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Las transferencias monetarias no son la solución a la pobreza

¿Cuál es el camino de las políticas sociales? Un análisis a las ayudas de los Estados en tiempos de pandemia.

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Previo al surgimiento de los Estados benefactores modernos en el siglo XX, la mayor parte de las medidas para aliviar la pobreza en el mundo estaban basadas en ayudas directas a las personas de menores recursos; esto, normalmente, en forma de alimentos o dinero y bajo el concepto de la caridad religiosa.

El rol de este tipo de ayudas decreció sostenidamente en todo el mundo ante la expansión de sistemas más amplios de protección social que consideraban la provisión colectiva de servicios de salud, educación, y recreación.

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Sin embargo, en años recientes, ha revivido el interés y uso de las ayudas directas a la población vulnerable. En particular, las transferencias monetarias (i.e. envíos de dinero a hogares pobres) se han vuelto un instrumento de política cada vez más común.

La necesidad de compensar la drástica caída en los ingresos de la población, producto de las cuarentenas del Covid-19, trajo la implementación acelerada de gigantescos programas de transferencias monetarias a lo largo y ancho del planeta. Para muchos, esta es una inequívoca señal de que la solución definitiva a la pobreza está en manos de los Estados y es mucho más sencilla de lo que se había pensado por generaciones; basta con enviarle dinero a la gente que lo necesita.

Además de su simpleza, las transferencias monetarias tienen dos tipos de virtudes. Por un lado, son bastante efectivas, al menos a pequeña escala. Años de evidencia de programas en distintas partes del mundo indican que los receptores de transferencias monetarias, en promedio, mejoran sus condiciones de vida (e.g. se alimentan mejor, se enferman menos, invierten más en educación) y no reducen su disposición a trabajar.

Por otro lado, las transferencias monetarias gozan de cierta bondad moral, relacionada a sus cimientos liberales. Aunque algunas son condicionadas, los beneficiarios de las transferencias monetarias suelen tener bastante autonomía a la hora de decidir qué hacer con el dinero que se les entrega. De tal forma, no solo se les dan recursos a personas que realmente los necesitan, sino que también se les da libertad para su uso, lo cual, en sí mismo, puede interpretarse como algo que genera bienestar.

No obstante, a pesar de estas virtudes, yo creo que las transferencias monetarias no son la solución correcta al problema de la pobreza.

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Dejando de lado la cuestión de qué tan viable y efectivo puede ser un programa de transferencias monetarias de la escala necesaria para ser el corazón de la política social, el principal problema de esta estrategia es que, inevitablemente, exige reducir los recursos de los sistemas de bienestar moderno, y no compensa los atributos fundamentales que estos proveen.

Por un lado, muchos de los bienes y servicios que proveen los Estados benefactores modernos son tradicionales bienes públicos, los cuales no son provistos por los mercados en los niveles óptimos. Por tanto, incluso con la capacidad de pago, muchas personas no podrían acceder a estos bienes si el Estado no los produce.

Más interesante, sin embargo, es que incluso si el mercado pudiera proveer naturalmente todos estos bienes y servicios, las transferencias monetarias poco hacen para reducir las grandes disparidades materiales y simbólicas que dominan las sociedades de mercado. Mientras las transferencias monetarias no sean mayores al ingreso promedio, cosa que políticamente parece inevitable, las clases medias y altas siempre podrán acceder a más y mejores bienes.

En particular, podrán tener más y mejor salud, educación, y recreación, las cuales son fundamentales para la generación de ingresos futuros. He ahí la perpetuación de las disparidades materiales. Los más pobres seguirá teniendo menos oportunidades que los más ricos.

Adicionalmente, la salud, la educación, y la recreación son fundamentales en la jerarquización social, puesto que son espacios de interacción y formación de lazos sociales. Una sociedad donde la clase media y alta va a sus mejores colegios, sus mejores hospitales, y sus mejores parques, es una sociedad donde habrá permanentemente pobreza relativa.

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He ahí la perpetuación de las disparidades simbólicas. Los pobres podrán tener dinero adicional, pero seguirán siendo percibidos como una población de segunda categoría.

Nótese que las disparidades simbólicas son, además, fundamentales para la estabilidad de las democracias liberales. Es difícil soportar la narrativa de que todas las personas son iguales, cuando lo que hay son ricos que resuelven los problemas de los pobres enviándoles dinero y no haciéndolos parte integral del sistema que les ha permitido a ellos ser ricos en primer lugar.

