Hasta el lunes, los congresistas de las llamadas comisiones económicas podían presentar sus proposiciones al proyecto de reforma tributaria. En total se recibieron 207 documentos.
El Ministerio de Hacienda y los congresistas ponentes y coordinadores ponentes tienen cerca de una semana para ponerse de acuerdo sobre las propuestas que se aceptarán para adicionar a la reforma tributaria y cumplir la meta de presentar la primera ponencia el 25 de este mes.
De las 207 proposiciones presentadas, hay varias que destacan. Por ejemplo, la del representante a la Cámara del Centro Democrático, Christian Garcés, que pide que las cirugías estéticas sean excluidas del IVA de 19%.
La razón, según el representante Garcés, es que muchos extranjeros vienen al país para realizarse cirugías estéticas y alrededor de esta actividad se ha desarrollado una industria del turismo, pues estos viajeros llegan días antes, contratan servicios de hotelería y otros relacionados con la industria.
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Cabe recordar que este impuesto, que se incluyó en la ley de financiamiento de 2018, excluye los procedimientos reconstructivos para los pacientes colombianos, evitando mayores costos para pacientes de enfermedades como el cáncer.
Por su parte el representante conservador Wadith Manzur propone dos exclusiones. La primera, para que no se cobre el conocido 4×1000 a las transacciones de cesantías ya que “este es un ahorro de los trabajadores colombianos”.
La segunda es que, cuando el tenedor de un lote que dividió y subvendió a personas de bajos ingresos, no deba pagar el impuesto al consumo de 2% sobre el valor del inmueble si este supera los $1.000 millones y quiere entregarlo a la administración distrital. La norma aplicaría a casos similares.
Varios congresistas, entre los que se encuentran Gustavo Bolívar, Iván Marulanda, Katherine Miranda y Ciro Ramírez, proponen que se añada una condición más al beneficio de obras por impuestos: que las empresas no puedan construir para el propio beneficio de su actividad.
Recaudo con condiciones
Otro grupo de proposiciones le ponen condiciones al recaudo de impuestos ya existentes, o que también se proponen para aplicar desde 2020.
Es el caso del impuesto a la comercialización de derivados del cannabis, que tendría como destinación el pago de programas de sustitución de cultivos ilícitos, según proponen varios congresistas entre los que se encuentran nuevamente Iván Marulanda y Katherine Miranda.
El senador Juan Luis Castro propone adicionar un impuesto al consumo de bebidas endulzadas de 20% sobre el valor final de venta y que su recaudo tenga como destinación específica a la implementación de una política pública para combatir la obesidad y la diabetes.
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Además, este impuesto lo recaudarían las mismas empresas fabricantes de las bebidas endulzadas y se encargarían de entregarlo a las entidades departamentales responsables.
El mismo senador Castro propone que, desde 2020, el impuesto a los cigarrillos, cigarros y cigarritos sea de $6.000 por paquete de 20 unidades y de $500 para el caso de la picadura de tabaco.
Los excedentes de recaudo de este tributo tendrían que destinarse a otra política pública, esta para aseguramiento en salud y fortalecer a la Dian.
Nuevos impuestos y devoluciones
El sector financiero, que con la ley de financiamiento de 2018 recibió una sobretasa temporal de tres años, recibiría un impuesto adicional. Con tarifa de 6%, también se aplicaría sobre el impuesto de renta según la propuesta del representante Andrés David Calle.
Otro 6% adicional se cobraría sobre las ganancias ocasionales por la enajenación de entidades financieras, según el mismo representante Calle.
Un grupo de congresistas de varios partidos, como Katherine Miranda y Catalina Ortiz de Alianza Verde, Christian Garcés de Centro Democrático y Efraín Cepeda y Wadith Manzur del Conservador, revivieron parcialmente una de las propuestas de la ley de financiamiento.
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Se trata de la compensación del pago de IVA a los hogares más pobres. En la proposición, los congresistas pretenden que el Ministerio de Hacienda, utilizando el mecanismo del Sisbén IV, pueda hacer devoluciones bimestrales del dinero destinado al pago de este impuesto, durante tres años.
Las condiciones son que estas familias deben estar por debajo de la línea de pobreza, que el Gobierno podrá hacer pilotos para su implementación y que junto con los departamentos de Planeación Nacional y Prosperidad Social podrán definir la evaluación de su efectividad para decidir si se convierte en un mecanismo permanente.
Cabe recordar que esta era una propuesta del Gobierno hace un año, que se acompañaba de una única tarifa de IVA al 19% para simplificar el sistema tributario y que buscaba entregar la compensación anticipada, para evitar efectos negativos sobre los hogares más vulnerables del país.