Con robusta agenda anticorrupción, Estados Unidos retoma el liderazgo global. El anuncio de la Casa Blanca el pasado 3 de junio de una nueva agenda en la lucha contra la corrupción fue un vigoroso llamado a los sectores público y privado para revisar la manera de abordar su gestión y manejo de fondos. El mensaje del presidente Joe Biden es claro: su gobierno perseguirá dentro y fuera de su a quien cometa o facilite actividades corruptas.

Al abordar la corrupción como una prioridad económica y de seguridad nacional, la administración Biden-Harris expande el foco de su política exterior y lidera los esfuerzos para lograr una mayor transparencia del sistema financiero global y frenar el avance de sistemas autocráticos. La agenda busca combatir toda forma de financiación ilícita en Estados Unidos y en los sistemas financieros internacionales.

Se esperan medidas contra paraísos fiscales y estructuras corporativas dudosas; y para reducir el secreto financiero extraterritorial. Se anticipan más investigaciones bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, haciendo vital que empresas e instituciones financieras revisen sus programas para mitigar sus riesgos, en especial aquellas con clientes y socios internacionales o financiadas por multilaterales.

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Para su implementación, las agencias gubernamentales de Estados Unidos trabajarán en los próximos 6 meses en un plan que cubra, entre otros:

• Atacar la financiación ilícita incluyendo acelerar la creación del registro de “beneficiarios reales” y limitar la capacidad de empresas fantasmas en la compra de activos.
• Perseguir a los culpables con mayores acciones penales y civiles, que abarquen la recuperación de activos de cleptocracia.
• Hacer alianzas globales para frenar la corrupción emanada de sistemas autocráticos y cleptocráticos, empresas estatales extranjeras y empresas criminales transnacionales
• Mejorar la asistencia extranjera y cooperación
• Aumentar el apoyo a la sociedad civil y medios de comunicación.

En Latinoamérica el mensaje resonó de inmediato. En su primer viaje a la región, unos días después del anuncio de la directriz, la vicepresidenta Harris, logró el compromiso de 12 empresas —incluyendo colombianas—para apoyar el desarrollo económico del Triángulo Norte con un norte claro: más oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción.

En una Colombia sacudida por la agudización del malestar social y con su grado de calificación golpeado, abrir el debate a reformas estructurales que inviten a un mayor liderazgo del sector privado y aterricen el discurso sobre corrupción pudiera abrir la puerta a nuevos consensos.

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LinkedIn: Margarita Sánchez

*La autora es abogada de Washington DC especializada en delitos de cuello blanco, anticorrupción global y disputas transfronterizas (América Latina y el Caribe)

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

Luego de un 2020 de contracción en el crecimiento económico, la expansión del PIB en 1,1 % durante el primer trimestre de este año y expectativas de aumento anual de 6,5 % representan esperanza en medio de la crisis del Covid-19. Esto es particularmente cierto en el caso del sector empresarial, que sin duda es uno de los más afectados por la pandemia y ve en este tipo de datos un aliciente bajo el actual panorama.

Los esfuerzos y medidas excepcionales que viene implementando el Gobierno a nivel económico y financiero están dando resultados y, junto a la acción oportuna del sistema financiero desde el inicio de la pandemia, se ha logrado reforzar la liquidez de las empresas, brindándoles cierto grado resiliencia para navegar estos tiempos de incertidumbre.

Las líneas de crédito y alivios financieros a través de entidades como Bancoldex han permitido a miles de micro y pequeñas empresas de todos los sectores mantenerse a flote durante los meses más duros de la crisis. Asimismo, las grandes empresas, con facturaciones superiores al billón de pesos, han encontrado en las instituciones bancarias un aliado para acceder al capital que hoy da continuidad de sus proyectos y operaciones.

