Procuraduría pide plan para AIR-E y solicita a Superservicios aclarar alternativas para la empresa intervenida.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ampliar y precisar la información entregada sobre las alternativas para la recuperación económica de AIR-E S.A.S. E.S.P., empresa intervenida por el Gobierno nacional y encargada de la distribución y comercialización de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El requerimiento se produjo luego de que el organismo de control revisara una primera respuesta de la entidad y concluyera que varios de los puntos consultados no fueron respondidos con suficiente claridad.
De acuerdo con la Procuraduría, el informe remitido por la Superservicios no detalló las propuestas orientadas a evitar una eventual liquidación de la compañía. Tampoco explicó con precisión las razones de los cambios de agentes especiales desde el inicio de la intervención ni las medidas adoptadas para garantizar continuidad administrativa, coherencia en la toma de decisiones y trazabilidad del proceso durante las transiciones en la interventoría.
Cabe recordar, que la empresa ha pasado por cuatro diferentes cambios en la interventoría; se informó inicialmente la posesión de Carlos Arturo Diago Abello; posteriormente designó a Edwin Palma Egea en octubre de 2024, a Diana Bustamante Rueda en marzo de 2025 y a Nelson Javier Vásquez Torres en junio de 2025.
Por esa razón, el ente solicita nuevamente a la Superservicios informar si existe un plan de solución estructurado para AIR-E y, en caso de que lo haya, remitir la documentación que respalde esa propuesta. La Procuraduría señaló que el seguimiento al caso se mantiene por el impacto que tiene la empresa en la prestación del servicio de energía en la región Caribe.
Cabe recordar que la intervención de AIR-E fue ejecutada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en septiembre de 2024. Según informó la entidad, la medida se adoptó ante la situación de la compañía y el riesgo para la continuidad en la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira a más de 1,4 millones de usuarios.
La Procuraduría resaltó que el seguimiento a este proceso es de especial importancia dado que el sector energético es estratégico para el desarrollo del país y para garantizar la prestación continua y eficiente de un servicio público esencial para millones de ciudadanos.
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