La reapertura de Venezuela reactiva el interés empresarial colombiano, con exportaciones en crecimiento y avances graduales en un mercado aún incierto.
En Venezuela, la historia de Cementos Argos no empieza con una oportunidad, sino con una pérdida. En 2006, el chavismo expropió sus activos sin indemnización. Eran cerca de US$200 millones en plantas y operaciones que desaparecieron de su balance en cuestión de meses. Durante años, ese episodio fue un recordatorio de los riesgos de operar en un país sin reglas de juego claras ni respeto por la ley.
Hoy, casi dos décadas después, la conversación es otra. La compañía no solo mantiene abierto el litigio: está mirando de nuevo a Venezuela como una pieza estratégica en su mapa de crecimiento. No busca necesariamente una compensación en efectivo. Prefiere algo más complejo y potencialmente más valioso: recuperar activos, o recibir otros que permitan reconstruir su presencia en un mercado que vuelve a moverse.
“Nosotros aspiramos a que se nos restituya lo que nos quitaron”, dice Juan Esteban Calle, CEO de Grupo Argos, que en el proceso mantiene un diálogo directo con el Gobierno norteamericano, artífice de los cambios en el país vecino. El énfasis no está únicamente en recuperar lo perdido sino en lo que puede venir después.
Ese cambio de tono -de litigio a oportunidad- sintetiza la coyuntura. Venezuela dejó de ser, al menos parcialmente, un territorio vedado para convertirse en una oportunidad compleja: alto potencial, alto riesgo, incluso después de la captura de Nicolás Maduro.
De hecho, Argos ya exporta cemento desde una planta ubicada en Sogamoso hacia Venezuela, y ante volúmenes crecientes de demanda evalúa la posibilidad de hacerlo desde su infraestructura portuaria en Cartagena para ganar eficiencia logística.
El contexto ha cambiado. La reapertura de relaciones entre Colombia y Venezuela en 2022 inició un proceso gradual de normalización que hoy empieza a traducirse en cifras.
El comercio bilateral alcanzó US$1.170 millones en 2025, con un crecimiento de 4,1%. Aún lejos de los más de US$7.000 millones que se registraban en 2008, pero claramente en una senda de recuperación.
Las exportaciones colombianas -lideradas por alimentos, químicos y plásticos- superaron los US$1.071 millones, reflejando una canasta diversificada y una demanda latente en el mercado vecino. Del otro lado, las importaciones siguen siendo bajas, lo que refuerza el rol de Colombia como proveedor en esta nueva etapa.
Pero más allá de los números, el cambio es cualitativo. La conversación ya no es solo comercial. Es también política. La última reunión entre el presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Caracas puso sobre la mesa proyectos de interconexión eléctrica y gasífera, además de una agenda más amplia de integración. La señal es clara: el vínculo económico está dejando de ser marginal para volver al centro.
El regreso de las empresas
En el sector privado, la reacción ha sido rápida, aunque contenida.
El caso de Grupo Nutresa ilustra esa dinámica. Bajo el liderazgo de Jaime Gilinski, la compañía ha optado por una estrategia pragmática: aprovechar la cercanía geográfica y la capacidad instalada para abastecer un mercado que empieza a mostrar signos de reactivación.
La lógica es simple: no hay que construir desde cero. Las plantas operan al 60% de su capacidad y pueden escalar la producción rápidamente. En cuestión de semanas, la empresa triplicó sus exportaciones mensuales hacia Venezuela hasta cerca de US$3 millones. El plan, según Gilinski, podría multiplicar esos volúmenes entre 50 y 100 veces si las condiciones lo permiten.
“Vender en Venezuela para nosotros es como ir de Texas a Luisiana”, afirmó a Bloomberg.
Detrás de esa frase hay una tesis más profunda: la recuperación venezolana, si se consolida, podría ser uno de los pocos casos de expansión “casi doméstica” para empresas colombianas.
El interés no se limita al consumo masivo. El sector energético aparece como uno de los principales vectores de largo plazo.
La entrada del grupo Gilinski en GeoPark, aunque enfocada en Colombia y Argentina, incorpora a Venezuela dentro del radar estratégico, según Gabriel Gilinski. El país llegó a producir cerca de 3 millones de barriles diarios en sus mejores años y busca reactivar su industria petrolera en un contexto de flexibilización parcial de sanciones.
Para las compañías, el atractivo es evidente: recursos abundantes, costos potencialmente competitivos y una infraestructura que, aunque deteriorada, existe.
