El Instituto Nacional de Vías (Invías) abrió varias procesos de licitación pública para obras en la región Caribe con las que se intervendrán 324 kilómetros de vías. Se trata de unos proyectos que generarán más de 4.100 nuevos empleos en el país de cara a la reactivación económica.

“El Gobierno Nacional y el sector transporte siguen dando buenas noticias al país. Después de una detallada estructuración y de garantizar los recursos para la ejecución de estas obras, se abrió la licitación para cinco proyectos que impulsarán el desarrollo y la conectividad de los en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Córdoba gracias a una inversión de $245.000 millones con los que además generaremos cerca de 4.100 nuevos empleos en la región”, dijo Ángela María Orozco, ministra de Transporte.

Con estos recursos, que fueron aprobados en las vigencias futuras 2021-2022, el Invías invitó a firmas de ingeniería para la construcción del nuevo eje vial entre Valledupar y La Paz, una obra que prevé reactivar más de 988 empleos.

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Así mismo, se suman las actividades que mejorarán la vía La Paz – San Juan del Cesar – Cuestecitas y la pavimentación del corredor Cuatro Vientos – Codazzi, que forma parte de la transversal momposina que conecta a los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar. “Estos proyectos generarán 1615 empleos directos”, dijeron.

Las nuevas obras, destacó el director del Invías, hacen parte del Compromiso por Colombia, una iniciativa con la que se sacarán al mercado 50 proyectos de obra pública que implicaran una inversión de $11,5 billones para intervenir cerca de 1700 kilómetros de vías nacionales. “Con estas obras se generan 105.000 empleos directos en todas las regiones del país y se beneficiará a 23 millones de ciudadanos”, dijo Juan Esteban Gil Chavarría, director del Invías.

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), José Armando Zamora, habló este viernes en el Congreso Colombia Genera sobre la hoja de ruta que debe trazar el sector petrolero para la reactivación. En su intervención, enfatizó que sería muy malo para la economía si en Colombia no se desarrollan los pilotos de fracking para medir con ciencia sus impactos.

El presidente de la entidad añadió que la discusión debe estar enfocado en sustentos técnicos que le permitan al país tomar la mejor decisión. De hecho, dijo que este tema se han convertido en una especie de culto religioso de personas que se oponen a este desarrollo, pero sin los argumentos técnicos sobre el tema.

"Lo que no debe pasar es que no se lleven adelante los proyectos pilotos de fracking, sería muy malo para la economía" José Armando Zamora, Presidente de la @ANHColombia en la 9a. #ColombiaGenera2020 pic.twitter.com/oNAawGZleF

— ANDI (@ANDI_Colombia) October 23, 2020

El viceministro de Energía, Miguel Lotero Robledo, destacó que en todo este proceso se tendrá un acompañamiento institucional que le permita a la ciudadanía conocer sobre toda la investigación que se prevé hacer en los pilotos. “Hoy tenemos una regulación técnica y social muy fuerte, unos términos de referencia ambientales y un marco contractual, que ya definió la ANH para asignar los pilotos de fracking”, dijo.

Lotero compartió la visión de Zamora y añadió que “los debates se deben dar para generar políticas públicas en torno a los pilotos de fracking, con reglas claras e información que vamos a recolectar de los diferentes actores involucrados para evaluarla de manera participativa”.

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Así mismo, el vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol, Alberto Consuegra, añadió que la petrolera ya ha venido preparando a varios colaboradores en Estados Unidos para ejecutar los pilotos en Colombia.

Todos los expertos coincidieron en la importancia de los pilotos de fracking para el país, aún más, en un momento en el que el Colombia tiene importantes necesidades fiscales a causa del impacto que ha generado el covid-19.

En este momento el Gobierno Nacional avanza en la convocatoria para escoger a las empresas que harían los pilotos de fracking en el país. Según el cronograma de la ANH, se prevé que el próximo 23 de noviembre se adjudiquen los contratos de este proceso.

El director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, anunció que las empresas invertirán cerca de $22 billones en los próximos años para mejorar el servicio de energía, así como implementar medidores inteligentes.

El anuncio se dio en el marco del Congreso Colombia Genera de la Andi, en el que también se confirmó que la apuesta del sector es trabajar en la transformación digital de un servicio que hoy le llega más de 14 millones de usuarios en el país.

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“La distribución está iniciando un periodo regulatorio tarifario de 5 años y las inversiones que tenemos previstas para realizar son de $13 billones, relacionadas principalmente para mejorar la calidad, disminuir las pérdidas de energía, adecuar y modernizar la red de distribución y para la transformación energética, entre otros aspectos”, dijo Manzur.

A los planes de inversión también se sumarán más de $9 billones para la implementación de
la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI por sus siglas en inglés), que implicará el cambio de los actuales contadores mecánicos por medidores digitales.

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De acuerdo con Manzur, “ese (AMI) es el principal instrumento de la transición y transformación energética. Lástima que nos cogió la pandemia sin ello, otro cantar hubiera sido si tuviéramos la penetración importante en esa materia, por eso hay que acelerar al máximo la digitalización”.

