Dos meses después de su aprobación en el Congreso, algunos expertos dieron su visión sobre las modificaciones al régimen tributario que empiezan a regir este año. Hay desacuerdos
Las diferencias entre las reacciones a la aprobada reforma tributaria son evidentes. Para el exdirector de la Dian Horacio Ayala, la Corte Constitucional le hizo un favor al país al aplazar la caída de la Ley de Financiamiento hasta el primero de enero de este año. Pero el nuevo texto aprobado no le favorece al sistema tributario.
Por el contrario, para el analista Munir Jalil la reforma aprobada ayuda al país a caminar hacia la dirección en la que va el mundo: menos impuestos para las empresas y más para las personas.
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En el medio, Fedesarrollo se mantiene firme en su advertencia sobre los costos que tendrían sobre el recaudo los beneficios, tanto a empresas como a personas, incluidos en una reforma tributaria aprobada en medio de manifestaciones sociales que piden, entre otras cosas, una mejor calidad de los bienes y servicios públicos.
En esta área también se encuentra el exministro de Hacienda Roberto Junguito que prefiere esperar a que las medidas adoptadas puedan evaluarse para medir su efecto real sobre el desempeño nacional.
Una de estas medidas que tendrán que monitorearse de cerca en su aplicación, resultados en la población y efectos sobre las finanzas públicas es la compensación del IVA para los hogares de menores ingresos, que según Junguito le servirá políticamente al siguiente gobierno para presentar su reforma tributaria correspondiente.
El exministro también cuestionó la necesidad de reducir los aportes de pensionados al sistema de salud pues argumentó que son precisamente los mayores de edad quienes más gastan en el sistema. Según las cuentas del Gobierno, la medida costaría 1,3 billones de pesos al año.
En este mismo punto, el director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía ya había señalado desde diciembre que el gasto adicional destinado a cubrir en el sistema de salud los ingresos faltantes por el menor aporte de los pensionados con hasta dos salarios mínimos, podía destinarse a duplicar la cobertura del subsidio de Colombia Mayor.
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Sin embargo, Junguito también destacó que el país debe avanzar hacia una proporción inversa de la carga tributaria entre empresas y personas. Es decir, y es un punto de acuerdo de todos los analistas, quienes deberían aportar la mayor proporción de impuestos son las personas.
Para el jefe de análisis económico de BTG-Pactual Munir Jalil, hacia allá avanza Colombia, como lo empezó a demostrar la Ley de Crecimiento.
Para el analista, es deseable que pudiera “hacerse de manera más amplia para contribuir nuestra parte justa cada uno”.
Sin embargo, y en eso también avanzó la Ley de Crecimiento, Jalil destacó que “la Dian necesita urgentemente modificaciones, eficiencias para poder captar mejor los impuestos”.
Y agregó que la entidad “estaba hecha para ‘perseguir’ a miles de empresas, no para ‘perseguir’ a millones de colombianos. En ese cambio de filosofía, se requieren cambios e inversiones que generen ingresos adicionales”.
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Para el Ministerio de Hacienda, esta modernización es precisamente la que aumentará sustancialmente el recaudo tributario y tendrá el mayor efecto, incluso por encima del crecimiento económico más alto, como se ve en el cuadro
Críticas y advertencias
Pero en la orilla contraria, el asesor tributario y exdirector de la Dian Horacio Ayala advirtió que el problema del sistema tributario colombiano no es realmente que se le disminuya la tasa de renta a las empresas, sino que muchas no pagan lo que deberían por cuenta de las exenciones a las que tienen acceso.
En ese sentido, advirtió que en la ley aprobada se cuentan 27 beneficios tributarios para las empresas en general o para algunos sectores, en contravía del mandato constitucional que indica que debe existir equidad y proporcionalidad. Es decir, todos debemos pagar impuestos en la misma proporción a nuestros ingresos.
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Ayala agregó que “los beneficios discrecionales son un problema, la norma permite que todos accedan, pero solo unos lo hacen. Por ejemplo, las zonas francas que son inconvenientes y cuestan mucho dinero al país”.
En ese sentido, advirtió que la multiplicidad de beneficios y de diferencias en el tratamiento para cada sector de la economía impiden el correcto funcionamiento de la Dian pues complican el sistema e impiden que se pueda aplicar un mismo sistema informático para todos.
En lo que coincidieron Jalil y Ayala es que en el sistema tributario, entre más simple es mejor.