El Estado de Conmoción Interior podría impactar, principalmente, a empresarios de los sectores agrícola y avícola.
Desde el Centro Democrático, senadores como Álvaro Hernán Prada, Carlos Felipe Mejía o Nicolás Pérez Vásquez le han pedido al presidente Iván Duque decretar un Estado de Conmoción Interior, figura a la que puede acudirse cuando todo el territorio nacional, o una buena parte del mismo, se ve envuelto en episodios de violencia. Pero, ¿en qué consiste exactamente?
Lo primero que hay que saber es que el Estado de Conmoción Interior está contemplado en el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia, que especifica que el Presidente de la República, con la firma de todo su gabinete de ministros, podrá decretar dicha figura “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”.
En caso de que el presidente Duque optara por aplicar dicha medida, esta le daría poderes especiales que lo habilitarían para suspender cargos de dirigentes regionales, restringir las protestas y asumir el control de la radio y la televisión. Asimismo, le otorgaría facultades especiales a las autoridades, que podrían hacer cualquier tipo de inspecciones a establecimientos comerciales y residenciales sin necesidad de una orden judicial, así como detener a cualquier individuo que pueda representar un eventual riesgo.
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Si bien esta figura tiene una duración máxima de 90 días, puede prorrogarse por dos periodos iguales, aunque para ello depende de la aprobación del Senado. A su vez, el Congreso podría reunirse luego de los tres primeros días de que se decrete la conmoción interior, donde el Presidente debería rendir un informe detallado sobre los motivos de la medida.
El artículo 213 también aclara que, en ningún caso, los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar en tanto esta medida esté en vigor.
Impacto en los empresarios
Para el analista de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jassir, los sectores empresarial, financiero y bancario siempre se ven afectados en escenarios de incertidumbre, y si además están acompañados de violencia, “eso generalmente deriva en salida de inversión extranjera. Significa además que el riesgo país de Colombia aumenta, y eso implica que nuestra deuda sea más costosa”.
“Con la salida de dólares del país como producto de la salida de inversión extranjera y del encarecimiento de la deuda, hay una devaluación del peso que afecta a las personas que viven de las importaciones. Tal vez lo más grave tiene que ver con la seguridad para esos empresarios, pues muchos de ellos se están quejando por la agudización de la violencia”, declaró a Forbes.
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Si bien la declaración del Estado de Conmoción Interior muchas veces busca detener la violencia, el experto destacó que también puede tener el efecto contrario, y en la medida que se agudice, a los empresarios les afecta “por los saqueos, por la falta de garantías y, en algunos casos, por la desfinanciación. A su vez, esta medida hace que haya menos consumo”.
Por su parte, el gerente de Comunicación Pública y Política de ‘Estrategia y Poder’, Carlos Arias, subrayó que el Estado de Conmoción Interior es una medida muy delicada porque no solo tiene implicaciones económicas desde las políticas publicas que lleguen por decreto, sino que es una situacion que dejaría al Gobierno en total autonomia para tomar decisiones unilaterales sobre política económica.
“Si bien es comprensible y está en el fuero presidencial, en estas circunstancias donde el equilibrio de poderes esta en juego, podría generar una desbalanza aún mayor a favor o en contra de los empresarios o la sociedad civil”, dijo a Forbes.
Arias resaltó que, de aplicarse esta opción, se podrían agravar los costos o importes de la producción agrícola y avícola, así como los proyectos productivos o empresas encargadas de los mismos por lo importes que pueda señalar el Gobierno. No obstante, si se usa el Estado de Conmoción Interior para alivianar cargas tributarias de los empresarios ante la incertidumbre económica en la que puede caer la producción, “podría ser factible”.
“En un estado social de derecho, es una cosa delicada. En buenas manos puede llegar a solventar una crisis, pero en gobiernos que atraviesen por un desequilibrio de poderes, es muy delicado porque puede agravar la crisis y generar una implosión social muy grande”, concluyó.