El Gobierno no supera las contradicciones en las apps de transporte

Expandiéndose impulsivamente por América Latina, la compañía china Didi, que se ufana de ser la app, o plataforma digital, que procesa el mayor número de viajes de transporte, aterrizó este año con bombos y platillos en Colombia, luego de que ProColombia, la agencia que promueve las inversiones de empresas extranjeras, la convenciera y acompañara de abrir operaciones en el país.

ProColombia ha estado al lado de Didi en sus intenciones de ir entrando a distintas ciudades del país, mientras que, desde el Ministerio de Transporte, tratan a los servicios que se ofrecen desde esta y otras apps como “inviables” e “ilegales”.

Sin embargo, estas plataformas pagan impuestos al país no solo por la presencia de sus empresas en Colombia, sino también por el IVA aplicado a servicios por plataformas tecnológicas basadas en el exterior. Por este concepto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a corte de mayo de este año, había recaudado $116.630 millones que van directo al recaudo fiscal.

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Es decir, al presupuesto de la nación va a parar dinero de un servicio que desde el mismo Gobierno consideran “ilegal”, pero que a la vez acompañan para que ingrese al país. Entre tanto, el Ministerio de las TIC considera que “el problema no son las plataformas, sino la nueva forma de prestar servicios”.

En su campaña para ser electo, el presidente Iván Duque enfatizó que, en el caso del transporte, había que “equilibrar la cancha” entre los taxistas y los que prestan el servicio a través de este tipo de plataformas, pero la máxima intención que se ha visto al Gobierno es la de ratificar un servicio de lujo, reglamentado por decreto, al que ninguna plataforma se acoge.

Fuentes del Gobierno le indicaron a Forbes que, para hacer frente a estas contradicciones internas, los ministerios de las TIC, Transporte, Comercio, Industria y Turismo están trabajando en un proyecto de ley próximo a tramitarse en el Congreso de la República, para regular la economía colaborativa.

Ante la falta de voluntad política que ha primado en los últimos años, el representante a la Cámara por Bogotá Mauricio Toro (Alianza Verde) se adelantó y radicó un proyecto de ley que busca regular las plataformas.

Toro explica que el objetivo es “nivelar la cancha” para que los ciudadanos puedan escoger qué servicio quieren utilizar. La iniciativa legislativa propone obligar a las plataformas cumplir con los mismos requisitos que los taxis en temas de seguros de daños y seguros. Además propone eliminar los cupos de los taxis con la creación de un fondo, que se financiaría con el 1% de las ventas de las plataformas de transporte.

Uber, que lleva más de 6 años en el país, dice que tiene más de 2 millones de usuarios y más de 80.000 socios conductores. A la contienda se han sumado la griega Beat y la rusa InDriver. Didi y Cabify combinan en su plataforma la oferta del servicio de transporte de carros particulares que el Gobierno considera ilegal y el de taxis amarillos. Este último caso crea una ambigüedad en la presunta ilegalidad.

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Antes de la llegada de más competidores, en el primer trimestre de este año, Uber tenía el 45% del mercado, InDriver un 26% y Beat un 19%, de acuerdo a registros de la firma GFK, que indica que, con el ingreso de nuevos jugadores, el mercado se está impactando “de manera importante”.

Entre tanto, millones de usuarios y conductores que recorren las calles de Colombia por la intermediación de estas plataformas, esperan pronto que se solucione este limbo jurídico.