Así las cosas, sí hay espacio para las transferencias monetarias en una política social óptima. Existen muchas necesidades puntuales de hogares en situación de vulnerabilidad que no es viable ni eficiente que el Estado pase a solucionar directamente. En esos casos, las transferencias monetarias son intervenciones ideales.

Sin embargo, este es un rol menor. Una verdadera política social incluyente requiere un sistema en el que la sociedad masivamente provea bienes públicos de calidad a los que todos, tanto ricos como pobres, puedan acceder conjuntamente.

Contacto
LinkedIn: Javier Mejía Cubillos
*El autor es Asociado postdoctoral en la división de Ciencias Sociales de la Universidad de Nueva York- Abu Dhabi. Ph.D. en Economía de la Universidad de Los Andes. Investigador de la Universidad de Burdeos e investigador visitante en la Universidad de Standford.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

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Las dudas sobre el desafío social de Colombia

Martha Elena Delgado, directora de la análisis macro y sectorial de Fedesarrollo, explica por qué se requiere una visión más amplia en las discusiones de la actual coyuntura.

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Pobreza

Con la emergencia sanitaria actual, no es un momento fácil para los hacedores de política. Se enfrentan a consideraciones importantes sobre el bienestar de la población, evitar el colapso de las instalaciones de salud y la desaceleración de la actividad económica.

No obstante, aunque existen más dudas que verdades reveladas sobre el manejo que debe darse a esta situación, considero importante añadir a la discusión nuevos puntos que no han sido discutidos de manera suficiente, especialmente en materia social.

En el frente económico, ya es bien conocido que este año se dará la contracción del PIB colombiano más profunda de nuestra historia reciente. Las cifras desde ya son dramáticas: contracción del PIB de 15,7 % en el segundo trimestre de 2020 y una destrucción de puestos de trabajo que en junio alcanzó 4.3 millones. En términos anuales, se tiene una expectativa de crecimiento cercana al -7,9 % para 2020 y una tasa de desempleo que alcanzaría alrededor de 18 %.

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Los indicadores de industria, comercio, consumo de los hogares e inversión muestran un deterioro importante desde abril y si bien se han recuperado, este año cerrarán con cifras alarmantes.
Todo esto sin contar el incremento de colombianos en situación de pobreza (la pobreza monetaria podría alcanzar hasta 38 % en 2020 de acuerdo con cálculos de Fedesarrollo, es decir, casi cuatro de cada diez colombianos no tendrían el ingreso diario para cubrir su canasta básica).

Este número suele ser mostrado como un retroceso en la política social y el mayor reto que tendrá Colombia en las próximas décadas. Pero la discusión debe ir más allá, porque este número en realidad representa miles de familias sin condiciones de vida digna, sin recursos para alimentarse adecuadamente, sin manera de educar a sus hijos y cuidar a sus abuelos. Familias que lo perderán todo y tardarán años en recuperarse. Familias que padecerán hambre, que no tendrán un techo fijo.

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Seguramente esta tragedia social también vendrá acompañada de mayores niveles de desigualdad, un tema cuya discusión seria y profunda aún se mantiene en deuda en Colombia desde hace décadas, uno de los países con distribución más desigual del ingreso a nivel mundial.

¿No tendremos a un país aún más fracturado por cuenta de mayores desigualdades? ¿Cómo nos enfrentaremos como sociedad a los reclamos que un segmento importante de la población realice cuando no exista una solución seria a causa de la inacción?

Sí, los factores económicos son fundamentales pues permiten tener recursos para hacer frente a la emergencia, tanto del lado público como privado. Algunos de estos sectores logran manifestarse constantemente y tener una voz que es escuchada, como los gremios y las entidades del Gobierno.

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Pero ¿estamos escuchando verdaderamente a los trabajadores formales e informales que se quedaron sin empleo? ¿A los niños y niñas que no pueden ir al colegio? ¿A los hogares que ahora caen en la pobreza? ¿Qué asociación los representa, quiénes cuentan sus historias?

Colombia se enfrenta actualmente a uno de los mayores desafíos de su historia en donde la reactivación económica y la mitigación de los riesgos en salud son una parte fundamental de esta misión en el corto plazo. Pero se requiere una visión amplia, multidisciplinaria e integral que interiorice que la emergencia social no acabará cuando la curva de la pandemia se diluya en los años.

La emergencia social está empezando y requiere acciones prontas para llegar a consensos, a estrategias que reduzcan la desigualdad, que garanticen una vida digna. Esa será la verdadera tarea en el mediano plazo.



