Colpensiones: ¿Más riesgo por $5 billones de más caja?

El miércoles en la tarde se conoció el decreto que una semana atrás, el presidente Iván Duque había prometido entregar el lunes 13 de este mes y que debía incluir las instrucciones para que las mipymes aplazaran los aportes a pensión de sus empleados por tres meses. Sin embargo, el decreto real trajo varios cambios, uno de ellos la obligación de trasladar algunos pensionados al régimen público.

En este último caso, el exintegrante de la Misión del Mercado de Capitales, Rodrigo Galarza, explicó que el Gobierno podría haber identificado que era su obligación garantizar el pago de unas rentas vitalicias cuyo riesgo se incrementó por la pandemia y que ya estaban en medio de un mercado limitado por el poco apetito de las aseguradoras y el pago alto de primas de riesgo.

“Eso quiere decir que, ante ausencia de aseguradoras que quieran correr el riesgo, la Nación dice ‘yo tengo una entidad que sí lo puede correr y lo asume’ por el valor del cálculo técnico que cuesta esa prima calculada en las AFP”, señaló Galarza.

De acuerdo con los cálculos de Asofondos, el gremio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el traslado de estos pensionados que reciben cerca de un salario mínimo le representaría a Colpensiones una caja adicional de entre cuatro y cinco billones de pesos.

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Dicho valor le ahorraría durante al menos un año el mismo valor en transferencias a la Nación para asumir pagos pensionales y, por lo tanto, serían entre cuatro y cinco billones de pesos que el Gobierno pueda destinar a la atención de la emergencia causada por la pandemia.

Pero tendría otros efectos además del mayor riesgo que estaría asumiendo Colpensiones. El primero de ellos es que “las AFP van a perder ese número de afiliados junto con la administración de esos recursos, por lo que dejarán de recibir esa comisión”, advirtió Galarza.

En ese sentido, con un menor monto de recursos para invertir en el mercado de capitales, el Gobierno termina por quitarle espacio a las AFP para que inviertan en activos diferentes a los mismos títulos de deuda pública, lo que además afecta la rentabilidad de cada ahorrador y por lo tanto el monto con el que podrán retirarse.

Para Galarza, “la solución no debería ser simplemente que el riesgo de estrés financiero se solucione con el traslado al seguro social”.

Finalmente, en el largo plazo, esta medida también puede generar un efecto negativo sobre la confianza y legitimidad del fondo de ahorro individual.

Por otro lado, a diferencia de los demás decretos del Estado de Emergencia, la vigencia de este no se limita a lo que dure la crisis, simplemente se señala que está vigente desde la expedición del decreto, lo que podría significar que se convierta en una medida permanente en el país.

Una medida que le quita la libertad de elección a un número de trabajadores que decidieron jubilarse mediante la modalidad de retiro programado. Y además si el mismo fallece, el saldo no les queda a los sobrevivientes como sucede en el sistema privado, por lo que podría ser “una clase expropiación porque te pasan a una renta vitalicia”, advirtió Galarza.

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“Eso además es asumir que nunca se van a recuperar las pérdidas de las últimas semanas en los mercados de valores por su volatilidad y que eso es para siempre, lo cual es completamente equivocado, los mercados han sufrido y es posible que sigan sufriendo por un tiempo, uno o dos años en el peor de los casos, pero uno no esperaría que al cabo de más años esto va a continuar en una situación tan golpeada y tan volátil”, añadió el experto.

Otras soluciónes

Para los expertos, el Gobierno podría haber optado por otras medidas. Por ejemplo, Asofondos señala que los recursos faltantes para el pago de esas pensiones, en caso de ser necesario, se habrían podido cubrir con los 24 billones de pesos que acumula el Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Por su parte, el representante a la Cámara Fabio Arroyave, señaló que el Partido Liberal le pide ahora al Gobierno que permita retiros parciales de los ahorros pensionales, igual que sucedió con las cesantías, a quienes no tienen ingresos o se les redujeron por cuenta de la pandemia.

Del dicho al hecho…

En el anuncio del decreto, el presidente Duque y el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño habían prometido que la medida de aplazar los aportes pensionales sería únicamente para las mipymes que tuvieran dificultades con el pago de sus nóminas y durante tres meses.

Sin embargo, el texto del decreto señala que la medida será para los pagos de dos meses (abril y mayo), para todo tipo de empresas de manera voluntaria y con un pago de 3 % sobre el salario de cada trabajador, de modo que se cubran el Seguro Previsional y la administración de los recursos.

El pago del Seguro Provisional, que en el caso de las AFP es del 2 % del salario de cada ahorrador, parece ser la única promesa que mantuvo intacta el decreto.

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El viceministro Londoño también había señalado que, lo más probable, era que esos tres meses de no cotización se sumaran al final de la vida laboral, por lo que todos los trabajadores tendrían que trabajar durante tres meses adicionales una vez cumplieran la edad de jubilación.

En su lugar, el decreto señala que esos dos meses sin cotización igual tendrán que contarse dentro de las semanas ahorradas de cada trabajador, lo que les quita la posibilidad de compensar dicho ahorro y sus rentabilidades, reduciendo a futuro el valor con el que podrían jubilarse.

Para Galarza, había por lo menos otras tres soluciones. La primera “habría sido que, para acceder a las garantías del Fondo Nacional de Garantías para para créditos de pagos de nómina, se incluyera el valor del pago de parafiscales con tasa de interés de 0 %”.

Otra posibilidad habría sido que se suspendiera el pago pero que los empleadores tuvieran que pagarlo en cuotas durante los siguientes 12 meses también sin intereses. Igual que se hizo con los servicios públicos domiciliarios para estratos uno y dos donde el servicio se causa y se cobra, pero se permite el pago por cuotas.

La tercera posibilidad era que el Gobierno emitiera un bono pensional especial, equivalente al monto de cotización de cada ahorrador, con capitalización de 0 % de modo que funcionara como un préstamo a los empleadores.

“Esto tiene un efecto perverso en el fondo, yo entiendo la angustia de los empresarios porque la caja no les alcanza, pero había otros mecanismos”, terminó Galarza.