La Superintendencia de Transporte le envió un requerimiento de información a Uber para determinar su legalidad.
Mientras los taxistas amenazan con bloquear Bogotá el viernes, si el Gobierno no le responde a la reapertura de la plataforma de Uber en Colombia, las mesas de diálogo entre los diferentes actores del transporte de pasajeros continúan en busca de una nueva reglamentación y la Superintendencia de Transporte hace lo propio. La superintendente Carmen Ligia Valderrama respondió las preguntas de Forbes.
¿La nueva oferta de Uber está dentro de lo que se puede llamar legal o cuál es su situación?
Como Gobierno Nacional, nos enteramos a la vez que todos los colombianos respecto a esta prestación del servicio que a partir de hoy está prestando de nuevo la empresa Uber, nosotros no conocíamos de ello.
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Una vez nos enteramos, hemos decidido desde la Superintendencia de Transporte, que es la entidad que supervisa justamente el servicio público de transporte, requerir a la empresa para conocer qué es lo que están ofreciendo y en qué condiciones y de esa manera poder tomar las decisiones que correspondan.
De ahí que no puedo responder con absoluta certeza si es legal o no esta prestación de servicio, tengo que enterarme primero, saber qué servicio están ofreciendo, en qué condiciones respecto al conductor, el vehículo e inclusive de los usuarios. Por eso es que de inmediato procedimos con los requerimientos y cuanto antes estaremos informándonos para saber si inclusive hay que abrir investigación y tomarlas decisiones que correspondan.
¿mientras tanto qué va a pasar con la aplicación y con sus usuarios?
Aquí lo que importan son los usuarios. La Superintendencia existe justamente para garantizar que en el mercado, la prestación del servicio goce de calidad y de seguridad para los usuarios y no me refiero solo a seguridad de orden público -que si los roban, los atracan, etc. que también es muy importante- sino también a las condiciones de seguridad en el transporte, en que si se accidentan haya una póliza que los respalda, por ejemplo y en este caso eso no lo sabemos.
Por eso es que, respecto de los usuarios, la preocupación es saber cuanto antes qué figura es la que se está utilizando, verificar en qué condiciones es que se está otorgando ese servicio para nosotros poder saber si sí o no es legal la figura que están utilizando para prestar el servicio.
¿Hay algún adelanto de las mesas de diálogo que tienen con las otras plataformas de transporte para el proyecto de ley que las regula?
No nos hemos detenido al respecto. Como Gobierno Nacional, se está participando en diferentes jornadas y mesas con todos los actores: con el mismo Gobierno, congresistas, gremios, taxistas, entre otros para escucharlos, para tener muy claro cuáles son los diferentes criterios que hay que tener en cuenta y apoyar un proceso de lineamiento que termine siendo el que responda a la evolución que ha tenido el mercado, pero también y sobre todo a la seguridad de los usuarios.
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De manera que sí estamos trabajando en ello, todavía no se tienen aspectos conclusivos porque hay que escuchar a todos los actores, hay que considerarlos a todos y buscar la mejor fórmula que garantice a los usuarios el mejor servicio seguro.
¿Qué van a hacer con los taxistas? ¿Ya tienen una respuesta para evitar que mañana cumplan con los bloqueos o plan tortuga?
A ellos, como a todos, es enviarles un mensaje de absoluta certeza que el Gobierno Nacional, y en este caso la Superintendencia de Transporte, está poniendo en marcha todos los instrumentos que tiene para actuar bajo parámetros de legalidad y formalidad, de manera que el mercado obre de la mejor manera posible.
Ese es un mensaje en el que no les puede caber ni la menor duda, el sector sabe que nosotros hemos tomado medidas, hemos avanzado en el punto. Pero nosotros no podemos perder la objetividad y la transparencia que tenemos que garantizar como autoridad.
No en vano, hemos dado pasos importantes ya en este sector de transporte frente a las plataformas. Son varios los casos en los que ya estamos en investigaciones preliminares, hemos hecho requerimientos por ejemplo con Cabify, DiDi, con Beat, también nos hemos pronunciado sobre la empresa Cap Technologies que es la propietaria de la plataforma Picap e inclusive allí se dio la orden de convocar a liquidación la empresa, ellos presentaron un recurso y ahora yo estoy en el momento en que tengo que tomar una decisión al respecto.
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Entonces son muchos los frentes en los que estamos actuando, que les debería dar la certeza a los taxistas y a todos los actores del mercado que estamos haciendo la tarea de la manera más eficiente para darle una respuesta al país.
¿Se han comunicado con la Superintendencia de Industria dado que uno de sus jueces fue el que tomó la decisión que tiene al país y a Uber en este punto?
No. Porque para el efecto, somos autoridades independientes. Como es la rama jurisdiccional, hacen las veces de jueces entonces en esos términos, no me puedo involucrar en su decisión y por el contrario la respeto 100 %.