Luego de que Mapfre y tres aseguradoras más tuvieran que pagar por los daños causados en la hidroeléctrica de Ituango, de EPM, la Contraloría anunció que los daños ya quedaron reparados en términos monetarios.

A través de un comunicado, el organismo de control determinó “no enviar un cobro coactivo el título ejecutivo producto del correspondiente proceso de responsabilidad fiscal”.

Y, adicionalmente, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes de propiedad de las 26 personas naturales y jurídicas declaradas como responsables fiscales.

Los pagos de las aseguradoras

La Contraloría requirió a EPM información sobre los recursos que recibió de parte de las compañías de seguros, en relación con la contingencia del proyecto Hidroituango.

En respuesta la Contraloría recibió un informe detallado que les permitió que, en virtud del contrato de transacción y de los demás pagos realizados por las aseguradoras, a la fecha se entienden pagados en pesos un valor total de $4,3 billones.

Teniendo en cuenta esto, la CGR determinó y declaró que el daño se encuentra integralmente reparado.

El fallo

Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre de 2021, la Aseguradora Mapfre, en virtud de la póliza todo riesgo que aseguraba el proyecto Hidroituango, llegó a un acuerdo de transacción con EPM en el cual se incluyó el monto determinado en el proceso de responsabilidad fiscal como daño.

Con eso, la Mapfre hizo el último pago el pasado 25 de enero de 2022 por un monto de 633,8 millones de dólares.

En días pasados, la aseguradora ya había dado otros 350 millones de dólares a EPM para atender la contingencia en el 2018. Con eso, Mapfre terminó pagando 983 millones de dólares de esa indemnización.

“EPM informó a la Contraloría, también, sobre el proyecto Hidroituango, que entre marzo de 2020 y mayo de 2021 ha recibido ingresos por valor de $7.229 millones producto de la venta de salvamentos y está pendiente por recibir por venta de salvamento la suma de $5000 millones, valor estimado con base en los elementos vendidos entre los años 2020 y 2021”, dice el comunicado.

Así mismo, al proceso se allegaron los comprobantes de pago realizados por las aseguradoras AXXA Colpatria, SBS y Suramericana, todos del día 21 de diciembre.

“Se trata así de la mayor recuperación de dineros públicos declarados como daño patrimonial que ha logrado la Contraloría en toda su historia”, apunta el ente de control.

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MiBanco, empresa del Grupo Credicorp, emitió un bono social de género por $112,5 millones, siendo el primero de su tipo desde una compañía de microfinanzas en Colombia.

Como parte del proceso de la emisión del bono, BID Invest asesoró a Mibanco en el diseño del marco metodológico de uso de fondos, que contiene los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos, alineados con los principios de bonos sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés).

“Es motivo de orgullo que hoy Mibanco se convierta en la primera entidad microfinanciera de Colombia en ser escogida por BID Invest para la compra de bonos temáticos, lo que ratifica la confianza sectorial en nuestro trabajo””, señaló el presidente de Mibanco Colombia, Gregorio Mejía.

Los recursos provenientes de la colocación de los bonos, operación que fue estructurada por Credicorp Capital, serán utilizados para financiar el crecimiento de la cartera de microempresas que sean lideradas y de propiedad de mujeres en Colombia.

Desde lo operativo, el directivo comentó que estos recursos servirán como impulso para cerrar brechas de género en el acceso al crédito y promover una mayor inclusión de las mujeres microempresarias al sistema financiero.

Mibanco también atenderá a las microempresas lideradas y propiedad de mujeres a través de un nuevo producto de crédito llamado “Mujeres Pa’lante”, enfocado en la inclusión financiera de microempresarias que buscan un financiamiento ágil para la inversión en activos fijos y capital de trabajo.

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Ayer se supo que los tres días sin IVA que tendrán lugar en 2022 serían el 11 de marzo, el 17 de junio y el 2 de diciembre. Pese al entusiasmo de estas jornadas en lo que a reactivación económica se refiere, desde el ámbito político han surgido preocupaciones al respecto, sobre todo si se tiene en cuenta que dos fechas coinciden con la agenda electoral.

Se trata de las jornadas del 11 de marzo y el 17 de junio. En el primer caso, el día sin IVA se celebraría apenas dos días antes de las elecciones del Senado, la Cámara de Representantes y las consultas internas de las coaliciones presidenciales. En el segundo caso, el margen es similar, pues dos días después se define el nuevo mandatario de la nación con la segunda vuelta presidencial.

Según informó la ministra de Comercio, Maria Ximena Lombana, estas fechas fueron “concertadas con los comerciantes y que era una coincidencia que se asignaran en días próximos a las jornadas electorales claves por venir”.

