Aunque desde octubre EPM y el Consorcio Energía de la Costa tomaron la operación del mercado de energía eléctrica de la costa Caribe, el Gobierno Nacional continúa pagando los pasivos que dejó el mal manejo de la empresa durante varios años. 



Tras el proceso de venta, y la toma de operación de A-ire y Afinia (las dos nuevas empresas que operan en el territorio), se conoció que las acreencias en total ascienden a los 4.8 billones, en los que se encuentra las deudas con bancos y otros sectores.



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No obstante, para sanar dichos compromisos, el Ministerio de Hacienda publicó a través del Diario Oficial una resolución mediante la cual se autoriza el pago de $864.287 millones a las distintas entidades financieras que Electricaribe le debe.



<figure class="wp-block-image alignwide size-large"><img decoding="async" width="414" height="182" src="https://cdn.forbes.co/2021/01/image-29.png" alt="" class="wp-image-67469" srcset="https://cdn.forbes.co/2021/01/image-29.png 414w, https://cdn.forbes.co/2021/01/image-29-300x132.png 300w" sizes="(max-width: 414px) 100vw, 414px" /></figure>



Según el documento, el Banco Davivienda y Bancolombia recibirá un monto de $367.500 millones cada uno. A su vez, para la Financiera de Desarrollo Nacional se destinarán $64.644 millones, mientras que para el banco BBVA $64.643 millones.



El pago total de estos compromisos obedecen a créditos realizados por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, para garantizar la operabilidad de Electricaribe estaba intervenida. 



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La Nación, por su parte, continúa trabajando para pagar el pasivo pensional que dejó la empresa, así como otro par de acreencias. 



Mientras se ejecutan estos pagos, los dos nuevos operadores tienen el compromiso de ejecutar las inversiones en la costa para mejorar los niveles de recaudo y los indicadores de pérdidas. Según lo firmado por el Gobierno, en un horizonte de 5 años, EPM tendrá que invertir $3,2 billones para Caribe Mar y el Consorcio de Energía de la Costa $2,6 billones en Caribe Sol.

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La millonaria deuda que el Gobierno le pagará a los bancos por Electricaribe

Un día antes del evento del presidente Iván Duque con los nuevos operadores de Electricaribe (30 de septiembre), el Gobierno Nacional emitió la Resolución 1866 de 2020, mediante la cual autorizó al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios otorgar un crédito por $1,98 billones para mejorar la solución del servicio de energía en la Costa Caribe. 



Se trata de un préstamo que tiene como fin garantizar la continuidad del servicio, en medio de la toma de posesión Afinia y Air-e. “El monto de $1,9 billones solicitados al Fondo de Sostenibilidad de Financiera del Sector Eléctrico (Fonse) se destinará a solventar la necesidad de recursos requeridos para la implementación&nbsp;del esquema de solución&nbsp;a largo plazo derivado de la toma de posesión de Electricaribe”, dice la Resolución.&nbsp;



Según el documento, el crédito tendrá una tasa de interés de 0% y un plazo de 12 meses para ser pagado. De hecho, el préstamo se podrá “renovar por periodos de 12 meses a solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sin superar el 31 de diciembre de 2022”, dijeron.&nbsp;



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Antes de este préstamo, la Superintendencia de Servicios aseguró que la deuda de Electricaribe con el Fondo empresarial de la Superservicios asciende a $5.4 billones aproximadamente. Aquí se incluyen garantías otorgadas; recursos que han sido utilizados por parte de la empresa -principalmente para cumplir con sus obligaciones derivadas de la compra de energía- y para inversiones prioritarias. 



De este total, incluso, se utilizaron un total de $135.000 millones para otorgamiento de garantías por parte del Fondo empresarial. Esto fue para compra de energía de Electricaribe a finales de 2017. 



Es de resaltar que el desembolso de este crédito se da en medio del proceso de toma de operaciones de la filial de EPM, Afinia, y la empresa del Consorcio de Energía de la Costa, Air-e. Se estima que estas dos empresas invertirán por lo menos $5,8 billones en los próximos cinco años. 



El gerente de Air-e, Jhon Toro, confirmó incluso hace unos días a Forbes que en más o menos tres años se buscaría financiamiento de la banca local e internacional para continuar con el plan de inversiones.



