Aunque el país ha hecho avances notables en reducir la pobreza durante los últimos 20 años, los resultados del Índice de Movilidad Social del Foro Económico Mundial no son alentadores.

En Colombia, una familia pobre debe trabajar durante 12 generaciones para subir su condición socioeconómica, según el cálculo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2018, casi tres veces el tiempo promedio que necesitan los demás países de la organización.

Según el índice de movilidad social 2020 del Foro Económico Mundial, Colombia es el país número 65 de los 82 evaluados. Su mejor desempeño es en el indicador de aprendizaje a lo largo de la vida, donde el país ocupa la casilla 43.

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Por el contrario, la educación, medida por equidad y calidad es el indicador de peor desempeño con la posición 76 y esto se refleja, por ejemplo, en que hay 33 estudiantes por cada profesor en los cursos preescolares.

En la medición de acceso a la educación, el país mejora un poco y con 49 puntos se ubica en la casilla 63. Por otro lado, el segundo indicador de peor desempeño para el país es el de instituciones incluyentes. Aquí, el país ocupa la casilla 68, y dentro de esta, el peor desempeño con la casilla 70 es la estabilidad política y protección de los ciudadanos frente a la violencia.

En 2014, la Misión de Equidad y Movilidad Social ya había advertido sobre los problemas de la institucionalidad colombiana. En ese momento, la misión señalaba en su informe final que “por la naturaleza desigual de la sociedad colombiana y de la situación política, y por las relaciones de poder asociadas a la creación de esas instituciones, estas están diseñadas para reproducir la inequidad y la escasa movilidad social en Colombia”.

“Por la naturaleza desigual de la sociedad colombiana y de la situación política, y por las relaciones de poder asociadas a la creación de esas instituciones, estas están diseñadas para reproducir la inequidad y la escasa movilidad social en Colombia”

Misión de Equidad y Movilidad Social

Uno de sus integrantes, el ahora decano de Economía de la Universidad de Los Andes, señala que “hay una razones históricas de que en Colombia exista un sistema político y económico excluyente, que quiere mantener un statu quo en el que no quepan otras representaciones de grupos (…) Por eso es que Colombia tiene distribuciones del ingreso tan desiguales”, dice.

Y agrega “ni hablemos de instituciones excluyentes como las del acceso a la tierra, por ejemplo, una de las distribuciones más excluyentes y desiguales del Mundo. El Coeficiende de Gini de la concentración de la tierra en Colombia es absolutamente aberrante y está cerca al 0,9”.

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Cabe recordar que el Gini es un índice de medición entre cero y uno, siendo uno la máxima desigualdad posible y cero su ausencia absoluta.

Para los expertos que conformaron esta misión, “la lección aprendida en las últimas décadas es que para combatir eficazmente la desigualdad y la pobreza es necesario ir mucho más allá de aumentar ciegamente los recursos del llamado gasto social —los insumos— y pensar más en los resultados; es decir, en el impacto efectivo del gasto sobre la población más pobre del país”.

Hablemos de educación

En educación, el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) tiene en su índice de movilidad social global tres indicadores: acceso a la educación, equidad y calidad y aprendizaje a lo largo de la vida.

En el primero, el acceso a la educación, el país líder es Países Bajos, mientras que Colombia con 36 de 100 posibles, ocupa el número 76.

En este pilar mide, por ejemplo, que la calidad de la educación vocacional es de 4.5 sobre siete y apenas 6,9 % de los niños están por fuera del sistema escolar. Sin embargo, el índice de educación ajustada a la desigualdad es de 0.5 puntos sobre 100 posibles.

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Respecto al acceso y calidad de la educación, el país tiene al 85,2 % de los estudiantes en desventaja pues asisten a colegios que no tienen el material de enseñanza suficiente y otro 44,7 % de los niños están por debajo del nivel de competencia mínima.

Y en aprendizaje a lo largo de la vida, que es el pilar de mejor desempeño para Colombia, se destaca que el 63 % de las empresas ofrecen entrenamiento profesional a sus trabajadores, lo que deja al país en la cuarta posición en este aspecto, liderado por Ecuador.

Sin embargo, el impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones sobre el acceso a servicios básicos tiene una calificación de 4.3, mientras que las habilidades digitales de la población económicamente activa llegan a 3.8, ambos medidos en una escala sobre siete.

La peor calificación en este pilar se la llevan las políticas sobre el mercado laboral, que deberían ser activas y ponen al país en la casilla 60, con una calificación de 2.9 sobre siete.