Al mirar en detalle las ubicaciones de los dos primeros días sin IVA, el de marzo busca evitar el efecto Semana Santa de abril, mes en el que sectores como el turismo tienen un repunte importante, por lo que desde MinComercio se puntualizó que “debe hacerse” en esa fecha.

En el caso de junio, las razones apuntan a temas tributarios principalmente, que en ese momento existe un “menor dinamismo de recaudo” en comparación con otros meses, según especificó la cartera comercial.

Asimismo, el decreto expedido por el Ministerio de Hacienda detalló que se tomaron en cuenta aspectos como el recaudo del impuesto sobre las ventas para todos los bimestres del año durante los últimos cinco años.

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El 2022 será un buen año para la economía colombiana. Así lo proyecta la  Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), cuyas proyecciones apuntan a un crecimiento del PIB de 4%, y una fuerte reducción de la tasa de
desempleo, que volvería a estar por debajo de 9,1% en los últimos meses de 2022.

Al mismo tiempo, el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, destacó que las tasas de interés del Banco de la República seguirán estando por debajo de la inflación en el primer semestre de este año, lo que ayudará a consolidar la recuperación del crecimiento.

Con la continuidad del proceso de normalización monetaria, la tasa de
interés del Banco de la República llegaría a 5,75% al final del 2022, agregó el ejecutivo.

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Con respecto a la inflación, Gómez detalló que, si bien habría una corrección de la inflación total, esta cerraría por encima del rango meta (4,6%) al final del año. A pesar de ello, se prevé que el consumo de los hogares continuará jalonando la recuperación económica gracias al proceso de vacunación y la disminución del desempleo.

Frente al estado del déficit fiscal, las perspectivas de Asobancaria apuntan a que continuará reduciéndose, lo que permitirá que la deuda del Gobierno no supere el 70% del PIB durante este año.

En cuanto al desempeño de la banca y sus perspectivas, cabe destacar que entre el 24 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, el sector financiero desembolsó nuevos créditos por $699,78 billones, que corresponden al 69,8% del PIB. De ese total, el 56% se han dado a las empresas.

Asimismo, la cartera creció más de 10% nominal el año pasado y tendrá un crecimiento de 7,8% este año. Sin embargo, la cartera de consumo sería la de mayor crecimiento con un 15,2% a cierre de año.

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Con la necesidad de mejorar informes como el PIB nacional, el Índice de Seguimiento a la Economía y otras cuentas económicas, las autoridades tributarias y estadísticas de Colombia hicieron una alianza, nueva para muchos países del mundo.

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), será un cooperación interinstitucional de entrega de información tributaria que permitirá al departamento estadístico contar con más y mejores insumos para cumplir con los objetivos y funciones de la producción de estadísticas oficiales.

Con eso, Colombia se convierte en uno de los primeros países del mundo en lograr un convenio de este tipo entre la autoridad tributaria y la autoridad estadística. “En el marco del trabajo articulado de las dos entidades, que ha permitido robustecer los datos de comercio exterior, desde 2019 la DIAN y el DANE iniciaron agendas exploratorias para fortalecer el intercambio de información específica y durante 2021 se llevaron a cabo 17 reuniones técnicas con fines estadísticos”, apuntó la Dian en un comunicado.

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Lo que se viene

“De esta forma, el país acoge los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) relativos al proyecto de Distribución del ingreso disponible de los hogares y da cumplimiento a los compromisos establecidos en el documento CONPES 3956 de 2019 Política de Formalización Empresarial, con relación a la elaboración del Índice multidimensionalidad de formalidad”, explicó la Dian.

El director general de la Dian, Lisandro Junco Riveira, indicó que “la información objeto de este acuerdo, será utilizada exclusivamente por el Dane y no podrá ser compartida con las demás entidades que hacen parte del Sistema Estadístico Nacional SEN ni con terceros”.

Por su parte, el director general del DANE, Juan Daniel Oviedo, precisó que el acuerdo contribuirá al fortalecimiento y modernización de la producción de estadísticas oficiales en el país de mejor calidad y precisión a partir del uso de los registros de naturaleza tributaria y su integración con otros registros, censos y encuestas. “Con esta información, el beneficiario directo es el DANE, pero también tenemos unos beneficiarios derivados que son todos los usuarios de nuestros microdatos debidamente anonimizados”.

En ese sentido, cabe apuntar que el Dane deberá guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos personales y adoptar, entre otras, medidas de naturaleza técnica, humana o administrativa que sean necesarias para otorgar seguridad a la información entregada por la Dian, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

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