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Gobierno le sigue dando plata a Electricaribe: hay nuevo préstamo por $1,9 billones

Días y noches de oscuridad han vivido con mayor frecuencia todos los rincones del Caribe colombiano, en los que el distribuidor de energía eléctrica Electricaribe ha sido en la última década una odisea que no solo afecta la calidad de vida, sino también la competitividad de la región.



En los últimos indicadores Saidi de la Superservicios, que mide las interrupciones en el servicio de energía, las ciudades con más horas de desconexión fueron Montería, con 97,1; Riohacha, 74,2; Barranquilla, 67,8 y Santa Marta con 64,4 horas, todas por muy encima del promedio nacional, que fue de 26,7 horas al año. Solucionar este problema requerirá de inversiones superiores a los 8 billones de pesos.



Tras la intervención del Gobierno a la compañía, el momento cumbre de la esperanza está en la subasta que se hará este mes de febrero, con la que llegaría un nuevo operador a hacer las inversiones que se requieran para recuperar el rumbo.



Aunque estaba prevista para noviembre del año pasado, <a href="https://editorial.forbes.co/2019/11/05/actualidad/venta-de-electricaribe-atrasada-por-ley-de-financiamiento/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="el Gobierno decidió aplazarla para febrero tras la caída de la ley de financiamiento (abre en una nueva pestaña)">el Gobierno decidió aplazarla para febrero tras la caída de la ley de financiamiento</a>, que con cálculos internos impactaba en medio billón de pesos la valoración de la empresa. Tomaban trascendencia aspectos como la tasa nominal y la deducción del iva en los bienes de capital.



Por ello se esperó a que pasara la aprobación de la reforma tributaria, para que de inmediato los proponentes fueran a sus juntas directivas y alistaran sus propuestas con los nuevos cálculos.



<blockquote class="wp-block-quote"> &#8220;Seguramente habrá más cortes, pero para que en el mañana no se caiga el servicio&#8221;<cite>superintendente de servicios públicos domiciliarios natasha avendaño. </cite></blockquote>







En el proceso hay seis precalificados, y los que decidan seguir entregarán los sobres con sus ofertas el 20 de febrero. Seis días después, el 26 será la primera subasta por Nueva Caribe (la región completa) y si no se adjudica, el 28 se dividirá la región en dos para subastar, por separado: CaribeSol (Atlántico, Magdalena y La Guajira) y CaribeMar (Bolívar, Sucre, Córdoba y César).



“El día que se venda no va a cambiar la situación de un día para otro. De hecho, para poder mejorar toca intervenir redes. Seguramente habrá más cortes, pero para que en el mañana no se caiga el servicio”, le dijo a Forbes la superintendente Natasha Avendaño.



Esta funcionaria recorrió China, Estados Unidos, Chile y las principales ciudades de Colombia en menos de tres semanas para atender más de 70 reuniones con posibles inversionistas.



A pesar del chicharrón que esta compañía representa y aclarando que es de alto riesgo, Avendaño ha llevado el mensaje del jugoso negocio en juego, por ser el Caribe la región con la demanda más alta por las condiciones climáticas, al igual que la de mayor crecimiento en los últimos seis años.



En mercados como Brasil y Centroamérica se han cerrado transacciones de operadores con situaciones similares a las de Electricaribe, por lo que se mantiene el optimismo. Cuando le preguntan por los “clientes malapaga”, ella saca a flote que en otros servicios como el agua y el gas, el recaudo entre los costeños supera el 95%.



Hace 10 años, bajo la operación de Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), Electricaribe alcanzaba tasas de recaudo de 96 %, que diez años después bajaron a 83 %. En ese lapso, para Avendaño, se presentó una falta de gestión de infraestructura”.



<a href="https://editorial.forbes.co/2020/02/04/negocios/avales-del-gobierno-epm-y-servigenerales-para-pujar-por-electricaribe/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="Relacionado: Avales del Gobierno EPM y Servigenerales para pujar por Electricaribe (abre en una nueva pestaña)">Relacionado: Avales del Gobierno EPM y Servigenerales para pujar por Electricaribe</a>



De manera extraoficial, se supo que EPM, Celsia, Alberto Ríos, Inkia Energy y Electricidad de Portugal (EDP) han estado interesadas en el proceso. Pero Avendaño no lo confirma ni lo niega porque los nombres de las compañías precalificadas están sujetos a reserva, así como el precio base de la subasta.