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Pasos concretos y correctos para proteger los usuarios del transporte aéreo

El Superintendente de Transporte explica cuáles son las reglas con las que Colombia jugará en materia de transporte aéreo para responder al requisito internacional.

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Foto: Andrés Rodríguez / Forbes Colombia

El transporte aéreo fue uno de los más impactados por las medidas establecidas en diferentes países para mitigar la propagación del Covid-19, lo que afectó de manera directa a los pasajeros. Por eso, el pasado 4 de junio, en el marco de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la ONU hizo un llamado a los diferentes gobiernos para que protegieran los derechos de los usuarios del transporte aéreo. 

Dentro de sus comentarios, el organismo internacional les pidió a los países tener en cuenta cuatro frentes de protección para los pasajeros. Ya en su fuero interno, cada nación podía evaluar si las medidas tomadas durante la pandemia habían estado encaminadas a lograr esta protección, o no.

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En cuanto a Colombia, vemos que nuestro país ha estado activo para proteger de la mejor forma los derechos de los usuarios. Veamos: La primera línea de trabajo definida por la ONU fue entregar información precisa y accesible a los usuarios sobre cuáles eran sus derechos, sobre todo frente a la cancelación de vuelos.

Respecto a esto, el 18 de junio de este año la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio sacaron un documento conjunto de “preguntas frecuentes del transporte aéreo durante la contingencia del Covid-19”, identificando 11 preguntas para que los usuarios conocieran sus derechos en medio de la pandemia.

Además, la Supertransporte puso a disposición de los usuarios un curso e-learning gratuito, donde la entidad explica a los usuarios los derechos y deberes frente al transporte aéreo, que complementan varias publicaciones hechas en el mismo sentido.

El segundo frente era diseñar esquemas de vouchers o similares con las aerolíneas, siempre respetando los derechos de los usuarios. En ese sentido, en los decretos legislativos 482 y 557 de 2020, el Gobierno Nacional previó que cuando se ejerciera el derecho de retracto, el desistimiento u otra circunstancia que diera lugar a reembolso, las aerolíneas podrían realizar dicho reembolso en servicios de la misma empresa, no necesariamente en dinero.

El tercer postulado de la ONU hacía referencia a aplicar la ley cuando se evidenciaran prácticas abusivas contra los usuarios. Frente a esto, entre mayo y agosto de este año la Supertransporte ha adelantado acciones administrativas frente a presuntas infracciones de los derechos de los consumidores.

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Entre ellas podemos mencionar el inicio de investigación contra una agencia de viajes relacionada con publicidad engañosa de vuelos humanitarios (res. 6615/20), y otra relacionada con restricciones presuntamente abusivas para el uso de los vouchers entregados a los usuarios (res. 7500/20). También se tomó una medida administrativa relacionada con la revelación de información sobre restricciones de orden público para la venta de tiquetes (res. 6309/20).

Finalmente, la UNCTAD pidió a los países implementar esquemas de resolución de conflictos, previendo la cantidad de disputas y reclamaciones que vendrían de parte de los usuarios contra las aerolíneas.

En este punto, la Superintendencia de Transporte, junto con la Superintendencia de Industria y Comercio, expidieron el pasado 18 de junio un documento conjunto con el ABC de competencias de las dos autoridades, para que los usuarios supieran cómo ejercer sus derechos y resolver sus conflictos, incluyendo mecanismos en línea, en caso que deseen reclamar contra una empresa de transporte aéreo.

Para apoyar este último punto, nuestra entidad trabaja actualmente con 10 universidades del país para que sus consultorios jurídicos tengan la capacidad de asesorar a los usuarios de transporte aéreo, cuando sus servicios sean requeridos por estos.

A lo largo de este periodo de pandemia, la Superintendencia de Transporte ha estado atenta para brindar apoyo a los usuarios del transporte aéreo. Y así lo han reconocido los ciudadanos, pues durante estos meses hemos recibido más de 1.500 PQRs relacionadas con el modo aéreo, de las cuales un 70 % tienen que ver con reembolsos.

El compromiso de la entidad sigue firme, en especial en estos momentos en que el transporte aéreo empieza a retomar sus actividades. Los colombianos tienen la seguridad que la Superintendencia de Transporte continuará aplicando la legislación de protección del consumidor, así como las mejores prácticas internacionales, para proteger a los usuarios del transporte aéreo durante la pandemia.