La percepción sobre Venezuela también empieza a cambiar entre empresarios expatriados que ven oportunidades en el país vecino. Ami Spiwak, cofundador de Qash, una fintech especializada en infraestructura financiera basada en stablecoins, asegura que la economía muestra señales de estabilización tras décadas de deterioro.
“Venezuela hoy está mucho menos peor de lo que uno se imagina desde afuera. La caída libre ya paró y eso se ve en la calle”, afirma. “Mi familia salió de Venezuela durante unos años muy difíciles y reconstruimos nuestras vidas y negocios en Colombia”, señaló.
Spiwak, quien participó recientemente en la Venezuela Tech Week en Caracas, señala que el país sigue siendo uno de los mercados más dolarizados de la región y registra una elevada adopción de dólares digitales y criptoactivos, lo que constituye una oportunidad para su fintech.
“Hace 10 años, la última vez que fui el país estaba en ruinas. Tech Week hace parte de una nueva cara que quiere dar el gobierno venezolano, en la línea de la nueva ley de hidrocarburos y minería, que cambia décadas de política económica chavista”, explica.
Aún así, hay riesgos y preguntas en un contexto con un marco regulatorio cambiante, sanciones internacionales en proceso de levantamiento y fragilidad institucional.
“Hay muchas dudas; por eso la mayoría de quienes participaron en el evento estaban explorando posibilidades. Por ahora, no han entrado grandes inversiones, los inversionistas están analizando el contexto y tienen muchas preguntas sobre la normatividad y las garantías”.
Un mercado que exige cautela
Esa lectura es consistente con la advertencia de AmCham Colombia.
Para su presidenta, María Claudia Lacouture, el país “está abriendo espacios de oportunidad, pero no está plenamente normalizado”. La apertura es gradual, selectiva y condicionada.
El mayor riesgo no es entrar, sino hacerlo mal. Las variables críticas siguen siendo las mismas: pagos, banca corresponsal, validación de contrapartes, logística y estabilidad regulatoria. En otras palabras, la operación real.
Por eso, el patrón que empieza a consolidarse entre las empresas colombianas no es el de grandes apuestas inmediatas, sino el de exposición progresiva: exportaciones primero, presencia comercial después, inversión productiva solo cuando haya mayor visibilidad.
Uno de los cambios más relevantes está en el frente financiero. Según María Eugenia Salazar-Furiati, socia de Baker McKenzie Venezuela, el sector privado en Venezuela no está bajo un embargo generalizado. Las restricciones se concentran en entidades estatales, lo que abre espacio para operaciones privadas, siempre que cumplan estándares internacionales.
La reciente Licencia General 57 de la OFAC, que autoriza ciertas operaciones financieras con instituciones venezolanas, refuerza esa tendencia.
El mensaje para los inversionistas es claro: el problema ya no es la imposibilidad de operar, sino la capacidad de gestionar la complejidad.
“Venezuela ha dejado de ser un terreno de prohibiciones para convertirse en un desafío de ejecución”, concluyeron en el encuentro.
Sin embargo, el potencial del país depende de su capacidad para atraer inversión privada. Según Carlos A. Felce, Socio Director de la oficina de Caracas, las reformas en marcha -especialmente en hidrocarburos- buscan flexibilizar el marco operativo y agilizar trámites, una condición clave para que el capital fluya hacia sectores como energía e infraestructura.
La integración como estrategia
El impulso institucional también juega un papel clave. La decisión de Bancóldex de habilitar una línea de crédito por US$100 millones para operaciones con Venezuela refleja un cambio de enfoque: el Estado colombiano ya no solo facilita el comercio, sino que busca activamente promoverlo.
A esto se suma el trabajo de la Cámara Colombo Venezolana, que proyecta que el intercambio podría superar los US$1.600 millones en 2026, impulsado por sectores como energía, manufactura y salud, según el presidente de su junta directiva, Germán Umaña.
La narrativa dominante es la de integración productiva. No solo vender más, sino construir cadenas de valor compartidas.
Sin embargo, el pasado pesa. El caso de Argos es un recordatorio de que el riesgo fue real.
La posibilidad de recuperar activos expropiados, o de recibir compensaciones equivalentes, sigue siendo incierta aunque está sobre el tapete. Pero más allá del resultado jurídico, lo relevante es el cambio de postura empresarial: incluso quienes perdieron están dispuestos a volver.
Eso no implica ingenuidad. Implica cálculo. Las empresas colombianas están leyendo a Venezuela como un mercado en transición: ni cerrado ni plenamente abierto; ni inviable ni seguro.
Un mercado donde la ventaja competitiva no será solo el capital, sino la capacidad de moverse con rapidez, leer el contexto y gestionar la incertidumbre.
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