Francisco Oneto

Estafas transnacionales, jurisdicciones concurrentes y prueba digital, plantean un problema de fondo en el derecho procesal penal de los días que corren: cuando el delito se ejecuta en un país, afecta a personas en otro y utiliza infraestructura digital repartida por varios más, en estos casos ¿quién juzga?, ¿con qué pruebas?, ¿y bajo qué límite legal?