Martha Elena Delgado, directora de la análisis macro y sectorial de Fedesarrollo, explica por qué se requiere una visión más amplia en las discusiones de la actual coyuntura.
Con la emergencia sanitaria actual, no es un momento fácil para los hacedores de política. Se enfrentan a consideraciones importantes sobre el bienestar de la población, evitar el colapso de las instalaciones de salud y la desaceleración de la actividad económica.
No obstante, aunque existen más dudas que verdades reveladas sobre el manejo que debe darse a esta situación, considero importante añadir a la discusión nuevos puntos que no han sido discutidos de manera suficiente, especialmente en materia social.
En el frente económico, ya es bien conocido que este año se dará la contracción del PIB colombiano más profunda de nuestra historia reciente. Las cifras desde ya son dramáticas: contracción del PIB de 15,7 % en el segundo trimestre de 2020 y una destrucción de puestos de trabajo que en junio alcanzó 4.3 millones. En términos anuales, se tiene una expectativa de crecimiento cercana al -7,9 % para 2020 y una tasa de desempleo que alcanzaría alrededor de 18 %.
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Los indicadores de industria, comercio, consumo de los hogares e inversión muestran un deterioro importante desde abril y si bien se han recuperado, este año cerrarán con cifras alarmantes.
Todo esto sin contar el incremento de colombianos en situación de pobreza (la pobreza monetaria podría alcanzar hasta 38 % en 2020 de acuerdo con cálculos de Fedesarrollo, es decir, casi cuatro de cada diez colombianos no tendrían el ingreso diario para cubrir su canasta básica).
Este número suele ser mostrado como un retroceso en la política social y el mayor reto que tendrá Colombia en las próximas décadas. Pero la discusión debe ir más allá, porque este número en realidad representa miles de familias sin condiciones de vida digna, sin recursos para alimentarse adecuadamente, sin manera de educar a sus hijos y cuidar a sus abuelos. Familias que lo perderán todo y tardarán años en recuperarse. Familias que padecerán hambre, que no tendrán un techo fijo.
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Seguramente esta tragedia social también vendrá acompañada de mayores niveles de desigualdad, un tema cuya discusión seria y profunda aún se mantiene en deuda en Colombia desde hace décadas, uno de los países con distribución más desigual del ingreso a nivel mundial.
¿No tendremos a un país aún más fracturado por cuenta de mayores desigualdades? ¿Cómo nos enfrentaremos como sociedad a los reclamos que un segmento importante de la población realice cuando no exista una solución seria a causa de la inacción?
Sí, los factores económicos son fundamentales pues permiten tener recursos para hacer frente a la emergencia, tanto del lado público como privado. Algunos de estos sectores logran manifestarse constantemente y tener una voz que es escuchada, como los gremios y las entidades del Gobierno.
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Pero ¿estamos escuchando verdaderamente a los trabajadores formales e informales que se quedaron sin empleo? ¿A los niños y niñas que no pueden ir al colegio? ¿A los hogares que ahora caen en la pobreza? ¿Qué asociación los representa, quiénes cuentan sus historias?
Colombia se enfrenta actualmente a uno de los mayores desafíos de su historia en donde la reactivación económica y la mitigación de los riesgos en salud son una parte fundamental de esta misión en el corto plazo. Pero se requiere una visión amplia, multidisciplinaria e integral que interiorice que la emergencia social no acabará cuando la curva de la pandemia se diluya en los años.
La emergencia social está empezando y requiere acciones prontas para llegar a consensos, a estrategias que reduzcan la desigualdad, que garanticen una vida digna. Esa será la verdadera tarea en el mediano plazo.