Minhacienda defiende tributaria 4.0 y confía en reducir en más de la mitad la pobreza

Podría decirse que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, es el hombre del momento. Además de la radicación de la reforma tributaria en el Congreso, que llega con mensaje de urgencia para debatirse y aprobarse este mes, presentó a finales de la semana pasada el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022, cuyo monto total sería de $350 billones, cifra que representa un crecimiento de 5,3% frente al monto anterior.

En diálogo con Forbes, Restrepo aseguró que el presupuesto llega con la intención de garantizar ese compromiso que tenemos de rebajar gradualmente ese déficit fiscal en orden del 7% para 2022, así como de ir reduciendo o desmontando parte de los programas que se diseñaron para enfrentar el impacto de la pandemia.

“También hay que ir con la convicción de que es un año que necesita un proceso de reactivación, entonces hay que ser cuidadosos de que sea un presupuesto sensato y que no genere una preocupación mayúscula en materia del cumplimiento de la reactivación económica”, aclaró.

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El jefe de la cartera financiera reconoce que el nuevo presupuesto llega en un escenario donde hay que responder a tres desafíos: lo social, lo fiscal y el crecimiento económico, donde todavía se necesita una política contraciclica que busque generar empleo y atender las necesidades de la población más vulnerable del país.

Debido a ello, el proyecto contempla el crecimiento y la continuidad de programas sociales como el de Ingreso Solidario, hasta llegar a 4,1 millones de hogares, así como el subsidio a los jóvenes para la generación de empleo y la matrícula cero en instituciones de educación superior oficiales.

Por otra parte, Restrepo resaltó que la inversión crece al 6,2% en el interés de que sea un presupuesto que contribuya a seguir el proceso de reactivación y de crecimiento de nuestra economía. Asimismo, mencionó que, mediante este proyecto, el país retornará a la regla fiscal una vez se apruebe la ley de inversión social.

El factor antievasión

Uno de los apartados que más ha llamado la atención en el proyecto de inversión social ha sido el de las medidas anti evasión, que en palabras de Restrepo, arrancaron con unos primeros pasos muy importantes que ya dan resultados, y los datos lo comprueban.

“Hemos venido aumentando en el recaudo anual adicional, en lucha contra el contrabando y contra la evasión, de $7 billones en 2017, $9,6 billones en 2018, $13,6 billones en 2019, $13 billones en 2020, en medio de un año de pandemia, y en julio llevamos aproximadamente $8 billones“, afirmó.

Este esfuerzo se ha asociado a temas como la cláusula antiabuso, la determinación de proveedores ficticios, el listado de paraísos fiscales, la disponibilidad de un sistema de retención en la fuente que controla aducciones y descuentos, así como entidades sin ánimo de lucro que se han utilizado para dicho fin.

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Pese a estos progresos, el ministro reconoce que hay que dar un paso adelante. En primer lugar, destacó la necesidad de ampliar la dimensión del sistema de factura electrónica, sistema que considera fundamental para luchar contra la evasión al otorgar un acceso mucho mayor a este tipo de información.

El segundo punto, que entrará en actividad este mes, se centra en la posibilidad de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tenga la atribución para expedir el RUT de tal manera que “pueda emplear esa declaración compulsiva sugerida debidamente diligenciada”. A esto se une un tercer elemento adicional centrado en la facturación de renta, es decir, que la declaración se convierte en un título valor.

“Puede ser cobrable por proceso ejecutivo, eso significa que ya no duraríamos cinco u ocho años en recoger el recurso, sino cinco, seis u ocho meses“, explicó.

Sobre los reparos a la carga de la DIAN en el proyecto de inversión social, Restrepo aseguró que su respuesta al respecto “es con hechos y no con teoría”. Teniendo en cuenta que 4% del PIB se va en temas de evasión, los esfuerzos apuntan a capturar parte de ese porcentaje, recogiendo la experiencia internacional de México, España “y otros países que han demostrado que con información y nuevos instrumentos se puede luchar contra la evasión”.

Modificaciones a la regla fiscal

Restrepo reconoce que la regla fiscal no solo es la columna vertebral del proyecto, sino que le da más capacidad técnica y de independencia al Comité de Regla Fiscal, permitiéndole tener una mayor capacidad de comunicación con el público y el Congreso de la República, así como definir unos tiempos adecuados para la elección de sus miembros, buscando tener más independencia.

Otro de sus propósitos es definir unas metas fiscales que garantizarán un nivel de deuda pública en niveles prudentes. El ministro explicó que esta propuesta tiene un aspecto que no tenía la regla fiscal anterior, que estaba atada al déficit fiscal, pero no definía un anclaje de deuda pública.

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“Este proyecto define un tope máximo de deuda en relación al PIB, y eso es importante porque, si bien en el pasado se lograba reducir el déficit fiscal, la deuda pública aumentaba. Aquí va a haber un compromiso también de anclaje”, comentó.

