El alto tribunal suspendió provisionalmente la norma que permitía reasignar usuarios sin consentimiento, mientras analiza su legalidad de fondo.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente un decreto que habilitaba el traslado masivo de afiliados entre EPS, una medida que podía implicar el movimiento de millones de usuarios dentro del sistema de salud, incluidos cerca de 2,6 millones hacia la Nueva EPS.
La decisión responde a una acción judicial impulsada por la representante Katherine Miranda, quien cuestionó el traslado sin consentimiento de los afiliados hacia una entidad actualmente intervenida y con problemas operativos y financieros.
El decreto, defendido por el Ministerio de Salud, buscaba reorganizar la presencia territorial de las EPS para reducir la dispersión de aseguradores y fortalecer las redes de atención. Bajo ese esquema, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y el Ministerio podrían reasignar afiliados cuando una EPS no estuviera autorizada para operar en un territorio específico.
La norma establecía criterios de concentración: en departamentos con menos de dos millones de habitantes, solo podrían operar EPS con al menos el 5% de afiliados en la zona, lo que en la práctica reducía el número de aseguradores habilitados y facilitaba traslados obligatorios.
La demanda advertía que este rediseño implicaría mover alrededor de 6,6 millones de afiliados, con un volumen significativo hacia Nueva EPS, entidad que enfrenta intervención estatal, una deuda creciente y múltiples quejas por demoras en servicios, entrega de medicamentos y acceso a atención especializada.