La firma sigue abogando para que la regulen y se enfrenta a enormes desafíos relacionados con la seguridad.
Entre más competencia entra en su segmento, a la pionera de las plataformas de transporte, Uber, no le queda más que competir con el desarrollo tecnológico y las propuestas para mantener seguros tanto a sus conductores, como a sus usuarios.
Este año, la firma dice haber rechazado a más de 16.000 personas que no pasaron sus filtros de seguridad para ser socios conductores en su aplicación. No obstante, alcanzó más de 2 millones de usuarios diarios y 88.000 conductores en la plataforma.
Mucha ha cambiado desde que Uber activó su aplicación hace seis años en Colombia. Desde el año pasado empezó a ver en firme competencia en este mercado, pero solo hasta este año, la china Didi que tiene más de 10.000 conductores registrados y se ufana de ser la mayor empresa de este tipo en el mundo, entró en la batalla, que apenas comienza.
La situación es compleja porque la misma Uber reveló que con la intermediación de su plataforma se han presentado cerca de 6.000 reportes de agresiones sexuales en Estados Unidos en los últimos dos años. Por cuenta de este tipo de incidentes, la aplicación dice que introdujo en promedio una nueva funcionalidad de seguridad cada 2 meses y generó una nueva alianza con organizaciones dedicadas a enfrentar temas de seguridad, cada 3 meses.
Aunque Uber le está pidiendo reconocimiento facial a los conductores, las autoridades de Londres decidieron recientemente no renovar la licencia de la plataforma para operar en la ciudad luego de descubrir “fallos” que permitirían a los conductores falsificar su identidad, poniendo en riesgo seguridad de pasajeros.
Entre tanto, el limbo regulatorio sigue predominando la agenda de Uber en el país. Desde las autoridades del transporte dicen que el servicio prestado por la plataforma es ilegal pero sin embargo, Uber asegura que pagó $35.000 millones en 2018 a la Dian por cuenta del IVA a las plataformas extranjeras.
De hecho, “por falta de estabilidad regulatoria” y “apoyo institucional a la innovación”, Uber decidió cancelar una inversión de US$40 millones que iba a generar 600 empleos directos en Colombia.
“Es por eso, que se ha insistido tanto al Gobierno como a los diversos actores del país en la necesidad de construir unas normas que reconozcan esta nueva categoría –la de transporte privado intermediado por plataformas-, y que permita un sistema de movilidad que brinde múltiples opciones en Colombia”, señaló Nicolás Pardo, gerente general de Uber Colombia.
En ese mismo sentido, en el mundo no está clara la relación laboral que existe entre Uber y los conductores registrados en su plataforma porque en la ciudad de San Francisco, donde están sus oficinas principales, el Senado de California pasó una ley que obliga a las compañías de este tipo a clasificar los conductores como empleados directos, otorgándoles acceso a pago de tiempo extra y seguro de desempleo
En Colombia, el representante a la Cámara por Bogotá Mauricio Toro radicó un proyecto de ley que pretende regular la relación contractual entre este tipo de plataformas y los trabajadores.
Según encuestas contratadas por Uber, cerca del 76% de los conductores registrados en su aplicación tienen personas que dependen de ellos, y más del 60% son cabezas de familia.