Para el autor, las necesidades del país no se resolverán en una mesa de diálogo, sino creando alianzas con empresarios y gremios.
La convulsión social y política que caracteriza por estos días a Colombia se explica por la combinación de factores de muy variada índole, que han dado como resultado una seguidilla de manifestaciones con dos caras, una mayoritariamente pacífica, deliberante y democrática; y otra minoritariamente violenta.
Frente a este panorama el gobierno ha optado, entre otras estrategias, por mantener una relación cercana con el empresariado, apostándole a nutrir su respaldo de cara al proceso de interlocución con los líderes de la protesta, entre ellos, los sectores obreros críticos de potenciales reformas en el campo laboral y pensional que afecten su statu quo.
Esta relación se ha traducido en medidas que apuntan a fortalecer el aparato productivo a través de la reducción de la carga tributaria que recae sobre las corporaciones, a lo que se suman incentivos para las pequeñas y medianas empresas y lo que parece un inocuo congelamiento del IVA durante tres días.
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Varias de las reformas impulsadas por el gobierno hicieron parte de sus propuestas de campaña, fueron respaldadas por más de diez millones de votos y quedaron, por ejemplo,consignadas en una Ley de Financiamiento que, aunque se cayó por vicios de forma en la Corte Constitucional, fue discutida y aprobada por el Congreso.
De alguna manera, las propuestas y acciones gubernamentales representan a una parte significativa del país, pero no están exentas del debate político, el examen académico y el diálogo social, que debe darse en torno a la necesidad de evaluar la forma en la que estos cambios se conectan con los reclamos de otro grupo, no menor, de colombianos.
Parece una obviedad, pero resulta prioritario que el gobierno identifique la manera en la que la protesta está en directa relación con la forma en la que la sociedad colombiana se ha ido transformando en aspectos tan importantes como el robustecimiento de la clase media La justicia social, de la que tanto se habla y por la que tan poco se hace, implica reconocer que un grueso de los ciudadanos tiene expectativas nuevas frente a la labor del Estado y particularmente, frente a la forma en la que orienta su gasto.
“La política ha sido casi inoperante en materia de empleo y este debería ser el punto sobre el cual el gobierno y sus valiosos aliados, los empresarios, deberían concentrarse”
Juan Nicolás garzón
El aumento de la riqueza implica una sociedad más compleja en sus demandas sociales y,por ende, una presión creciente para que el Estado se preocupe por proveer bienes públicos de calidad.
Un país progresivamente urbano se interesa cada vez más por la mejora en los sistemas de transporte masivo, en el avance de los estándares de la educación media, en el acceso ampliado a la educación superior, en las condiciones de retiro y en el mejoramiento de las opciones de recreación, entre varios otros.
Buena parte de los cambios sociales han sido muy favorables, tenemos muchos menos pobres, vivimos más y contamos con mejores coberturas en varios ámbitos. Sin embargo, la política ha sido casi inoperante en materia de empleo y este debería ser el punto sobre el cual el gobierno y sus valiosos aliados, los empresarios, deberían concentrarse, ser más asertivos, reflexivos y creativos.
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Los datos muestran que el ritmo de destrucción de plazas laborales no cesa, la población que participa en el mercado laboral se reduce, el desempleo entre los jóvenes no cede, la informalidad se ha vuelto casi estructural y las barreras para el acceso al trabajo por parte de las mujeres son consistentemente altas.
Estas problemáticas difícilmente se resolverán de tajo en una mesa de concertación, pero la necesidad de conectar a Estado, gremios, jóvenes,trabajadores, desempleados y representantes en general de la sociedad civil, es el único camino que nos queda si lo que queremos es no vivir bajo una democracia asediada.
Contacto: Juan Nicolás Garzón Acosta
*El autor es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.
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