso pide investigar a Brian Daniel Quiroz Murillo por presunto constreñimiento ilegal, en un proceso cuya representación jurídica está a cargo de la firma del abogado Jaime Granados.
El texto de la denuncia sostiene que las conductas señaladas involucran la difusión masiva de afirmaciones que vincularon a la compañía con supuestas prácticas de maltrato animal, hechos que habrían deteriorado su imagen institucional.
Frente a estos señalamientos, la defensa de la compañía incorporó en el expediente oficial certificaciones e informes de inspecciones emitidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con el propósito de certificar el cumplimiento de los estándares regulatorios aplicables en materia de bioseguridad y bienestar animal. En lo referente al presunto constreñimiento ilegal, la denuncia solicita evaluar comunicaciones dirigidas a la administración de Ramo en las que se habría advertido la ejecución de campañas orientadas a afectar sus ingresos, su imagen de mercado y su reputación si no se modificaban sus políticas corporativas.
Frente al litigio, la empresa fijó su postura institucional:
“Ramo respeta la libertad de expresión, la protesta pacífica y el debate público. Sin embargo, también tiene la responsabilidad de proteger a sus colaboradores y su buen nombre. Por eso acudimos a las autoridades y serán ellas, con todas las garantías del debido proceso, las encargadas de determinar las responsabilidades a que haya lugar”.
Aunque se llevó a cabo una primera audiencia de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación con miras a explorar una salida concertada entre las partes, la diligencia concluyó sin acuerdo, por lo que Ramo señaló que mantendrá el curso de las acciones legales orientadas a la defensa de sus derechos, la protección de sus colaboradores y el esclarecimiento de los hechos investigados.
Registrado por Juan Camilo Torres Alarcón
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