Las denuncias buscan que autoridades europeas examinen el dinero vinculado a la cadena de suministro de JBS y el papel de sus financiadores y asesores.
La disputa por la deforestación de la Amazonía llegó a las autoridades financieras europeas. Una coalición de organizaciones y abogados anunció catorce acciones legales contra JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, y entidades que la financian, invierten en ella o le prestan servicios profesionales.
Las denuncias buscan que se examine un presunto vínculo entre las ganancias de la cadena de suministro de carne de la compañía y la destrucción ilegal de bosques en Brasil. La ofensiva abarca Reino Unido, Irlanda, Alemania y Países Bajos, según informó EFE.
El alcance va más allá de las fincas y los mataderos. Entre las entidades señaladas aparecen Barclays, Standard Chartered, ING, Rabobank y firmas de BlackRock, además de asesores y auditores. La coalición pretende que las autoridades revisen sus obligaciones para detectar y reportar posibles operaciones relacionadas con recursos de origen ilícito.
JBS cuestionó el respaldo de los señalamientos. En una declaración a Associated Press, la empresa dijo que no había recibido los datos ni la metodología utilizados, lo que le impedía evaluar las acusaciones de manera independiente y responder a ellas.
Seguir el dinero de la cadena de suministro
La Coalición Jurídica Transnacional (TLC, por sus siglas en inglés) sostiene que el dinero obtenido de ganado criado en terrenos deforestados ilegalmente puede quedar sujeto a las normas contra el lavado de activos.
Ese es el argumento que busca llevar ante las autoridades: que examinen si recursos presuntamente derivados de delitos ambientales circularon por las operaciones de JBS y sus relaciones financieras.
La coalición informó el 5 de noviembre que presentó una denuncia penal contra la matriz JBS N.V. ante la Fiscalía de Países Bajos. También remitió señalamientos sobre JBS Global (UK) Limited a la Agencia Nacional contra el Crimen y al regulador financiero británico.
Bláithín Quigley, coordinadora de TLC, explicó que la iniciativa busca coordinar acciones a lo largo de las cadenas empresariales internacionales. La red reúne a organizaciones como Global Legal Action Network, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, Mighty Earth y FIND.
La presentación de las denuncias no equivale a una declaración de culpabilidad. Su argumento deberá ser examinado por las autoridades competentes.
El riesgo ambiental también pasa por las finanzas
El vínculo entre delitos ambientales y lavado de activos tiene antecedentes en el trabajo de los organismos financieros internacionales.
En un informe publicado en 2021, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) explicó cómo los responsables de delitos forestales, minería ilegal y tráfico de residuos pueden mezclar bienes y pagos legales e ilegales para ocultar sus ganancias.
El organismo advirtió que el dinero puede terminar en centros de comercio y finanzas alejados del lugar donde ocurrió el daño. Por eso recomendó mejorar la cooperación entre investigadores financieros y autoridades ambientales, además de fortalecer la detección de operaciones sospechosas en el sector privado.
Ese informe ofrece contexto sobre el tipo de riesgo que plantean los denunciantes. No constituye una evaluación del caso de JBS ni determina responsabilidades de las entidades mencionadas.
Qué dice JBS sobre sus proveedores
La compañía ha divulgado herramientas para controlar riesgos ambientales en su abastecimiento.
Al presentar su informe de sostenibilidad de 2025, publicado el 8 de julio de 2026, JBS señaló que ofrece asistencia técnica a productores brasileños, incluidos proveedores indirectos, para regular sus propiedades y cumplir requisitos socioambientales.
También informó que dispone de herramientas para que sus proveedores revisen a quienes les venden ganado, entre ellas una plataforma basada en blockchain y un servicio de consultas por WhatsApp.
Jason Weller, director global de Sostenibilidad de JBS, explicó entonces que la empresa estaba concentrando sus metas en acciones que pudiera gestionar, medir y verificar dentro de sus operaciones, mientras trabajaba con otros participantes de la cadena.
La distinción entre proveedores directos e indirectos es relevante: revisar al vendedor inmediato no permite, por sí solo, conocer todos los lugares por los que pasó un animal antes de llegar al matadero.
Banco do Brasil, otra de las entidades mencionadas en las denuncias, dijo a Associated Press que no había tenido acceso a la queja y afirmó que cumple las normas contra el lavado de activos y monitorea los riesgos ambientales y sociales.
La ofensiva plantea una pregunta concreta para el negocio: ¿Qué controles deben aplicar quienes compran, financian o asesoran cuando existen señales de posibles delitos en una cadena de suministro? Las denuncias buscan que esa revisión acompañe al dinero más allá del lugar donde se produjo la carne.
Registrado por Sebastián Tovar con información de EFE.
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