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Sin embargo, una parte del tejido empresarial colombiano parece seguir enfrentando barreras para encontrar capital a la medida de sus necesidades. Sea por no cumplir los requisitos para recibir recursos públicos o porque el financiamiento tradicional no es lo suficientemente flexible, esas empresas, en su mayoría ‘medianas’, enfrentan una paradoja: son muy grandes para recibir la financiación pública que requieren, y a la vez muy pequeñas para usar los esquemas de largo plazo que ofrece el mercado de capitales.

Cumplir los objetivos de reactivación económica exige la movilización de todas las fuerzas productivas, lo que sugiere que las empresas que no encuentren capital para repotenciar sus actividades no podrán aportar todo su potencial. Esto plantea un interrogante y es, si la actual oferta de financiación desconoce las necesidades de todas las empresas, ¿de dónde pueden echar mano esas compañías?

Una respuesta puede encontrarse en productos complementarios que el sector financiero ha desarrollado, como la deuda privada. En ese sentido, dadas las condiciones actuales, fondos que se especialicen en invertir en alternativas como el direct lending, mezzanine debt o distressed debt – ojalá en moneda local–, surgen como soluciones viables para estas compañías, junto con sus ventajas y riesgos inherentes que estos suponen versus el financiamiento crediticio tradicional. Los invito a analizar este camino.

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LinkedIn: Juan Pablo Galán
*El autor es country manager de Credicorp Capital en Colombia

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En los últimos años Latinoamérica se ha convertido en una tierra fértil para el crecimiento de los ecosistemas fintech en distintos países de la región. Según los fintech radars desarrollados por Finnovista, uno de los mayores potenciadores del sector en la región, el número de startups fintech creció un 26 % en Colombia entre 2019 y 2020, un 14 % en México en el mismo periodo y un 49 % en Chile entre 2017 y 2019.

La tendencia es también clara en Argentina y Brasil. En el primer caso, según un estudio realizado por Deloitte en alianza con el BID, el ecosistema fintech argentino se duplicó entre 2018 y 2020, pasando de 133 a 268 compañías, mientras que en el caso brasileño, el ecosistema más grande de la región, para 2018 ya había 377 fintech nacidas en el país, de nuevo según datos de Finnovista. 

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Frente a este panorama, varias de las compañías nacidas en Latinoamérica, incluyendo a Zinobe, han optado por ampliar sus fronteras, buscando oportunidades de crecimiento a través de expansiones internacionales a otros mercados de la región. Si bien el éxito de estos procesos de internacionalización está por verse en los próximos años, el hecho de que estén sucediendo es una oportunidad para pensar en aquello que se requiere para aterrizar en un nuevo país.

Aunque la idea de entrar a un nuevo mercado sea atractiva por definición, la realidad es que se trata de un proceso complejo y extenso, que exige una visión estratégica clara, evaluaciones de mercado cuidadosas, capital para impulsar la nueva operación y una alta capacidad de adaptación en temas operativos y de diseño de producto.

Para comenzar, antes de lanzarse a la aventura de un nuevo mercado es fundamental dimensionar las posibilidades de crecimiento en el país en el que la compañía ha nacido. Si localmente la oportunidad y el mercado son suficientemente grandes, tal vez escalar dentro de las fronteras conocidas resulte más potente y menos riesgoso que emprender una expansión internacional, que de no ir bien podría hacer tambalear aquello que ya se ha construido. 

Ahora bien, si la ruta de crecimiento efectivamente apunta a otro mercado, el ejercicio implica ver con claridad la oportunidad de negocio a partir del entendimiento de la competencia. De poco sirve tener la intención de incursionar en un mercado que puede ser muy grande si este ya está acaparado por otras compañías, especialmente si la experiencia que ofrecen tiene satisfechos a sus usuarios.

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Los temas regulatorios, así como los riesgos macroeconómicos y de estabilidad política, también son elementos determinantes al momento de tomar una decisión. Mientras que en un país las leyes que rigen al sector financiero pueden ser favorables, en otro pueden ser limitantes y entorpecer la capacidad de construir soluciones innovadoras.