EPM, por su parte, <a href="https://editorial.forbes.co/2020/02/04/negocios/avales-del-gobierno-epm-y-servigenerales-para-pujar-por-electricaribe/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="recibió una notificación (abre en una nueva pestaña)">recibió una notificación</a> de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de no objeción ni condicionamiento para su eventual adquisición del sistema de distribución y comercialización de energía eléctrica atendido por Electricaribe en Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar.



En todo caso, el que sea tiene que saber a lo que llega, pues no solo es tener el capital. La superintendente reitera que “tiene que aprender de los errores del pasado”. 



Quien llegue recibirá obras andando, de los 860.000 millones de pesos que el Gobierno garantizó para el primer año de inversiones aprobadas en los distintos Conpes. 



De acuerdo con Electricaribe, con estos recursos se invertirá ocho veces más del promedio de los últimos cuatro años, rompiendo el círculo de bajas inversiones en infraestructura y redes eléctricas. A esto se suma que el Gobierno asumirá el pasivo pensional por $1,2 billones.



Si la subasta llegara a declararse desierta, varios expertos consultados coincidieron en que desde el Gobierno se tienen previstas opciones como nacionalizar la empresa o acudir a la figura de empresa mixta. 



<h2>Para hacer brillar el negocio</h2>



En la reforma tributaria, se incluyeron dos nuevos artículos para hacer más atractiva la venta de Electricaribe. El primero de ellos determina la creación del Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (Fonse), que podrá recibir recursos por hasta dos billones de pesos cada año, para apoyar la capitalización de empresas de servicios públicos mixtas (como sería el caso de Electricaribe) o públicas y evitar así la interrupción en el servicio.



La ley advierte que “las inversiones que realice el Fonse en los instrumentos de capital a los que se refiere este artículo podrán tener retornos iguales a cero o negativos de acuerdo con el comportamiento de las empresas en las que se realicen”. 



El segundo artículo reglamenta la forma en que las empresas que adquieran a otras en liquidación podrán diferir los pasivos que estas tuvieran en varios años, de modo que no se afecte su equilibrio financiero y, nuevamente, no se interrumpa el servicio prestado a determinada región que en este caso sería el Caribe colombiano.

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Así se cocina la subasta de Electricaribe, uno de los negocios del año

La compañía de energía, Enel Colombia se está enfrentando una investigación administrativa y sancionadora por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) por sus precios de energía en la bolsa de valores. 



La investigación se centra en la central hidroeléctrica Betania, propiedad de Enel, que habría ofrecido energía a un precio de casi 900 dólares el kWh, en incumplimiento de las resoluciones pertinentes. Entre el 9 y el 28 de diciembre de 2022, el valor de la energía en el mercado de valores aumentó un 155 % de $200 por kWh a $510 por kWh, y podría subir aún más a precios de escasez de $945 por kWh sin ninguna intervención regulatoria.



Como resultado, se espera que los usuarios finales se vean directamente afectados por los aumentos de tarifas. La Superservicios ha acusado a Enel de infringir el artículo 6 de la Resolución 055 de 1994 y ha iniciado una investigación administrativa sancionatoria, además de presentar acusación contra la empresa. 



&#8220;Si una hidroeléctrica está botando agua tendrá un costo de oportunidad mínimo y por ende, sus precios de oferta de energía deben ser bajos y no como lo hizo Enel Colombia&#8220;, dijo el superintendente encargado, Orlando Velandia Sepúlveda.



De acuerdo con XM, operador del Sistema Interconectado y el administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, cuando el precio de bolsa supera el precio de escasez​, se genera una señal de que hay una situación crítica en el sistema y se activa esta norma para regular el precio al que se compra la energía.



El caso ha llevado a Superservicios a sugerir una revisión de las regulaciones que rigen la generación de energía en Colombia.

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Investigan a Enel por presuntas irregularidades en los precios de energía

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