La industria de bebidas azucaradas le apuesta al desarrollo tecnológico, a la vez que debate sobre medidas de salud pública
La industria de las bebidas azucaradas representa cerca de 0,8% del PIB de Colombia y cerca de 7% del sector manufacturero, genera alrededor de 20.000 empleos directos y 90.000 indirectos. Para el primer semestre del año, sus ventas crecieron 4,3% y la producción en 3,7%, ambos por encima de la economía nacional y tras superar en el Congreso el debate sobre un impuesto adicional para mejorar la salud pública y su defensa basada en la autorregulación.
Este segmento de la industria manufacturera, que en 2018 acumuló ventas por $14,7 billones, espera alcanzar en 2020 un 30% de resina PET reutilizada en sus empaques plásticos. Para 2025, deberían alcanzar 50% y entre 2027 y 2028 el 70%, según indica el director de la cámara de bebidas azucaradas de la Andi, Luis Felipe Torres.
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El mecanismo sigue siendo crear un ciclo cerrado en el que recicladores recogen las botellas plásticas, disponen de ellas en lugares especiales y estas empresas le venden nuevamente el material reciclado listo para usar a las empresas productoras de los envases de estas bebidas.
Sin embargo, Torres asegura que hacen falta otras medidas como incentivar a que más hogares separen las basuras, de modo que sea mucho más fácil disponer del material reciclable.
También, propone, debería prohibirse que los recolectores de basura puedan llevar a los rellenos sanitarios material reciclable, ya que hoy estos lugares “están llenos” de basura que pudo reciclarse.
Salud pública
Así como le apuestan al reciclaje, la industria de las bebidas azucaradas se ha defendido durante los debates sobre salud pública con varios argumentos. Uno de ellos es el de su autorregulación, por ejemplo, con la implementación de tablas nutricionales y avisos frontales que indican aspectos como el contenido calórico de la bebida a consumir.
En este punto, durante el último año el país atravesó el debate en el Congreso sobre una ley de etiquetado que buscaba hacer más claro para el consumidor qué estaba consumiendo, con el fin de promover la salud pública. El modelo intentaba copiar el de países como Chile, que consiste en varios octágonos en la parte frontal del empaque, con letreros del estilo “alto en azúcar”.
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Lo cierto que es el mundo ha implementado otros sistemas como los semáforos, tablas alimenticias similares a las colombianas o mensajes frontales que indican el porcentaje que representa para la dieta diaria de una persona, consumir mediante ese producto algún componente como el azúcar, explica Johnattan García Ruiz, investigador de Dejusticia.
Otro de los compromisos de la industria, añade Torres, es llegar a que la mitad de sus ventas sean en bebidas bajas en azúcar o con cero azúcar, que ya ofrecen en el mercado para darle la posibilidad de elección al consumidor.
Un argumento más es el de la poca elasticidad que tiene el consumo de estos productos en los hogares de menores ingresos, de modo que un impuesto a las bebidas azucaradas atacaría directamente los bolsillos de los más pobres, sin resultados en otros países que todavía puedan probar su efecto positivo sobre la salud pública.
Ruiz explica que, en realidad, el tiempo para medir estos efectos no es corto y además, depende de los datos que pueda tener el sistema de salud sobre factores como el peso, los casos con diabetes, desnutrición u otras enfermedades relacionadas.
Medir los efectos
A largo plazo también podría medirse un beneficio económico para los hogares de menores ingresos, al evaluar los ahorros de estas familias al evitarse atender a pacientes con enfermedades coronarias o diabetes, cuyos tratamientos son costosos, lo que además representa un gasto adicional para el Estado.
En lo que sí coinciden todas las partes, es en asegurar que el país necesita una política pública integral en salud, que incluya incentivos no solo para mejorar los hábitos de alimentación de los colombianos, sino también prácticas como la actividad física y medicina preventiva.