Por otro lado, que un producto funcione en un mercado no es garantía de que pueda ser trasladado a otro. Si bien es cierto que hay productos y modelos de negocio que pueden ser fácilmente replicables, en otros casos es posible que haya lugar a adaptaciones para ajustarse a nuevos marcos regulatorios y a prácticas culturales y de consumo distintas.

Finalmente, la incursión a un nuevo país pone sobre la mesa la posibilidad de colaborar con un aliado local que posibilite conexiones, conozca de primera mano el mercado y entienda cómo se hacen los negocios en ese contexto. Lanzarse sin un aliado puede representar una porción más grande de ingresos, pero a costa de un crecimiento más lento que puede no ser compatible con las expectativas de entrar a un nuevo mercado.

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En cualquier caso, la internacionalización es un proceso que toma tiempo y por lo general no resulta tan rápido como podría esperarse. Por eso la expansión de compañías fintech en el continente resulta interesante: hay varios movimientos llevándose a cabo, pero está por verse qué fórmulas funcionan, qué errores se cometen y qué aprendizajes se pueden extraer de esos procesos.

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LinkedIn: Tarek El Sherif
*El autor es cofundador y CEO de Zinobe, fintech colombiana enfocada en impulsar la inclusión financiera en el país, ampliando el acceso a servicios financieros 100 % digitales.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

Daniela es una excelente pastelera que tiene un pequeño negocio donde vende sus deliciosas creaciones. Es tan buena, que tiene un número de clientes fieles que no dudan en recomendarla con sus amigos, menciones que ella comparte orgullosamente en la cuenta de Instagram de su emprendimiento. Estas reseñas de clientes, sumadas a otra información sobre su empresa en redes sociales y un sitio web pueden ayudar a que su negocio sobreviva.

La recomendación para hacer crecer un negocio, es comenzar por tener un dominio y una página web que se constituye como la “casa propia” del negocio en internet. De hecho, un sondeo  que realizó GoDaddy en 2020 sobre la presencia digital de MIPYMES demostró que, solo 52,8 % tiene un sitio web para su negocio y 33,5 % no cuenta actualmente con uno, pero tiene la intención de hacerlo.  

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Un sitio web permite contar la historia de la marca desde su propia narrativa, espacio, estética y reglas propias. Hace posible visibilizar un catálogo de productos, precios, políticas de entrega y demás información relevante en un solo sitio.  Y, desde allí, permite apalancar las estrategias de marketing en las cuales las redes sociales son complementos indispensables.

Sin embargo, existen aspectos que también deben tomarse en cuenta tales somo la optimización en buscadores (SEO) y herramientas de email marketing que pueden hacer posible traer más tráfico al negocio.

Además de tener un sitio web y promover una marca comercial en las redes sociales, una consideración adicional es agregar una tienda en línea para vender directamente productos y servicios a los clientes. La opción de ofrecer una tienda en línea, con un catálogo de productos y servicios de fácil navegación, diferentes métodos de pago, opciones de envío e incluso envoltorio para regalo, puede simplificar el proceso de venta para los clientes que deseen involucrarse directamente con un negocio.

Y, si la función de email marketing está habilitada, es fácil enviar un email a los clientes registrados para recordarles que tienen productos pendientes por comprar, hay nuevos productos disponibles o que hay una nueva venta o promoción. Esto puede ayudar a generar mayor cercanía con el cliente potencial y fomentar la motivación para concretar la compra.

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Las compras online se han incrementado significativamente. Según la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia (CCCE), las compras online representaron 3 billones de pesos en 2020, 1 billón más que en el mismo periodo de 2019. Además, la CCCE proyecta que, para fines de 2021, las ventas del comercio electrónico tendrán un incremento del 16 %.

