La eliminación de los cupos de los taxis y dar vía libre al transporte en vehículo particular está en el centro de unas de las discusiones legislativas más esperadas por los colombianos.
El Congreso de Colombia -ahora sí- se está tomando en serio la discusión sobre las plataformas digitales que intermedian el servicio de transporte, con un proyecto de ley que acumula iniciativas más de 40 congresistas y cuyo informe de ponencia fue aprobado la semana pasada, lo que lo ubica a cuatro debates de distancia de convertirse en ley.
Con esta regulación, se pretende eliminar los cupos de los taxis amarillos compensando a quienes hayan hecho esa inversión y autorizar la prestación del servicio de transporte a quienes usan plataformas de transporte como Uber, Didi, Cabify, Beat e InDriver, que tendrían que entregar el 1% de sus ingresos a un fondo de donde saldrán los recursos para compensar a los taxistas y para aportar a la malla vial.
“Se trata de equilibrar la cancha entre taxis y plataformas para que sean los ciudadanos los que escojan en qué se quieren mover”, comenta el representante a la Cámara por Bogotá Mauricio Toro (Alianza Verde), uno de los congresistas que está liderando esta reglamentación. “Después de 10 años de lucha y de dos que yo llevo en el Congreso intentando que esto sea aprobado, hemos logrado por la justicia ciudadana que el primer debate de esta ponencia positiva esté a punto de terminar. Aún falta mucho, pero empezó el partido”.
“Es positivo que haya ponencia mayoritaria con varios partidos políticos porque yo arranqué muy solo”, reitera Toro.
Las plataformas digitales han entrado en el presupuesto de millones de colombianos que acuden a ellas para transportarse y le proveen ingresos a más de 320.000 conductores, según un cálculo de Fedesarrollo.
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La reglamentación en curso reconoce que el precio se puede fijar por oferta y demanda, que los pagos se pueden hacer por cualquier medio legal, exige que todos los conductores que ofrecen el servicio tengan la misma licencia y las mismas revisiones tecno mecánicas y que las plataformas establezcan al menos una sede física en Colombia y tributen sobre todos los ingresos que reciban en el país.
Desde varios sectores están criticando que este proyecto prohíbe servicios gratuitos, una de las estrategias que usan las plataformas digitales para adquirir usuarios y omite si la naturaleza del servicio de transporte es pública o privada.
“Esta es una oportunidad histórica del Congreso de hacerle respetar al ciudadano su derecho a elegir en qué movilizarse”, indica el exministro de las TIC David Luna, quien preside Alianza IN, un gremio emergente del que hacen parte varias compañías de la economía colaborativa. “La tecnología es para resolverles los problemas a los ciudadanos, para hacerles la vida más fácil y Colombia requiere normas claras en beneficio del ciudadano y su derecho a elegir.
Una encuesta realizada por la firma Invamer, la Universidad del Rosario y Didi halló que el 91% de los colombianos consideran necesaria una “regulación moderna”, que responda a los avances tecnológicos de las plataformas de movilidad y que el 92,5% considera que las aplicaciones deben permanecer en el país ofreciendo sus servicios.