En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
La Procuraduría investigará la entidad responsable de la firma del contrato de alquiler, que, según se ha informado, sería por unos 4.500 millones de pesos.
La procuradora Margarita Cabello hizo un llamado al Ministro del Interior para que garantice que las manifestaciones "no se conviertan en plataformas de impulso" para alguna candidatura.
La medida impactaría a 1.500 que tuvieron lugar antes del 1 de julio de 2016, beneficiando a jueces, magistrados y fiscales que fueron juzgados en primera instancia.