Sobre la educación, la misión ya había señalado que eran necesarias varias reformas que permitieran no solo un mejor acceso a una educación de calidad, sino acabar con lo que los expertos denominan “sesgos implícitos” que existen en Colombia y que llevan a prejuicios como: que una empleada saldrá más costosa pues inevitablemente quedará embarazada.

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Entre los cambios que la misión propuso en su momento están las “numerosas funciones que hoy realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como distribuir almuerzos escolares, ejercer como agencia de adopción y cumplir funciones judiciales y semijudiciales; que deberían encomendarse a otras entidades del Estado. La tarea de ejecutar bien la política de atención a la niñez exige que ese instituto se concentre completamente en sus funciones de ejecución”.

Además, es necesario seguir ampliando la jornada única escolar, lo que permitiría a los alumnos de los colegios públicos acceder a clases que desarrollen otros aspectos, como las artes. Pero no sería la única condición.

El informe advierte que “varios expertos han señalado que el aumento de la jornada escolar no tendría efectos importantes sobre la calidad si los nuevos docentes —requeridos para atender las horas adicionales— profesan, como los actuales, una escasa formación académica y pedagógica”.

Los cálculos de la misión son que, si se adoptaran sus propuestas, “el gasto anual en atención a la primera infancia debería pasar de cerca del actual 0,3 % del PIB al 0,6 %, con cargo al Presupuesto General de la Nación”.

Discriminación por algo que no se eligió

Para una niña pobre, el panorama parece aún más complicado. Solo por ser mujer, deben enfrentarse a desigualdades en acceso a educación, roles dentro y fuera del hogar y acceso al mercado laboral.

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Un ejemplo es que el índice del WEF señala que hay 66 % de embarazos adolescentes por cada mil mujeres en el país o que la fuerza laboral femenina frente a la masculina es de 71,5 %.

Según los cálculos del Dane sobre mercado laboral, en el trimestre de noviembre 2019 a enero 2020, las mujeres tuvieron una tasa de desempleo del 23,5 %, casi diez puntos porcentuales por encima de los hombres.

Además, de aquellas que están en edad económicamente activa pero se clasifican como inactivas, se estima que el 60,2 % se dedican a las tareas del hogar —que son no remuneradas—. En los hombres, ese porcentaje es de 9,6 %.

El decano de Economía de la Universidad de Los Andes, Juan Camilo Cárdenas, señala que “cuando esta niña llegué a la edad adulta tendrá una baja educación, que va a estar determinada precisamente por la baja educación de sus padres”, sin contar con lo que algunos expertos han denominado “la lotería de la cuna”.

Los expertos en temas de pobreza, equidad y movilidad social, explican que la lotería de cuna se da especialmente en países donde hay poca movilidad social, por lo que el nivel educativo de los hijos estará determinado por el de sus padres. Es decir, el hijo de una pareja que no terminó el bachillerato tiene una alta posibilidad de no completar la educación media.

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Por el contrario, una colombiana nacida de padres con estudios profesionales, con seguridad también alcanzará dicho nivel educativo y por lo tanto tendrá mayor posibilidad de acceder al mercado laboral formal.

Pero esta niña no está sola. Los grupos indígenas, afrodescendientes y LGTBI también tienen unas brechas mayores de las que tiene un hombre blanco en Colombia. Por ejemplo, un estudio del mismo decano Cárdenas demostró que un aspirante afrocolombiano tiene 10 % menos de probabilidad de ser llamado a una entrevista laboral. Aunque su perfil profesional sea exactamente igual al de uno blanco.

Sin embargo, hay avances. Cárdenas destaca que es importante el cambio que han tenido los menús de algunas encuestas que al preguntar el género de quien lo está diligenciando, ya no tiene únicamente las opciones de hombre o mujer, sino que permite el “otro” o “no responde”.

Para Cárdenas, esto abre la posibilidad de ver “si hay problemas de movilidad social pues ya con el dato estadístico, podemos separar los grupos entre quienes se determinaron hombre, mujer y ‘otro’. Y en el ‘otro’ poder mirar su probabilidad de tener empleo, acceso a la salud, a servicios sociales, a mejores ingresos, entre otro”.

El WEF advierte en su informe 2020 que si los 82 países evaluados decidieran, cada uno, aumentar en diez puntos su calificación del índice de movilidad social, esto les representaría un crecimiento adicional de su PIB de 4,41 % para 2030.