Este mes se hará la conciliación entre la empresa y el consorcio de Hidroituango, que asciende a 9,9 billones de pesos. El gerente, Álvaro Rendón, habló con Forbes sobre lo que viene en el proceso contra los constructores de la megaobra y envía varias ramas de olivo.
El primer trabajo que tuvo en la vida Daniel Quintero se lo dio Álvaro Guillermo Rendón. Fue al final del 2004, cuando el entonces aún más joven Quintero, estaba en un encuentro del Partido Conservador en Bogotá. Eran las 10 de la noche. Al otro día tenía que madrugar a las 5 de la mañana para irse a hacer una correría por los Llanos. Llegó y ahí empezó una carrera en la política que casi 20 años después llevó a Quintero a la Alcaldía de Medellín como independiente.
Casi veinte años después, tanto Quintero como Rendón, quien fue nombrado en enero pasado por el primero como gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), generado un revuelo inusitado en el tradicional tejido empresarial paisa.
En la segunda quincena de octubre está prevista la conciliación entre EPM y las empresas que están construyendo Hidroituango, que generará 17 % de la energía del país, en el que se espera que se defina una salida a un pleito que hoy está tasado en 9,9 billones de pesos. De no llegar a un acuerdo, el caso llegará al contencioso administrativo, donde pueden pasar años de pleito jurídico.
El 10 de agosto, Quintero y el abogado Rendón aseguraron que los constructores que hacen la megaobra de Hidroituango, que está en un 80 % de avance de la obra, deben a EPM esa suma de dinero por problemas de estudios y de fallas que ha tenido la construcción, situaciones que tuvo que pagar, entre otros, EPM y aseguradores.
Las empresas demandadas son Consorcio Generación Ituango (Sociedades Integral S.A., Integral Ingeniería de Supervisión SAS), Consorcio CCC Ituango (Constructora Camargo Correa, Conconcreto S.A., Coninsa Ramón H. S.A.) y Consorcio Ingetec-Sedic, Seguros Generales Suramericana S.A.).
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La anunciada demanda generó la renuncia en pleno de la junta directiva bajo el argumento del “reiterado desconocimiento” por parte de la administración de Quintero y Rendón.“Sin desconocer la necesidad de desarrollar acciones legales para proteger el patrimonio de la empresa y el vencimiento de términos, también quedó claro en la reunión que la junta directiva de EPM no conoció ni participó del análisis para adelantar acciones legales contra contratistas y compañías de seguro del proyecto de Hidroituango; y no conocemos que se hayan estructurado la matriz de riesgos para estas decisiones y sus correspondientes planes de mitigación”, señaló la carta de la renuncia de los miembros de junta.
Forbes habló con Rendón, el gerente de EPM, sobre el impacto que ha tenido la decisión de la demanda y la renuncia de la junta directiva. “A mí me cuesta mucho hablar de que haya una crisis (…) Aquí hay una sensibilidad muy alta, ellos hoy tienen que repensar que no estuvieron en la altura de la situación y que si hubieran visto el tema con tranquilidad hubieran tenido otra visión (…) Nuestro estudio va en la línea en el que prueba que hay errores en el diseño, en la construcción y en el montaje de la obra”.
La junta tenía también la idea de conciliar, dice el gerente, pero no estaba de acuerdo con la estrategia. “La competencia para el planteamiento jurídico es del gerente general. La junta se arroga una competencia que no tiene y diseña una estrategia jurídica y la presenta como la oficial de la institución. Algo que no comparto. La junta plantea sí a la conciliación, que es lo que al final nosotros hicimos, pero ellos querían solo para una parte, solo para Integral, que tenía en el diseño y el asesoramiento de la obra. No entiendo por qué no se miraron a los otros actores”, explica Rendón. “Si yo hubiera comprado esa tesis, de solo llamar a Integral, no podría llamar después a los demás, por lo que caería un prevaricato”. Con todo, los constructores se fueron contra EPM y le pidieron al alcalde retirar la demanda. Afirmaron que ven “con extrañeza” la decisión y lo que ellos hicieron fue trabajar para que no ocurriera una tragedia en el 2018.
“No podemos aceptar que se nos endilgue la supuesta responsabilidad, no fundada en la calidad de las obras a nosotros encomendadas, sino por una supuesta falta consistente en no advertirle a EPM sobre unos presuntos errores de diseño, pues, en consonancia con lo anterior, debe destacarse que el informe de Skava que soporta su solicitud de conciliación prejudicial, descarta de plano las hipótesis que podrían recaer sobre nuestras obligaciones contractuales como constructores, relacionadas con asuntos tales como la calidad del soporte instalado, los concretos, etc”, señala el documento firmado por Conconcreto, Conisa Ramón H. y Camargo Correa.
El clima se enrareció aún más cuando el 17 de agosto, poco después de que se interpusiera la demanda, apareció en el escritorio de un vicepresidente de EPM un documento de un informe que fue contratado por Mapfre con la firma Global Advanta Services, fechado el 2 de agosto del año pasado, y que no conocía esta administración.
En el documento, de casi 100 páginas, cuatro expertos estudian lo que sucedió por el colapso del túnel auxiliar de derivación entre el 28 y el 30 de abril del 2018 con el fin de detallar lo que sucedió y las responsabilidades.
“Las distintas partes implicadas en el proyecto han definido responsabilidades como se indican en los contratos”, se lee en el informe.
Ramos de olivo
A pocas semanas de sentarse a conciliar, las posiciones, hasta ahora, están diametralmente opuestas. Sin embargo, Rendón envía varias ramas dice que es optimista a que sea exitosa. De hecho, le han pedido a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros para que surtan de amigos componedores en el proceso.
“Yo soy muy optimista porque primero es el respeto por las partes y a los empresarios. Es una amable invitación a dialogar. Segundo, porque tienen contratos vigentes hasta el 31 de diciembre y no están pactadas cláusulas para zafarse de la obligación. Tercero, ya hicimos lo más, hoy estamos al 80 por ciento del avance de la obra, y en el 90 % ya estaremos produciendo energía con cuatro unidades”, dice el gerente Rendón.
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El directivo también advierte que paralelo a esta demanda hay un proceso abierto en la Contraloría en el que están procesados fiscalmente tanto personas jurídicas como naturales por 4,5 billones de pesos. “Esos procesos se terminan cuando hay un resarcimiento. Ese mensaje sería muy positivo para llevarlo a la Contraloría”, dijo el abogado Rendón.
¿Hasta dónde se pueden negociar y cuáles son las líneas rojas?
“Ese es un tema que estamos haciendo muy en casa y con la reserva debida. Tenemos que ser honestos en reconocerlo. Los ajustadores vienen y estiman un daño. Nosotros dimos un monto muy global. Hay muchas cosas que hay que descontar como lo que han pagado los seguros. El valor es el máximo esperado, pero con los ajustadores podríamos ajustarlo a sus justas proporciones”, explica el gerente.
Mientras avanza el proyecto, se espera que se levante la suspensión de la licencia ambiental del proyecto por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), un tema que le hace seguimiento el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El tema es que se daría vía libre a esta licencia hasta que se hayan mitigado todos los riesgos.
Sobre este punto, el gerente Rendón señala que “se está esperando un informe técnico para alentar a la Anla a levantar la suspensión porque ya el marco de la contingencia está cubierto. Si todo está, creemos que ya está listo para reactivar el proyecto”.