Finalmente, es importante poder evaluar el desempeño del negocio además de los likes, las veces que se comparte un post y los comentarios. Es decisivo saber de dónde proviene el tráfico, el tiempo de visita al sitio, las páginas más visitadas, los clics en diferentes secciones, el uso de servicios específicos y una gran variedad de métricas que permiten optimizar la estrategia de la empresa, y permiten tomar decisiones rápidamente para ayudar al éxito de un negocio digital.

En el entorno social actual, donde predominan los teléfonos móviles, una pequeña empresa puede beneficiarse de tener una fuerte presencia en línea que incluya mensajes integrados e imágenes de marca en los canales de redes sociales, en un sitio web empresarial y en otras actividades de marketing digital.

Por: Arturo Lee*
*El autor es Vicepresidente de GoDaddy para Latinoamérica.

La Superintendencia de Transporte fue, por mucho tiempo, conocida sólo por investigar empresas del sector. Eso se transformó, pues hoy las empresas también pueden ser las denunciantes, solicitando protección para que otros sujetos (tales como industriales y comerciantes que hayan obrado como generadores de carga) sean investigados ante el incumplimiento de sus obligaciones.

Se trata de un cambio mayor. Vale la pena recordar que durante 20 años la Superintendencia de Transporte se enfocó en investigar a empresas de transporte terrestre. En ese periodo, la entidad recibió 838.385 Informes Únicos de Infracción al Transporte (IUIT), que generaron investigaciones y sanciones contra las respectivas empresas.

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En los últimos tres años hubo un giro de 180 grados en esta entidad. En lo sustancial, se entendió que las leyes de transporte no sólo se les aplican a las empresas habilitadas, sino a cualquier sujeto que tenga alguna responsabilidad en este sector.

Así, por primera vez la Superintendencia adelanta investigaciones, e incluso ya ha impuesto las primeras sanciones, contra compañías de seguros, industriales, comerciantes, usuarios, entre otros. Lo anterior abre el espacio para que las empresas de transporte asuman un nuevo rol, solicitando protección en la entidad.

En lo procesal, este año tanto el Consejo de Estado (2020-00226) como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (2017-01935) respaldaron a la Superintendencia de Transporte y estas funciones, indicando que “para garantizar la aplicabilidad de tal normativa, se ha establecido un régimen legal de sanciones imponibles por las autoridades competentes, ante las infracciones a la misma. (…) el artículo 9° de la Ley 105 de 1993 establece cuáles son las personas y empresas que pueden estar sujetas a la imposición de sanciones por infracciones a las normas sobre el transporte público y cuáles son dichas sanciones. (…) se destaca de la normativa citada, que en efecto, el ejercicio de las facultades sancionatorias de la Superintendencia de Transporte puede recaer en personas que no necesariamente están sometidas a la inspección, vigilancia y control de dicha autoridad”.

Así, esta entidad dejó de ser la superintendencia de las empresas de transporte, para tener ahora un protagonismo como la Superintendencia de toda la cadena logística.

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Las primeras sanciones que se han impuesto frente al incumplimiento de obligaciones de cuatro generadores de carga han superado los $550 millones de pesos (cfr. Resoluciones 7259, 7366, 7367 y 7728 de 2021). Esto debe hacer reflexionar a los industriales y comerciantes sobre cuáles y cuántas obligaciones tienen frente al sector transporte.

No sobra mencionar algunas, como cargar y descargar la mercancía dentro de los tiempos pactados en el contrato de transporte y, en todo caso, dentro de los tiempos previstos en el artículo 5 del decreto 2228 de 2013; adecuar la logística para la ubicación de los vehículos en los lugares de origen o destino; reportar la información al RNDC, y pagar los valores del contrato de transporte en cumplimiento del régimen de relaciones económicas vigente; entre otros.

Así, esta renovada Superintendencia de toda la cadena logística abordará los problemas del sector exigiendo a todos los actores, y no sólo a las empresas de transporte, el cumplimiento estricto de la ley.

Por: Camilo Pabón Almanza*
*Superintendente de Transporte.

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