Por: Camilo Pabón Almanza
*El autor es el Superintendente de Transporte.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

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A propósito de gobierno corporativo y juntas directivas

Mónica Contreras, expresidenta de PepsiCo en territorio andino y miembro de la junta directiva de Women In Connection, Invest in Bogota, Corficolombiana y Farmatodo explica por qué es importante que las empresas avancen en diversidad e inclusión femenina.

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Foto vía Unsplash

La importancia de los gobiernos corporativos para las empresas es tema relevante que cada día toma mayor interés en la opinión pública. Un buen gobierno corporativo permite a la empresa garantizar una imagen responsable y transparente que aumente la confianza de clientes, inversores y organismos públicos; entendiendo un balance adecuado de poderes, una toma de decisiones que incorpore las expectativas de los diferentes grupos de interés; factores que permiten la sostenibilidad y generación de valor que toda organización busca.

En una publicación reciente realizada por el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del Cesa, analizando empresas colombianas y de la región, ellos muestran los efectos positivos del buen gobierno.

Concluyen que empresas más transparentes en términos de información que entregan al mercado, son mejor valoradas en los mercados latinoamericanos; las juntas directivas generan mayores rendimientos financieros para las empresas por la asesoría y acompañamiento en la toma de decisiones; la mayor participación de las mujeres en posiciones de liderazgo muestra compromiso con la diversidad y fortalecen la relación con los inversionistas; y, finalmente, las prácticas de buen gobierno hacen a las empresas más exigentes con sus equipos directivos.

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Avanzar en un buen gobierno corporativo significa avanzar en diversidad e inclusión femenina, oportunidad en Colombia que requiere ser atendida, entendiendo la baja participación de mujeres en juntas directivas y posiciones de primer nivel actualmente.

Según la OIT, Deloitte y Catalyst, las Juntas Directivas se componen en un 17,5 % de mujeres. Para el caso de América Latina y el Caribe el porcentaje de participación de mujeres en juntas se ubica en el 7,9 %. Colombia se encuentra en el promedio mundial y está mejor posicionada en comparación a la región latina, con participación de mujeres en el 17 %.

Sin embargo, todavía hay un camino largo por recorrer, si se tiene en cuenta que tan solo el 8,6 % de las juntas directivas son presididas por mujeres.

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“Contar con mujeres empoderadas, tomadoras de decisiones y administradoras de recursos en las juntas directivas genera valor en las empresas”.

La experiencia internacional demuestra que, al haber un equilibrio de género a la hora de tomar decisiones relevantes y estratégicas en las mesas directivas, las empresas no solo tienen réditos cualitativos sino cuantitativos y de negocio; incluso si la participación de mujeres supera el 30 % se constituye un entorno positivo para la innovación, hay menores niveles de corrupción institucional, mejores políticas de recursos humanos y mayor atención a las necesidades del mercado.

Desde una perspectiva del negocio, las empresas alcanzan entre 8 % y 13 % de incremento en el rendimiento sobre los activos (ROA), un incremento del 4 % sobre los retornos de los flujos de caja y un crecimiento del 8 % en ventas.

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Contar con mujeres empoderadas, tomadoras de decisiones y administradoras de recursos en las juntas directivas genera valor en las empresas y gobiernos. Garantizar el balance de género en las empresas se convierte en catalizador para el desarrollo empresarial y social.

Entendiendo las transformaciones sociales, empresariales y gubernamentales que la nueva economía poscovid trae consigo, es momento de acoger e impulsar la mayor representación femenina en altos cargos y juntas directivas, siendo la apuesta correcta que empresa y país requieren en la búsqueda de un mejor gobierno corporativo y la prosperidad colectiva que tanto se requiere en Colombia.

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La conexión, pieza clave para la reactivación

“Son las empresas que conversan, negocian y generan conexiones las que tienen mayor probabilidad de sobrevivir durante y por fuera de la crisis”.

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Foto: Getty Images.

Por: Isabela Echeverry*

En el 2016, investigadores de la Universidad de Columbia estudiaron el impacto de la Gran Depresión (1929) en las firmas de Estados Unidos y, en particular, la tasa de supervivencia cuando se exploraba una variable: el número de conexiones de una firma antes y durante la Depresión. Parte de lo que descubrieron es que aquellas empresas que tenían una mejor red de contactos y la usaban sobrevivían, por lo menos un 20% más que aquellas empresas que no contaban con esa red de contactos. Lo que evidenciaron en ese estudio fue que el flujo de capital entre empresas actuó como un mecanismo estabilizador durante la crisis.

