Las cuentas del déficit fiscal y la deuda que tendremos que pagar

El Gobierno pasó de estimar que la contracción del PIB este año sería de 2,4 % por cuenta de la pandemia y la guerra de precios del petróleo a una caída de 5,5 %, lo que representaría la peor caída del producto nacional, al menos desde 1960, incluyendo la crisis de 1999, cuando la economía decreció 4,2 %.

Lo primero es explicar que una contracción del PIB significa que la economía, cuyo equivalente en precio es de mil billones de pesos según cifras de 2019, produce y consume menos que en el año inmediatamente anterior. En esta oportunidad, 5,5 % menos.

De acuerdo con los cálculos de Alianza Valores, una contracción del PIB de esta magnitud significaría que en el primer trimestre la economía se contrajo cerca de 4 % en el primer trimestre, mientras que en el segundo trimestre habría sido de -12 % -el equipo técnico del Emisor calcula entre 10 % y 15 % de caída-, mientras que en el segundo semestre el acumulado sería de -1 %, pese al levantamiento de las cuarentenas.

Con esta contracción de la economía, el Comité de la Regla Fiscal habilitó un espacio de déficit fiscal permitido para el Gobierno de 6,1 %. La cifra sería el resultado de sumar el espacio anteriormente pronosticado -que era de 2,2 % – con los menores ingresos que se obtendrán este año y el mayor gasto para atender la crisis.

Felipe Campos, director de Investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria, la contracción de 5,5 % significa que el país, solo por el efecto de la menor actividad económica, dejará de recibir cerca de 2,5 % del PIB en recaudo tributario. Esto dejaría ya un déficit de 4,7 % y un espacio de 1,5 puntos porcentuales para gasto.

Que el Gobierno gaste 1,5 puntos porcentuales de gasto para el déficit fiscal, sería equivalente a 15 billones de pesos para atender la crisis humanitaria y reactivar la economía. Un monto igual fue el que usó el Gobierno como primera instancia para el Fondo de Mitigación de la Emergencia (Fome), que sin embargo no cuenta como deuda ya que el Gobierno lo utilizó como ingresos del Presupuesto pese a tomar prestado de “otros bolsillos”.

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Para Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, hacia adelante el país “puede tomar deuda tanto en pesos como en dólares, aunque por ahora el Gobierno ha sido bastante reacio a ese tema. Es decir, más colocación de deuda pública local como TES o algún otro mecanismo de ese estilo, pero la financiación en el mercado exterior no debería ser descartada del todo, que aparentemente hasta ahora ha sido un mecanismo de última instancia”.

Otra opción es “es la línea de crédito flexible del FMI que alcanza hasta a 45 billones de pesos, es una línea que tiene el Banco de la República, pero harían un mecanismo para que le llegue al Gobierno finalmente”, señaló Felipe Campos.

Y agregó que la línea tiene una característica especial pues “es una línea que solo se le da a los países que tienen buenos números y ahora es muy funcional para Colombia porque al no ser un crédito tradicional, el Fondo le presta y no lo obliga a cumplir déficits, metas de crecimiento o reformas, sino que solo presta a una tasa de interés que es como de 2,5 % o 3 % en dólares”, agregó Campos.

El camino de la deuda

El Comité de la Regla Fiscal también advirtió al Gobierno que, para los próximos años, el país necesitará un plan para disminuir el déficit fiscal y la deuda pública que deje la atención de la emergencia.

“Todas las métricas de deuda pública y en general todos los indicadores fiscales están relacionados al PIB es decir que si al PIB le va mal como este año que se va a recoger, eso indicadores de deuda pública y déficit fiscal se van a aumentar simplemente porque el tamaño del PIB se vuelve más pequeño”, explicó Camilo Pérez.

Y agregó que “es importante tener en cuenta que el Gobierno, con ese gasto adicional que está haciendo, está teniendo más déficit pero está evitando que la caída del PIB sea mayor y de alguna manera está ayudando a que sus indicadores no se deterioren tanto como se daría en una situación en la que no tenga un apoyo o un soporte por parte del Gobierno”.

Para José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, “la deuda bruta del Gobierno Nacional Central como porcentaje del PIB aumentaría a 63 % o 64 %, lo cual nos dejaría con un nivel de endeudamiento grande como resultado de atender esta coyuntura económica tan compleja”.

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En ese sentido, Felipe Campos señaló que otro reto para el país será el de implementar un plan que le permita cumplir con la reducción del déficit fiscal de modo que regrese al 2,2 % que debía cumplir este año y al mismo tiempo evitar que la deuda pública se eleve mucho más allá del 60 % y, más bien, que retorne por lo menos a ser de 50 % del PIB.

“Las consecuencias de un déficit y deuda tan grande es que los intereses que tendremos que pagar en los próximos años para servir esa deuda van a aumentar, lo cual hace que el Presupuesto sea aún más inflexible y es inminente que una vez pase esta coyuntura, tendrá que haber una reorganización tanto de los ingresos como de los gastos del Gobierno”, destacó López.

Sin embargo, por el lado de los ingresos el país no la tendrá muy fácil por lo menos entre 2020 y 2021 pues mientras este año verá disminuidos sus ingresos tributarios por cuenta de la menor actividad económica, en 2021 el problema será la caída de los ingresos petroleros por los precios del crudo que se han visto este año.

“El plan (que presente el Gobierno) no debería tener cerrando mucho el déficit en 2021 pero sí en 2022 y 2023, algo así. Eso lo hicieron cuando tuvimos el choque de 2015 que al final el plan no se cumplió, sino que se fue corriendo hasta que finalmente se cumplió como a los tres o cuatro años”.