Impuestos a la riqueza, perfectos en el papel, no tanto en la práctica

Ante el sostenido incremento de la desigualdad en el mundo desarrollado, los impuestos a la riqueza (al patrimonio) se han vuelto de nuevo populares. Tal como en los 90s del siglo XIX y en los 60s del siglo XX, en la actualidad, buena parte de la opinión pública en Occidente ve en este tipo de impuestos la solución obvia al problema de la desigualdad.

Sin embargo, tal como en esos mismos periodos, en la actualidad aún existen muchas razones para dudar sobre el potencial y conveniencia de ese tipo de impuestos. Hoy me concentraré solo en una de ellas: al gravar la riqueza, definir una base de tributación y una serie de tarifas justas y eficientes es tremendamente difícil.

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El origen de esta dificultad radica en que la riqueza se compone de muchos tipos de activos diferentes.

Contrario a lo que uno suele pensar cuando escucha sobre las fortunas de las personas más ricas del mundo, la riqueza de las personas; tanto la de los muy ricos, como la de los no tanto; no acostumbra estar en forma de dinero en cuentas bancarias. Las personas suelen tener diferentes activos de diferente naturaleza (e.g. casas, carros, acciones, cabezas de ganado, joyas). Esto es importante porque diferentes tipos de activos tienen diferente rentabilidad y liquidez.

Compare, por ejemplo, a Carlos y Juan. Ambos tienen la misma riqueza en libros. Es decir, los activos que poseen valen lo mismo. Digamos, 100 millones de pesos. En el mundo real, saber que esos activos valen 100 millones y no 120 o 90 es, de por sí, algo bastante difícil, pero ignoremos por ahora ese problema.   

Concentrémonos en las diferencias de liquidez. Digamos que la diferencia entre Carlos y Juan es el tipo de activos en los que su riqueza está compuesta. Carlos tiene tierras en el Putumayo y Juan tiene acciones de Apple.

Las acciones de Apple son uno de los activos más líquidos del planeta. Al precio de mercado, uno puede vender instantáneamente el número de acciones de Apple que se le apetezca.

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Ahora bien, aunque seguramente un lote en el Putumayo es menos líquido que las acciones de Apple, el problema está en identificar qué tanto menos lo es. Dependiendo de mil detalles acerca de la localización y los atributos de la propiedad, conseguir un comprador puede tomar entre unos pocos meses a unas cuantos años o décadas. Adicionalmente, aunque parcelar un predio es posible, esto tiene costos y limitaciones técnicas. Es decir, no se puede transformar un lote en unidades infinitesimales de dinero, como más o menos sí se puede hacer con un portafolio de acciones.

¿Qué tiene que ver todo esto con los impuestos a la riqueza? Pues resulta que un sistema tributario eficiente espera generar su recaudo en dinero. El Estado necesita pagar trabajadores, hacer colegios, hospitales, etc. Esto exige, al final del día, no acciones de Apple o tierras en el Putumayo, sino dinero.

Entonces, al establecer un impuesto a la riqueza, el Estado espera que quienes tienen X millones de patrimonio, indiferentemente de la forma en que lo tengan, paguen en dinero la tasa que corresponda, (digamos 5 %) cada año. En este caso, Juan podrá vender una fracción de sus acciones al final del año y con eso pagar los 5 millones de los impuestos que le corresponden. Carlos, en cambio, incluso pudiendo fraccionar su predio cada año para sacar a la venta una parcela que valga 5 millones, es bastante factible que no pueda venderla. Seguramente tendrá que liquidar otro tipo de activos o utilizar ingresos asociados a otras fuentes.

Así las cosas, los impuestos al patrimonio son relativamente favorables para personas con portafolios líquidos. Esto tiene dos implicaciones, una de eficiencia y otra de justicia. En cuanto a la eficiencia, este tipo de incentivos terminan promoviendo la acumulación de activos especulativos de alta liquidez, como las acciones, en detrimento de activos productivos de largo plazo, como la tierra rural.

En cuanto a la justicia, un sistema de este estilo termina afectando más a las comunidades marginales, puesto que el costo del pago de impuestos recae más profundamente sobre aquellos con menor acceso a la economía formal, quienes suelen tener su riqueza en mercados de baja liquidez y llenos de imperfecciones.  

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Por supuesto que es posible pensar en soluciones, por ejemplo, generar exenciones para la tierra rural. Sin embargo, es justamente ahí cuando empieza a complejizarse el recaudo. Muchos predios rurales son activos bastante líquidos, como las mejores tierras de la Sabana de Bogotá, y no necesitarán un tratamiento especial. Y aunque el Estado puede generar un sistema que capture algo de esa heterogeneidad, su capacidad es bastante limitada.

Es decir, aunque el Estado pueda estimar apropiadamente la penalidad en términos de liquidez por tener un predio en el Putumayo, de clima templado, con vista al río y a 5 km de la carretera principal; es completamente imposible que lo pueda hacer para todo el gradiente de tipos de activos de la economía.

En la práctica, generar un sistema de exenciones y tarifas que apropiadamente capture las diferencias de liquidez entre los activos suele resultar en una maraña que, lejos de resolver los problemas de eficiencia y justicia, termina ofreciendo una larga serie de oportunidades que los ricos utilizan para evitar pagar más impuestos.

Esto es justamente lo que ha pasado en la inmensa mayoría de esfuerzos por implementar masivos impuestos permanentes a la riqueza en la historia reciente. Y, en parte, a esto se debe que este tipo de sistemas nunca se hayan podido consolidar como pilares importantes del recaudo de ningún Estado moderno.

Contacto
LinkedIn: Javier Mejía Cubillos
*El autor es Asociado postdoctoral en la división de Ciencias Sociales de la Universidad de Nueva York- Abu Dhabi. Ph.D. en Economía de la Universidad de Los Andes. Investigador de la Universidad de Burdeos e investigador visitante en la Universidad de Standford.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.