La nueva directiva establece que las entidades deberán privilegiar sus canales oficiales y coordinar previamente con Presidencia las declaraciones de sus funcionarios ante los medios.
El Gobierno nacional expidió una directiva presidencial orientada a establecer los lineamientos de comunicación, relacionamiento con los medios de comunicación y difusión de información pública para la Rama Ejecutiva durante el actual periodo de mandato. El documento, firmado por el presidente Abelardo De La Espriella, está dirigido a los “ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, directores y demás representantes legales de entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional”.
La instrucción señala que la divulgación de decisiones, políticas públicas, programas, cifras y actuaciones administrativas debe realizarse de manera prioritaria a través de las plataformas institucionales oficiales.
En relación con el uso de plataformas digitales, el texto dispone que los servidores públicos alcanzados por la norma deben “privilegiar los canales institucionales para comunicar asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones”, precisando que las cuentas personales no serán consideradas como fuentes primarias ni canales oficiales para anuncios gubernamentales.
La medida busca difundir la información “primordialmente a través de los canales oficiales” para garantizar su “trazabilidad, permanencia, verificación y acceso en condiciones de igualdad”. Asimismo, con base en el artículo 7 de la Ley 2345 de 2023, el documento recuerda que las cuentas destinadas a la vocería pertenecen a las entidades estatales, no pueden ser conservadas por los funcionarios tras la cesación de sus cargos y prohíbe el uso de presupuesto público en redes personales que difieran de las asignadas institucionalmente.
Coordinación previa de declaraciones y apariciones en medios
Respecto a la interacción con la prensa, las disposiciones fijan una instancia de revisión previa para la participación de altos funcionarios en espacios informativos. La directiva establece que los destinatarios de la norma “podrán conceder entrevistas, dar declaraciones, o participar en medios de comunicación, siempre y cuando hayan consultado y coordinado previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República, o quien haga sus veces”.
Adicionalmente, se estipula que las áreas de comunicaciones de los organismos nacionales deberán mantener una articulación constante con dicha dependencia presidencial.
La expedición de la directiva se conoce además en medio de cuestionamientos sobre la aplicación de estas disposiciones a las entidades que producen y divulgan información pública. Esta semana, por ejemplo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) canceló una rueda de prensa sobre los resultados de inflación de agosto cerca de 30 minutos antes de su realización. El dato fue publicado en el horario previsto, pero no se realizó la presentación ante los medios.
Según reportó La Silla Vacía, una fuente dentro de la entidad señaló que la Presidencia se comunicó con el director del Dane, Ricardo Valencia, para solicitar que no se realizara la rueda de prensa, al considerar que esta iba en contra de la directiva impartida a los ministerios.
El caso ha puesto especial atención sobre el alcance de la directiva frente a instituciones como el Dane, que cuentan con un marco legal propio para el desarrollo de sus funciones estadísticas y cuya independencia también abarca la producción y divulgación de información.
Mecanismos de actuación en situaciones de coyuntura y principios rectores
Para el manejo de contingencias, la instrucción determina que “en situaciones de emergencia, catástrofes, crisis, o alteraciones del orden público, anuncios de especial relevancia que puedan generar un impacto significativo en la opinión pública, o asuntos que involucren simultáneamente a diferentes sectores administrativos y/o entidades gubernamentales del orden nacional”, la definición de “la estrategia de divulgación oficial” será coordinada “directamente por la Presidencia de la República por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa”.
Según lo expresado en el texto, el objetivo de esta centralización es sostener la “coherencia institucional” y evitar “contradicciones, duplicidades, diferencias en las cifras, anuncios anticipados o información incompleta que pueda generar confusión”.
Por último, la directiva señala que las entidades públicas “deberán fortalecer sus canales oficiales” para atender solicitudes ciudadanas y de la prensa, garantizando la disponibilidad oportuna de “comunicados, documentos, cifras, declaraciones y material audiovisual”.
Redactado por Juan Camilo Torres Alarcón
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