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Sostenibilidad

Semana negra para el medioambiente en Chile: polémicos fallos ponen en jaque la sustentabilidad del país

Chile aprobó un proyecto minero en una zona de pingüinos la misma semana que la ONU alertó sobre los efectos irreversibles de la acción humana sobre el cambio climático.

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Pinguinos Humboldt Chile
Pingüinos de Humboldt

Este lunes, la ONU alertó sobre un “código rojo” ambiental con “consecuencias irreversibles” para el planeta, haciendo un llamado urgente a tomar medidas para frenar el calentamiento global.

Naturalmente la noticia causó preocupación en los líderes mundiales, existiendo un amplio consenso en torno a avanzar en un cuidado efectivo de los ecosistemas.

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En Chile, la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt enfatizó en la necesidad de realizar “reducciones profundas, rápidas y sostenidas” en las emisiones de CO2.

Sin embargo, su mensaje no logró convencer a todos en el gobierno.

A solo dos días del dramático informe de Naciones Unidas, Chile aprobó el proyecto minero portuario Dominga, que busca emplazarse en La Higuera, una comuna a 480 km al norte de Santiago que cuenta con un área protegida por el Estado por su rica diversidad de especies marinas.

Con 11 votos a favor y uno en contra, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Coquimbo (donde está ubicada La Higuera) autorizó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de extracción de hierro y cobre desarrollado por la empresa Andes Iron.

La COEVA está compuesta por 12 representantes del gobierno y solo uno de ellos, un delegado presidencial, votó en contra del proyecto.

Dominga y su impacto medioambiental

El proyecto minero se instalaría a pocos kilómetros del lugar que alberga al 80% de la población mundial de Pingüinos de Humboldt y que cuenta con una Reserva Nacional para su conservación.

Por tal motivo, desde organizaciones sociales y científicas han llamado a rechazar la iniciativa, pues consideran que el daño medioambiental que se generará será irreversible.

Organización ambientalista Oceana Chile se opone al proyecto.

Dominga considera la construcción de dos minas a rajo abierto para la extracción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, en un periodo que contempla 22 años de funcionamiento a partir del inicio de las obras.

En términos económicos, el proyecto considera una inversión de US$ 2.500 millones y busca generar 10.000 empleos en la región.

Desde Andes Iron han insistido en que Dominga sí toma en cuenta las características medioambientales del entorno y aseguran que no habría un impacto en el ecosistema. En una conversación con Canal 13, el gerente de asuntos corporativos de la compañía, Francisco Villalón, aseguró que sin los recursos que inyectará el proyecto, la población de pingüinos estaría más expuesta a disminuir.

Así operaría Dominga según Andes Iron.

Historial judicial de Dominga

El proyecto Dominga había sido rechazado en dos ocasiones por instituciones competentes en la materia. Primero lo hizo el Comité de Evaluación Ambiental de Coquimbo, en marzo de 2017, y luego el Comité de Ministros, en agosto del mismo año, ratificando la decisión del organismo regional.

Los argumentos que se entregaron entonces tuvieron relación con la incompatibilidad del proyecto con la adecuada conservación del medioambiente, advirtiendo graves riesgos para el ecosistema marino de la zona, además de denunciar falencias técnicas en la planificación.

Foto: Island Conservation

Sin embargo tras la decisión del Consejo de Ministros, Andes Iron apeló ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta. En abril de 2021, dicho órgano consideró que el proyecto cumplía “cabalmente con la normativa ambiental vigente”. Por tal motivo dio pie para que la COEVA sometiera a votación su viabilidad.

¿Qué viene ahora?

Pese a la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental, Dominga aún no tiene autorización para comenzar a operar. Esto, pues se encuentra pendiente un recurso de casación en la Corte Suprema -presentando en conjunto por organizaciones ambientalistas y de pescadores de La Higuera-, que busca invalidar la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta que autorizó la realización de esta votación.

En caso de que el recurso sea acogido por la Corte Suprema, la aprobación de la COEVA quedará sin efecto y el proyecto será rechazado.

Quintero y Puchuncaví: un desastre ambiental sin responsables

En otra resolución polémica, este viernes el Segundo Tribunal Ambiental de Chile acogió la reclamación de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de dejar sin efecto la reformulación de cargos en contra de sus ejecutivos por los graves episodios de contaminación ocurridos en Quintero y Puchuncaví (en la costa central de Chile, a 115 km al noroeste de Santiago), en agosto de 2018.

En dicha ocasión se registraron masivas intoxicaciones en los habitantes de esas ciudades, producto de la inhalación de gases tóxicos emanados presuntamente por las empresas que operan en el lugar, entre las cuales se encuentra ENAP.

Foto: Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)

Quintero-Puchuncaví es una de las cinco “zonas de sacrificio” de Chile, que son territorios con alta concentración de industrias contaminantes ubicadas cerca de la población.

En las “zonas de sacrificio” las emisiones industriales saturan la calidad del aire y vulneran sus normas de calidad, por lo que habitar en ellas puede tener graves consecuencias para la salud de las comunidades.

Termoeléctrica en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaiso, Chile. Foto: Greenpeace.

Según un fallo de la Corte Suprema de mayo de 2019, los habitantes de esta “zona de sacrificio” fueron vulnerados en sus derechos.

De acuerdo al máximo tribunal, según estudios realizados en la época, se detectaron altos niveles de dióxido de azufre, metilcloroformo, nitrobenceno y tolueno en miles de personas, incluyendo a niños, adultos y ancianos, quienes presentaron como síntomas irritaciones cutáneas, mareos, vómitos y dolores de cabeza, entre otros.

Por este motivo la Superintendencia del Medio Ambiente había ordenado nuevas diligencias, junto con la reformalización de cargos en contra de los ejecutivos de la compañía petrolera. Sin embargo, el tribunal ambiental dictaminó que esto se solicitó de “forma ilegal y arbitraria al no determinar un plazo para su realización“, dejando la medida sin efecto.

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