Con robusta agenda anticorrupción, Estados Unidos retoma el liderazgo global. El anuncio de la Casa Blanca el pasado 3 de junio de una nueva agenda en la lucha contra la corrupción fue un vigoroso llamado a los sectores público y privado para revisar la manera de abordar su gestión y manejo de fondos. El mensaje del presidente Joe Biden es claro: su gobierno perseguirá dentro y fuera de su a quien cometa o facilite actividades corruptas.



Al abordar la corrupción como una prioridad económica y de seguridad nacional, la administración Biden-Harris expande el foco de su política exterior y lidera los esfuerzos para lograr una mayor transparencia del sistema financiero global y frenar el avance de sistemas autocráticos. La agenda busca combatir toda forma de financiación ilícita en Estados Unidos y en los sistemas financieros internacionales. 



Se esperan medidas contra paraísos fiscales y estructuras corporativas dudosas; y para reducir el secreto financiero extraterritorial. Se anticipan más investigaciones bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, haciendo vital que empresas e instituciones financieras revisen sus programas para mitigar sus riesgos, en especial aquellas con clientes y socios internacionales o financiadas por multilaterales.



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Para su implementación, las agencias gubernamentales de Estados Unidos trabajarán en los próximos 6 meses en un plan que cubra, entre otros:



• Atacar la financiación ilícita incluyendo acelerar la creación del registro de “beneficiarios reales” y limitar la capacidad de empresas fantasmas en la compra de activos. • Perseguir a los culpables con mayores acciones penales y civiles, que abarquen la recuperación de activos de cleptocracia. • Hacer alianzas globales para frenar la corrupción emanada de sistemas autocráticos y cleptocráticos, empresas estatales extranjeras y empresas criminales transnacionales • Mejorar la asistencia extranjera y cooperación • Aumentar el apoyo a la sociedad civil y medios de comunicación.



En Latinoamérica el mensaje resonó de inmediato. En su primer viaje a la región, unos días después del anuncio de la directriz, la vicepresidenta Harris, logró el compromiso de 12 empresas —incluyendo colombianas—para apoyar el desarrollo económico del Triángulo Norte con un norte claro: más oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción.



En una Colombia sacudida por la agudización del malestar social y con su grado de calificación golpeado, abrir el debate a reformas estructurales que inviten a un mayor liderazgo del sector privado y aterricen el discurso sobre corrupción pudiera abrir la puerta a nuevos consensos.



Contacto



LinkedIn: <a href="https://www.linkedin.com/in/msanchezescobar/">Margarita Sánchez</a>



*La autora es abogada de Washington DC especializada en delitos de cuello blanco, anticorrupción global y disputas transfronterizas (América Latina y el Caribe)



Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de&nbsp;Forbes&nbsp;Colombia.

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