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Economía y Finanzas

Así el Gobierno se ‘apriete’ más el cinturón, el país no se salvaría de la tributaria

Expertos consultados por Forbes coinciden en que el plan de austeridad del Gobierno, que ahorraría más de $500.000 millones al año, es insuficiente. Sin embargo, la mayoría indica que así este fuera más amplio, la tributaria se necesitaría porque los ingresos requeridos para equilibrar las finanzas superan los $20 billones. Aquí sus razones.

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Iván Duque, presidente de Colombia, se prepara para presentar una nueva reforma tributaria. Foto: Presidencia.

El plan de austeridad del Gobierno Nacional que pretende ahorrar más de $500.000 millones al año y fue anunciado hace unos días por el presidente, Iván Duque, no ha pasado por desapercibido en distintos sectores de la opinión pública desde donde piden que el ‘apretón’ del cinturón sea mucho más fuerte en medio de la crisis actual y de la reforma fiscal que se avecina.

Según datos de Plan Financiero, el gasto de funcionamiento se reduciría en 0,2% del PIB en 2021, es decir, $2 billones cifra mucho más alta de la que anunció finalmente el gobierno Duque. Aunque no se especifica en qué rubros se disminuiría dicho monto, dado que la mayoría del gasto del Gobierno es inflexible (pensiones, salud, educación, entre otros), se entendería que hacen referencia a la austeridad.

Haciendo alusión al nombre ‘Solidaridad Sostenible’, que llevará consigo el proyecto de ley de la reforma, desde distintos sectores le solicitan al Gobierno que este también sea solidario y reduzca más los gastos para que el impacto en las finanzas de los colombianos, por los ajustes de los impuestos, sea menor. Pero, ¿qué tan viable es esto? ¿Podría aplazar ello parte de la reforma tributaria?

Para responder a este tema, Forbes consultó a diversos expertos. En su mayoría, estos indican que la necesidad de ingresos es mucho mayor que los recursos que se podrían obtener únicamente vía reducción del gasto burocrático estatal que, para que sea mayor, incluso necesitaría de reformas en la legislación y Constitución.

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¿Qué dicen los expertos?

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó que el plan de austeridad del Gobierno es una señal política que muestra que este también está poniendo de su parte. “Seguramente se podrá plantear algo relativamente más ambicioso, pero lo que sí hay que tener claro es que ese tipo de medidas no son sustitutos de ninguna manera de la necesidad de una reforma tributaria”.

Entre las razones expuestas por Mejía están las “enormes inflexibilidades en el gasto que hace el Gobierno Nacional Central (GNC), no solo en materia de pagos de nómina, sino en pagos relacionados con pensiones, salud y educación, muy difíciles de recortar. Por otro lado, el tamaño del problema es varias órdenes de magnitud superior a lo que se podría hacer en materia de recorte del gasto. Estamos hablando de la necesidad de ingresos de $20 o $25 billones, y de ninguna manera se puede plantear que eso se puede hacer a través del recorte en el gasto público”.

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Desde el punto de vista de Martín Jaramillo, consultor empresarial y docente universitario de economía, la cifra del plan de austeridad ($500.000 millones anuales) “es bastante insuficiente, el número real se debería parecer más a 10 veces lo estimado por el Gobierno, lo que serían unos $5 billones. Parece mucho, pero eso es menos del 2% del presupuesto. Es absolutamente irracional decir que no se puede reasignar siquiera el 2% de la plata que gasta un gobierno en un año”.

Para Jaramillo el recorte debe ser mucho más amplio por varias razones. Resalta que las prioridades que se tenían en 2018 cuando se escribió el Plan Nacional de Desarrollo (PND) son distintas a las actuales, por lo que la inversión puede ser reasignada a otras prioridades implicando recortes a rubros como la economía naranja. Asegura que “pensar que la reforma tributaria va a arrojar $25 billones en recursos adicionales, después de pasar por Congreso, es un tanto ingenuo: esa bandera no se puede financiar solamente con nuevos ingresos”.

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El consultor agregó que “la propuesta tiene impuestos bastante indeseables, como el del patrimonio (o, según otras personas, el IVA a algunos bienes básicos), esos tributos se podrían eliminar si se recorta el gasto en entidades inoficiosas, en subsidios mal focalizados y en gasto gubernamental de bajo impacto”.

Liliana Heredia, profesora del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Javeriana de Cali y experta en temas tributarios, considera que el recorte de gastos en $500.000 millones anuales no es suficiente, pero “es mejor ahorrar algo que no ahorrar nada”, resalta al decir que no se atreve a indicar cuál sería una cifra deseable en el recorte pues “muchos gastos que hace el Gobierno Central no son decisión del Ejecutivo sino que ya están definidos por ley, como es el caso de los incrementos en los salarios de los funcionarios públicos, de manera que no todo lo que se podría recortar desde una perspectiva financiera, puede hacerse desde la legal”.

La experta complementó que si el plan de austeridad permitiera una disminución superior de los gastos, sí sería posible una reforma tributaria menos agresiva, pero con el plan de austeridad actual no hay mucho que se pueda posponer.

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Para el equipo de investigaciones de Anif, “más allá de entrar en el debate acerca de la austeridad, que en últimas implica quitarle el ojo a lo realmente importante, lo que debemos dejar muy claro es que la reforma ya no es una alternativa, es una obligación”. Resaltan que así se eliminaran cinco ministerios completos apenas se ahorrarían $200.000 millones anuales, “cifra muy inferior a lo que se requiere en el corto plazo con la reforma”.

Agregaron que los problemas de la estructura tributaria colombiana no se van a solucionar sin una reforma fiscal que permita recaudar más recursos, hacer más progresivo el sistema tributario y que permita un gasto social acorde a las necesidades del país.

¿Cómo hacer más eficiente el gasto estatal?

En este punto, Martín Jaramillo indica que aunque hay varias opciones hay que hacer zoom en los gastos más regresivos. Así las cosas, plantea que se eliminen los subsidios de las pensiones, “en el 2018 se estimó que el 86% de los subsidios pensionales se va al 20% de la población más adinerada”; eliminar los subsidios por estratos, pues “están mal focalizados y no cubren eficientemente a los más pobres”; por último, dice que “corregiría el gasto en subsidio a la oferta en hospitales públicos que son monopolio y ofrecen malos servicios”.

De acuerdo con la experta y docente, Liliana Heredia, la eficiencia en el gasto debe considerarse tanto en el corto como en el largo plazo. “En el corto plazo, es fundamental que se prioricen los gastos. En el largo plazo, es evidente que se requieren cambios legislativos que permitan ajustes de fondo en los gastos que afronta el sector público como, por ejemplo, la reducción del Congreso y/o del monto de sus salarios y otros pagos”.

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Desde Anif también consideran que se deben revisar los subsidios pensionales, pues terminan favoreciendo a la población de más altos ingresos mientras la mayoría de los colombianos ni siquiera logra una pensión. “Ese gasto debemos, en el corto y mediano plazo, destinarlo a financiar la nueva política social a través de un sistema unificado de transferencias a los hogares. Tenemos una gran oportunidad para avanzar en ese sentido, es el momento para abordar las reformas que mejoren la distribución del ingreso y disminuyan la pobreza en un escenario de reactivación económica”.

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