En el 2020 los empresarios colombianos se están enfrentando a una crisis similar. Aunque el gobierno lanzó políticas para mantener el empleo a través de los créditos de nómina de Bancóldex, sus ventas en abril y mayo cayeron a niveles inferiores a los del 2019. Con estas restricciones en el flujo de caja y sin el capital de trabajo para cubrir los costos operativos del negocio, hemos sido testigos de las alianzas que nacieron desde los privados para enfrentar la coronacrisis.

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A nivel nacional, Rappi, Platzi, Hogarú, SOS Asistencia y Mi Águila de la Red Endeavor, se unieron para ofrecer servicios en conjunto. Cuando cayó el consumo de servicios de plomería, electricidad y cerrajería que ofrece SOS Asistencia, la empresa se volcó a apoyar a Mi Águila, empresa de transporte que durante la pandemia requería desinfectar sus vehículos.

En Cali, la red Valle Impacta no se quedó atrás. Después de seis versiones, la red cuenta con más de 118 empresas en todos los sectores. Parte de su éxito, como lo dice Juan Carlos Gómez de Active Sourcing, es que “al ser Valle Impacta, uno tiene la certeza que pasaron por un proceso de fortalecimiento corporativo y de estrategia, lo que genera tranquilidad y seguridad de que ese contacto sea confiable.

Mientras que el mundo paró, empresarios como Felipe Borrero de Calipso Comunicaciones, Nicolás Fajardo de Quack Eventos y Alejandro Arzayus de Eventech, se aliaron desde abril para la transmisión de eventos virtuales. Calipso contaba con la plataforma para hacer transmisiones online, Quack sumó los equipos de producción y Eventech la plataforma virtual de eventos, ofreciendo una experiencia 360.  

Para ofrecer mejores servicios de limpieza y desinfección, Remy Calero de Aseo Ya y Erika Jaramillo de Klaxen, que desarrolla productos biodegradables de alta efectividad, se lanzaron a hacer venta cruzada de sus servicios. Klaxen entrenó al equipo de profesionales de Aseo Ya en su Plan Operativo Estandarizado de Saneamiento y en el uso de sus Klaxinn tabs (comprobado en su eficacia contra el SARs-COV-2) para la desinfección de decenas de oficinas y conjuntos residenciales.

Hay otros que en pandemia han creado nuevas sociedades como Home Cell, ladrillos plásticos patentados, y Ricol que comercializa resinas e insumos para la industria del plástico, evolucionaron como respuesta a la contingencia y a la crisis ambiental creando una nueva empresa: M&G Green Solutions, su propuesta de valor es la transformación del plástico reciclado en productos de mayor valor agregado.

Para todos los que se enfrentaron al costo de no tener una estrategia de omnicanalidad en pandemia, Velove (un estudio de diseño), Mambo (estudio de creadores de contenido interactivo y audiovisual a través de storytelling), y BIDDA-WeKall (empresa de software con soluciones de comunicación en la nube), lanzaron Leverage 360, servicio de marketing digital, storytelling y business communication para las empresas que están en su proceso de transformación digital.  

Hay cientos de ejemplos que hoy nos permiten romper paradigmas que bloquean el crecimiento empresarial. El paradigma que reina entre los emprendedores colombianos es que, si cuentan acerca de su negocio, les robarán la idea. No voy a negar que las relaciones también generan tensión, pero empezar a desarrollarlas es la mejor forma de agrandar “el mercado”.  Son las empresas que conversan, negocian y generan conexiones las que tienen mayor probabilidad de sobrevivir durante y por fuera de la crisis. Y tú, ¿qué estas esperando para conectarte?

Contacto:

Isabela Echeverry*

*La autora es politóloga con énfasis en Relaciones Internacionales de Saint Anselm College en New Hampshire, USA. Magister en Asuntos Internacionales, con un enfoque en Desarrollo Económico y Político del School of International and Public Affairs de Columbia University en Nueva York. Se ha desempeñado en cargos ejecutivos y gerenciales en los sectores público, privado y en entidades sin fines de lucro y actualmente es la Directora de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Cali. Su propósito superior es promover la estrategia para el crecimiento e innovación del Valle del Cauca.​

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Neivor, la fintech que revoluciona los pagos para los conjuntos residenciales

El emprendimiento colombiano ha desarrollado un modelo de economía colaborativa en conjunto con las entidades financieras para enriquecer el portafolio financiero de este segmento.

