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Economía y Finanzas

ANH anuncia alivios al sector por bajos precios y coronavirus

Las medidas de salvamento buscan reducir el impacto sobre las finanzas del Gobierno

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Minería

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno anunciaron un plan de salvamento para las empresas del sector, que incluye cinco grandes medidas que deberían mejorar el flujo de caja de las mismas y así reducir el futuro impacto sobre las finanzas del Gobierno Nacional.

En un comunicado, la ANH explicó que este plan busca “garantizar la producción de crudo y asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión acordados para la exploración y el desarrollo de campos petroleros en el país”.

Estas son las cinco medidas principales para salvar al sector:

El primero de abril se habilitó el mapa actualizado de tierras, que incluye “una depuración de las áreas asignadas, disponibles y de reserva, los inversionistas interesados podrán realizar solicitudes acordes con las circunstancias actuales del país”.

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Para las empresas que necesitan hacer exploración petrolera, se podrán acordar “traslados de inversiones” entre sus propios contratos. Es decir, si una empresa no ha podido adelantar la exploración en un área con dificultades ambientales, de orden público o sociales para la que tiene destinada una inversión, podrá destinar dichos recursos a otra de sus áreas asignadas.

Además, la ANH aplazó las subastas de su Programa Permanente de Asignación de Áreas, lo que le quita la obligación de actualizar sus datos a las empresas que presentaron solicitudes durante 2019. Además, las empresas que quieran solicitar una nueva asignación, podrán hacerlo vía correo electrónico.

En el campo financiero, la ANH publicó un proyecto de acuerdo que le permitiría a las empresas modificar los términos y plazos de inversión de los contratos ya firmados, en sus diferentes etapas. Las garantías que deben cumplir al recibir estas asignaciones también podrían flexibilizarse temporalmente.

Por último, la Agencia informó que junto con su Consejo Directivo, evalúa la posibilidad de diferir el pago de derechos económicos contractuales a cargo de las operadoras, diferentes a las regalías que se seguirán recaudando, “para asegurar la viabilidad en la continuación de la producción”.

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