Con estas inversiones se proyecta que en una década más del 75% de los usuarios del
país tendrán medición inteligente. De hecho, según el directivo gremial, serán necesarios algunos ajustes regulatorios para sacar adelante estos planes.

La autoridad sanitaria del Estado de Libia le informó al Gobierno Nacinal que logró la autorización para que la leche y sus derivados lácteos lleguen a ese país. Las autoridades consideraron que estos productos ofrecen garantías necesarias para sus consumidores, los cuales se encuentran respaldadas por las actividades inspección vigilancia y control del Invima.

De acuerdo con el Invima, las empresas que deseen exportar ssu productos a Libia deberán cumplir con los estándares sanitares por la Dirección de Alimentos y Bebidas. Con este nuevo mercado, Colombia ya tiene 65 mercados abiertos para la exportación de alimentos.

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“Este es un logro muy importante en este momento para el país y el sector privado. A través del trabajo articulado entre Invima e ICA, atendiendo las necesidades del sector privado, aportamos herramientas para apoyar la reactivación económica del país“, dijo Julio César Aldana, director general del Invima.

Por ahora se confirmó que se continuará trabajando para la reapertura de nuevos mercados internacionales que impulsen los sectores productivos.

Con este frente, el Gobierno Nacional le apunta al desarrollo productivo de las regiones de cara a la reactivación económica de corto y mediano plazo. Se estima que con la reapertura comercial más productos locales iniciarán sus procesos de exportación.

El centro de estudios de derecho, Dejusticia, apoyó a 24 mujeres en condiciones críticas de pobreza para interponer una acción de tutela contra el Gobierno (Presidencia, Dirección Nacional de Planeación y Prosperidad Social) porque el programa Ingreso Solidario creado en medio de la crisis, estaría siendo excluyente.

Entre las mujeres accionantes hay 15 migrantes y nueve trabajadoras domésticas. “A pesar de que todas necesitan un ingreso mínimo para garantizar la comida, el techo y la supervivencia de sus familias, no han sido incluidas en el Programa Ingreso Solidario (PIS) -el subsidio de $160.000 mensuales que creó el Gobierno para los hogares más pobres durante la pandemia-“, explicó el centro de estudios.

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Dejusticia además expone que encontraron algunas fallas en este programa “que estarían ocasionando la exclusión de casi 1 millón de hogares que necesitan de este subsidio para sobrevivir al hambre en la
pandemia”. Para sacar esa cifra, el centro de estudios dijo que lo hicieron con base en cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), según el cual el 89% de los hogares vulnerables está recibiendo al menos una transferencia social durante la pandemia.

En línea con lo anterior, explicaron que ello sería equivalente a que “11% de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad no está recibiendo ninguna ayuda monetaria del Estado, lo que equivale a 971.205 hogares. Al multiplicar esto por el número de personas en promedio por hogar (que según el censo de 2018 es 3,1) el resultado son 3’010.735 personas”.

Algunos de los casos

Entre las historias que representa Dejusticia está la historia de Luz Nereida, quien ejercía el trabajo doméstico hasta inicios de la cuarentena y requiere el apoyo. Es madre soltera y de sus ingresos dependen económicamente sus tres hijos y un sobrino, dos de ellos en situación de discapacidad. Hoy no cuenta con un ingreso mínimo para sostener a su familia.

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También está el caso de Meilyn. Ella migró hace dos años desde Venezuela con sus dos hijas y su madre, quienes dependen de lo que Meilyn consiga pintando uñas a domicilio. “Con la pandemia, el trabajo se volvió muy esporádico y ahora solo comen dos veces al día, como el 74% de las personas migrantes que, según una encuesta del Grupo Internacional sobre Flujos Migratorios Mixtos, se privaron de al menos una comida diaria en los meses más críticos del confinamiento”, resalta Dejusticia.

Posibles fallas en el programa

Analizando los casos que representó el centro de estudios, explicaron que encontraron algunas fallas en el diseño e implementación del programa. Para ellos, los criterios para escoger a las personas beneficiarias no son claros ni públicos.

Añadieron que hay distintas barreras para acceder al programa. La primera, el requisito de estar debajo de cierto puntaje en el Sisbén, pues existen trabas para que se aplique la encuesta o se actualice el puntaje. “Este es el caso de algunas mujeres migrantes que entrevistamos, quienes tenían un puntaje que no las ubicaba en los sectores más pobres antes de la pandemia, pero que vieron un deterioro en sus condiciones de vida con el aislamiento”, dijo Dejusticia.

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En la acción de tutela, las mujeres le piden al Gobierno que las incluya en el Ingreso Solidario de manera urgente y así garantice sus derechos al mínimo vital, la salud, la seguridad alimentaria, la vivienda, el acceso a servicios públicos, la seguridad social, la información y la igualdad.

“También le piden al juez que ordene al Gobierno publicar los criterios de selección para acceder a este programa y corregir las fallas institucionales en este procedimiento”, detalló Dejusticia.

Encuentre la tutela aquí.