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Economía y Finanzas

Gobierno prepara reforma para modernizar el sistema financiero colombiano

El Ministerio de Hacienda presentó una nueva política pública para el desarrollo financiero hasta 2025. La agenda contiene más de 70 acciones para dinamizar el mercado de capitales, modernizar la industria de pagos, entre otros.

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Ministro de Hacienda
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. Foto: Presidencia

Con una nueva política pública para el desarrollo financiero 2020-2025, el Ministerio de Hacienda entregó una agenda que contiene más de 70 acciones que buscan dinamizar el mercado de capitales colombiano, actualizar la industria de pagos y apoyar la reactivación del país en medio de la coyuntura económica más difícil que enfrenta el país en los últimos años por la pandemia.

Entre los objetivos de la política pública, en la que se contempla presentar un proyecto de ley del sistema de pagos y del mercado de capitales, está: promover la transformación eficiente del ahorro y la inversión, fomentar la inclusión financiera digital, consolidar la seguridad y estabilidad financiera, impulsar el acceso a un sistema de pagos inclusivo, eficiente y seguro, además, busca fortalecer el marco institucional.

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Aunque no se han entregado mayores detalles, el Ministerio de Hacienda informó que la ley incluye entre sus cambios relevantes: unificación de la regulación del sistema de pagos en cabeza del Banco de la República; adopción de un nuevo esquema de licenciamiento modular para el mercado de capitales y fijación de capitales mínimos para el mercado de capitales, la actualización del marco jurídico de la industria aseguradora, la adopción de un esquema regulatorio más flexible para la administración de activos de terceros, entre otros.

Desde la visión de Rodrigo Galarza, abogado experto en temas financieros y participante de la Misión de Mercado de Capitales, “la reforma implica varios pasos, siendo el primero el trámite de una ley que habilite nuevas y más amplias facultades al regulador”. Agregó, mediante su cuenta de Twitter, que otro de los aspectos que merecen ser destacados es la decisión de encargar al Comité de Coordinación del Sistema Financiero el seguimiento y evaluación de la implementación de la Política.

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Para Galarza, el mayor ajuste es la decisión de cambiar el enfoque de intervención de licencias a actividades (o función económica). “La intervención sobre actividades (y no sobre licencias o entidades) será la mayor reforma al sistema financiero, el cambio de enfoque implicará la desaparición de estancos, mayor competencia y nuevos agentes”, destacó.

Respecto a la política pública, Edwin Zacipa, experto en fintech, explicó que el Gobierno, por intermedio de la Unidad de Regulación Financiera (URF) y de la Superfinanciera, impulsará su capacidad regulatoria y su labor de supervisión para desarrollar distintas iniciativas para activar más ecosistemas de innovación en las diferentes capas del sistema financiero, los cuales se podrán instrumentalizar vía decretos reglamentarios y circulares.

En línea con lo anterior, Zacipa destacó el sandbox regional, el open finance y la portabilidad financiera. Sobre el primero, mencionó que se propondrá avanzar en un marco normativo propicio para la escalabilidad de la operación de empresas fintech en América Latina a partir de principios regulatorios similares, en el cual se contaría con apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sobre el open finance, mencionó que se realizarán esfuerzos para implementar una arquitectura financiera abierta de forma voluntaria y escalonada en el sistema. Con el fin de acompañar a la industria en esta implementación, se promoverán pruebas piloto en el marco del sandbox regulatorio, agregó al decir que en América Latina, México es el único que ha definido estándares de open finance.

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Frente al open finance, la política pública presentada por el Gobierno lo describe como el mecanismo bajo el cual “los consumidores autorizan al banco o a las entidades financieras en general, a compartir sus datos financieros con otras entidades financieras o con terceros para que éstos les suministren otros servicios, financieros o no, diseñados según las particularidades de cada cliente, dándole una mayor eficiencia al mercado e imprimiendo dinamismo a la economía digital”.

Por último, sobre portabilidad financiera, Zacipa resaltó que se buscará promover  la innovación y modernizar el marco regulatorio de los servicios financieros, con el fin de dotar a los consumidores de mejores herramientas para la toma de decisiones y mejorando su experiencia con las entidades financieras.

En otras palabras, así como ocurre la portabilidad de operadores móviles que permite cambiar de compañía de telefonía sin mayores fricciones, con la portabilidad financiera los usuarios se podrían pasar de una entidad a otra sin tantos problemas.

Aquí puede consultar el documento de política pública sobre el desarrollo financiero.

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