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Foto: Truora

El crecimiento de las ciudades ha transformado las estructuras de viviendas tradicionales de casas a grandes edificios y conglomerados de familias. Esta nueva forma de organización de vivienda convirtió a los conjuntos residenciales en mini ciudades con retos como el recaudo del dinero para su funcionamiento, el desarrollo y el bienestar de la comunidad.

¿Cómo hacer eficiente el recaudo, crear tejido social y generar fuentes alternativas de ingresos que creen comunidades saludables usando la tecnología como medio?

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Neivor es una empresa de tecnología colombiana que ha decidido desarrollar un ecosistema de vivienda poco explorado en Latinoamérica, a través de alianzas con diferentes actores del sector como bancos y compañías aseguradoras.

Paola Fuertes, cofundadora y CEO de Neivor, considera que estos ecosistemas no se han desarrollado por barreras como la limitada infraestructura de pagos, la desconexión entre vecinos y la falta de herramientas para la gestión y administración del mismo. 

Para empezar, la infraestructura de pagos en Latinoamérica es costosa y compleja de implementar. En la región, habilitar pagos electrónicos para un pequeño comercio tiene un costo promedio de 3,5 % + IVA por transacción, además de incurrir en los honorarios e infraestructura necesaria para tener este servicio activo, es por esto que la mayoría de conjuntos residenciales no le ofrece a los residentes la oportunidad de pagar en línea. Es así, que los pagos en efectivo siguen siendo predominantes a pesar de su ineficiencia y de los problemas de conciliaciones manuales que originan. 

Por otro lado, la desconexión entre vecinos es un fenómeno global. Pew Reserch Center desarrolló una encuesta en Estados Unidos sobre los aspectos de la vida en Comunidad arrojando que el 57 % sólo conoce a “algunos vecinos” y el 12 % no conoce a ninguno.

Es aquí donde el desarrollo de los vínculos de confianza permite el crecimiento de la comunidad. En esta misma encuesta se revela que al menos tres cuartas partes de los encuestados (66 %) se sentirían cómodos pidiéndole favores como mantener un juego de llaves en caso de emergencias a vecinos conocidos.

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Neivor se dio a la tarea de traer innovación tecnológica y habilitar medios de pago para estas comunidades. En primer lugar, en alianza con varias entidades financieras en la región ha desarrollado un portafolio integrado a los servicios financieros que mejora las tarifas, reduce la complejidad en la integración y entrega una plataforma para habilitar canales digitales y reconciliar la información para el banco y el condominio en tiempo real.

Como resultado se ha simplificado la forma de pagar, los residentes pagan no solo en efectivo sino con tarjetas crédito, lo que finalmente representa un beneficio tanto para el banco como para el conjunto residencial. Desde la perspectiva de los vecinos, esto le da la oportunidad de conectarse e interactuar para poder intercambiar productos y servicios y estar al día con lo que pasa en la comunidad, todo esto desde el app. 

Hoy en día, Neivor está operando con los principales bancos de la región en países como Colombia, Ecuador, Bolivia y El Salvador potenciando un segmento de mercado poco explorado por las instituciones financieras. La estrecha relación entre Neivor y las entidades financieras ha inspirado a nuevos emprendedores a montar sus propios negocios.

Por ejemplo, la empresa boliviana Gecodix (Gestión de Conglomerados Digital) decidió iniciar su negocio de administración de condominios utilizando la plataforma de Neivor de forma fácil y rápida. “Esto es similar a lo que logran compañías como Airbnb o Uber, que inspiran a otros a emprender y tener otras fuentes de ingreso a través de la conexión de personas y el uso de herramientas digitales”, señala Paola.

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El modelo ha sido tan efectivo que ya ha migrado a otro tipo de comunidades, como colegios y universidades. Con su plataforma, Neivor está concentrando las transacciones de los conjuntos residenciales en Latinoamérica. Lo hace convirtiendo el procesamiento de un pago en un elemento para la creación de valor social. Así, están transformando la forma en que hoy se vive en comunidad.

Contacto:
LinkedIn: Daniel Bilbao
Twitter: @ddbilbao
*El autor es fundador y CEO de la empresa Truora, que tiene como objetivo combatir el fraude en Latinoamérica. Trabajó en la banca de inversión en Wall Street, es consejero y miembro de juntas directivas de varias ‘startups’ y hace angel investing.

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