Un tercer aspecto tiene que ver con la implementación de unos mecanismos de corrección automáticos, con los cuales se definirán unos compromisos en el déficit primario que deben lograrse en relación entre ingresos y gastos básicos. Esto en caso de que el Gobierno se acerque demasiado al nivel de deuda pública límite, que ronda 70% del PIB.

Finalmente, estas modificaciones tienen una cláusula de escape ante hechos coyunturales, que se puede llegar a presentar siguiendo la experiencia internacional, centrada en las buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Lo que teníamos antes tenía muchos vacíos, y aquí se está tratando de resolver esa debilidad”, añadió.

Altas tasas de tributación

Con las sobretasas al sector financiero y el impuesto de renta a las empresas, Restrepo reconoció que el contexto actual requiere un esfuerzo fiscal, y este había que hacerlo de tal forma que no se afectara ni a la clase media ni a las clases vulnerables, sin tocar temas como el impuesto a las pensiones o una base de personas naturales en el impuesto de renta, teniendo además mucho cuidado con el tema del IVA.

Al comparar la tasa efectiva de tributación de impuesto de renta para personas jurídicas entre 2018 y la nueva realidad, con la reforma, se evidencia que, de todas maneras, hay una reducción de casi cuatro puntos porcentuales para empresas grandes y entre dos y cuatro para todas las empresas, según la tecnología Doing Business.

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“Esto porque nos cuidamos en sostener una serie de beneficios que buscaban reducir esa tasa. Por ejemplo, el descuento de IVA de bienes de capital, que no existía antes de 2018, el descuento de 50% al ICA, la eliminación de la renta presuntiva, y mantuvimos y fortalecemos el régimen simple, buscando con ello beneficiar al micro y pequeño empresario para quien esa forma de tributación esa casi 50% de lo que tributaría normalmente”, dijo Restrepo.

El ministro también se refirió a las críticas que recibió el Gobierno por los días sin IVA realizados el año pasado. Al respecto, señaló que la experiencia “nos indica que la figura ha sido valiosa para el proceso de recuperación, destacando a la jornada del 26 de junio como el inicio de esa reactivación, y los datos lo prueban.

“Las ventas de esos días oscilaron entre $5 billones y $5,8 billones, muy por encima de lo tradicional. Esto con una característica y es que las ventas de los bienes con el beneficio eran de $1 billón, pero las de los otros bienes eran significativamente mayores. Es decir que esto ha generado recaudos adicionales en los otros sectores, así como fuente de reactivación económica”, subrayó.

Facultades para el presidente

Otro apartado del proyecto de inversión social que ha provocado polémica tiene que ver con el recorte del gasto a través de la fusión o eliminación de entidades, Restrepo comentó que estas facultades, que estarán habilitadas por un periodo máximo de seis meses, permiten fusionar, suprimir, reestructurar o modificar entidades del Estado, organismos de la rama ejecutiva o dependencias de la rama ejecutiva.

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Dicha herramienta también abrirá la posibilidad de hacer fusiones de sociedades de economía mixta y de sociedades descentralizadas, cambios que “nos van a permitir cumplir con ese propósito desde la perspectiva presupuestal, y también determinar algunos caminos de adscripción o vinculación de algunas de las entidades en la rama ejecutiva“.

Elministro aseguró que este es un instrumento donde el Gobierno va a tener que hacer un esfuerzo para identificar por donde puede hacer ese esfuerzo de austeridad en gasto público y cuáles deberían ser esos caminos para lograrlo. Asimismo, subrayó que el objetivo principal es “evitar repeticiones”.

Lo que viene

Las proyecciones del Gobierno para 2022 apuntan a un crecimiento económico de 4,3%. Sin embargo, y a pesar de que las perspectivas de este año prevén a un incremento de 6%, Restrepo comentó que todavía hay posibilidad de un empujón adicional “porque aún no recuperamos la dinámica del PIB”.

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Para lograr dicho esfuerzo adicional de crecimiento, destacó que puede darse a partir de nuestra estrategia de reactivación económica con inversiones cercanas a $155 billones y con la posibilidad de generar unos dos millones de empleos.

A pesar del crecimiento en la pobreza extrema (aumentó del 9,6% a 15,1%) y de la pobreza monetaria (pasó de 35,7% a 42%), el ministro aseguró que la propuesta del proyecto de ley, junto con el crecimiento que se contempla, “nos permitiría cerrar el 2022 con niveles de pobreza menores a los de prepandemia“.

“Creo que es muy importante avanzar en esto para lograr reducciones de casi 55% en pobreza extrema y 19% en pobreza monetaria. Esto se logra con un crecimiento del número de personas vinculadas al programa de ingreso solidario y en el promedio recibido por ese tipo de programas”, concluyó.

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