Aunque son alrededor de 600 propuestas, varias se repiten y según el ministerio de Hacienda, con corte al 4 de agosto, el número de proposiciones cerró a 255.
Con corte al 3 de agosto, a las puertas del Congreso han llegado alrededor de 600 propuestas por parte de los congresistas para modificar el proyecto de Inversión Social y que el Gobierno busca que se apruebe este mes.
Forbes Colombia conoció un paquete de alrededor de 600 proposiciones que buscan hacer ajustes al proyecto de ley, que actualmente no tiene más de 35 artículos. Ahora, como lo manifestó recientemente el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el Ejecutivo está en la tarea de revisar las iniciativas y junto con las comisiones económicas formular la ponencia que se discutiría la próxima semana en primer debate.
Y aunque son alrededor de 600 propuestas, varias se repiten y según el ministerio de Hacienda, con corte al 4 de agosto, el número de proposiciones cerró a 255.
Lea también: Es oficial: Gobierno radica ante el Congreso su reforma tributaria 4.0
Entre algunas de las proposiciones que han llamado la atención es que varios congresistas han planteado darle beneficios especiales a las mipymes. De hecho, ya hay una propuesta que ya fue aprobada, según anunció en días pasados el senador Efraín Cepeda, en la que se le da vía libre para aumentar el alcance del Régimen Simple. Eso sería un beneficio directo para las micros y pequeñas empresas para que tengan una base gravable menor al 14,5%.
Asimismo, varios congresistas están planteando alternativas para que las mipymes paguen menos tarifa de renta, teniendo en cuenta que el proyecto de la nueva reforma tributaria plantea eliminar los beneficios tributarios que se aprobaron en la Ley de crecimiento de 2019 y en la que se había dicho que la tarifa del impuesto de renta bajaría a 30%.
Por ejemplo, la senadora María Emma Castellanos y la representante Ángela Patricia Sánchez por el partido Cambio Radical, plantean que la tarifa del impuesto de renta para las mipymes sea de 33% a partir del 2022, 2 puntos porcentuales menos que la tarifa que se plantea para todas las empresas. Sin embargo, ese rango todavía varía según lo que han planteado otros parlamentarios y algunos señalan que debería ser de 27% para ese grupo empresarial.
Incluso, la representante a la Cámara por el departamento del Amazonas planteó que la tarifa del impuesto de renta para las personas jurídicas que tengan sus establecimientos únicos en el Amazonas sea de 30%. “Consideramos que rebajar la tarifa y dejarla fija ayudaría a la reactivación de todos los sectores de la economía del Amazonas, disminuyendo con esto la recesión que atraviesa el departamento”, apunta la justificación.
Lea también: Minhacienda defiende tributaria 4.0 y confía en reducir en más de la mitad la pobreza
La plata del narcotráfico
Otra de las propuestas que han llamado la atención es que buscan agilizar el proceso con el que se enajenan los activos especiales de extinción de dominio, que están a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que fueron incautados por el narcotráfico.
De acuerdo con información de la SAE, con corte al 30 de abril, los activos en su poder correspondientes a inmuebles, sociedades y transportes tienen un valor de $8,5 billones, casi la mitad de lo que recaudaría la reforma tributaria. “Sin embargo, la realidad es que de los más de 30.000 de estos bienes que podrían ser objeto de extinción de dominio, solamente algo más de 4.300 se encuentran extintos, con un potencial de recaudo catastrales, no de mercado, de un poco más de $1,5 billones”, dice la proposición que presentaron las congresistas Castellanos y Sánchez.
Lea también: ‘Proyecto de Inversión Social’ apunta a recaudar $15,2 billones: MinHacienda
Por otro lado, varios congresistas propusieron otro artículo para facilitar la administración de bienes plantean que para los bienes cuyo valor catastral sea de hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes, el precio mínimo de venta que fije la SAE corresponderá al valor del avalúo catastral vigente. Y con eso el Dane y el IGAC tendrán 5 meses para hacer un estudio para valorar estos bienes y así poderlos comercializar.
También, en otra proposición planteada por el representante a la Cámara John Jairo Roldán, dicen que se podría plantear una figura de “enajenación temprana” sobre cualquier activo que tenga al menos 10 años de administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), una cuenta especial que tiene la SAE. Con eso, plantean, se podrá enajenar esos activos sin aprobación previa de ninguna instancia.
Las amnistías
Otra de las perlas que han llamado la atención son las amnistías y plazos que proponen a los deudores de algunos impuestos o, incluso, infracciones de tránsito.
El senador Efraín Cepeda y el representante a la cámara Armando Antonio Zabaraín propusieron que el dinero que deben las personas naturales o jurídicas en el año gravable 2018 hasta junio de 2021 por retención en la fuente o el IVA serán exceptuados de sanciones e intereses moratorios.
Y, con eso, dice la proposición, a partir de la promulgación de la presente ley se otorgará un plazo de 18 meses para realizar el pago de los montos que se deben.
Por otro lado, el representante a la Cámara, César Lorduy, planteó que los gobernadores y alcaldes municipales y distritales tengan la posibilidad de darle amnistías a los infractores de tránsito, con el fin de sanear las deudas que tienen con las regiones.
Por otro lado, el representante Alexander Bermúdez, plantea que se cree una exención al gravamen financiero destinados al pago del impuesto de renta, tanto a personas naturales como jurídicas.
Obras por impuestos
Otro de las iniciativas que llaman la atención es que unas obras sean financiadas a través del programa de Obras por impuestos, con el que empresas que tienen operaciones regionales paguen sus tributos a través de proyectos en las zonas en las que están instalados.
Según la proposición de la representante a la cámara Jennifer Kristin Arias y el senador Fernando Nicolás Araújo, “los proyectos que tengan como objetivo ampliar la infraestructura pública de transporte y la conectividad que complementen el macroproyecto de la Vía al Llano podrán ser objeto del mecanismo Obras por impuestos, condiciones a la expedición del cupo adicional por parte del Consejo Superior de Política Económica Fiscal (Confis). Los recursos destinados para el proyecto del Canal del Dique, en ningún caso afectarán los recursos asignados a la Bolsa Paz”.