La austeridad del gasto público y la lucha contra la evasión fiscal representarán 40% del recaudo total de la iniciativa, según reveló el ministro de Hacienda, Jose Manuel Restrepo.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, reveló hoy que el ‘Proyecto de Inversión Social’, que será radicado ante el Congreso el próximo 20 de julio, buscará recaudar $15,2 billones entre la lucha contra la evasión fiscal, la solidaridad de los sectores empresariales y la austeridad estatal. Esto para tener la oportunidad de responder a las necesidades sociales del país.
“Este proyecto de inversión social tiene que tener como norte la vulnerabilidad de tantos actores, la construccion y generación de empleo y seguir contribuyendo a que nuestro país crezca mucho mas de 6% en beneficio de todos nosotros”, añadió
Restrepo enfatizó que el primer esfuerzo tiene que venir del Gobierno central a través de la politica de austeridad en el gasto público “que no se ha visto en otras oportunidades” y que representará entre 15% y 20% del recaudo total de la iniciativa. Esto mediante la limitación de crecimientos burocráticos a partir de 2023, sin comprometer la capacidad adquisitiva del Estado.
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La propuesta, que solo permitirá la adquisición de bienes y servicios esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos, generaría un ahorro promedio de $1,9 billones entre 2022 y 2032.
Sobre la lucha contra la evasión, el jefe de la cartera detalló que, junto a la austeridad del gasto público, representarán 40% del proyecto de inversión social, y buscará implementar uno de los planes antievasión más ambiciosos que haya tenido el país, con esfuerzos por $2,7 billones. Para lograrlo, el Gobierno otorgará facultades para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) emita factura compulsiva o sugerida.
La iniciativa contempla la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), para identificar a los dueños o beneficiarios de las empresas para que cumplan con sus obligaciones, así como un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados, así como la recaudación del impuesto de renta a partir de los datos de la factura electrónica e información reportada por terceros.
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En cuanto al aporte de los gremios y el sector empresarial, el ministro resaltó la voluntad de dichos actores para encontrar fuentes de financiacion adicionales a esta iniciativa, que también contemplaban los beneficios de la ley de crecimiento de 2019, porque “el pais tenia la tasa de financiación mas alta de Latinoamérica y el mejor resultado del déficit fiscal en ocho años”.
Gracias a ello, “se han abordado tres instrumentos de fuentes de financiación del sector privado que representan 60% de la iniciativa”, que consisten en un descuento del 50% del ICA en el impuesto de renta, un proceso de normalización tributaria para 2022 y una extensión de la sobretasa de renta al sector financiero de tres puntos porcentuales hasta 2025.
El aporte desde el sector privado también contempla un aporte solidario en renta del 35% por parte de las grandes empresas del país a partir del 2022. Con esto no se compromete la competitividad del país, ya que esta tarifa es menor a la de 2018, que llegaba a 37%.
De acuerdo con el ministro, todas estas medidas permitirán un recaudo aproximado de $11 billones.
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Protección a los más vulnerables
Uno de los puntos clave del proyecto consiste en no afectar a las clases vulnerables y clase media, aspecto que “hemos seguido al pie de la letra”. Esto implica no tocar temas como el impuesto al valor agregado (IVA), las pensiones y la base de personas naturales en impuesto de renta, porque “tenemos un compromiso con las clases vulnerables, que son el motor de la economía en el mediano plazo”.
El proyecto también plantea una inversión en materia social que ascendería a $8,8 billones en 2021 y $8 billones en 2022. beneficiando a más de 25 millones de colombianos con las iniciativas actuales, que contemplan la extensión de programas como Ingreso Solidario y Subsidio a la Nómina (PAEF), que irían hasta 2022 y diciembre de 2021, respectivamente.
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“La ampliación de Ingreso Solidario permitiría que más de 731.000 colombianos en pobreza extrema, que hoy en día no reciben ningún beneficio del Estado, lo empiecen a hacer por primera vez. Con esto, el programa llegaría a un total de 3,3 millones de hogares”, agregó Restrepo.
En cuanto a la extensión del PAEF, planeada para el segundo semestre de este año, el jefe de la cartera detalló que apoyará a cerca de 459.000 empleados mediante un esquema que incentiva la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años y del resto de la población con ingresos de hasta tres salarios mínimos.
En materia de educación, el proyecto contempla más recursos para brindar matrícula cero a 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.