La reforma tributaria aún tiene un largo camino por delante en el Senado y la Cámara de Representantes. De su aprobación y de los cambios que le impongan dependerán la viabilidad de los proyectos sociales y el futuro crediticio del país. Pero no se confundan: el otro año habrá otra tributaria.
El proyecto de Inversión Social llegó al Congreso con más dudas que certezas. Tanto así que lo único claro es que el otro año vamos a estar discutiendo un nuevo ajuste de impuestos en el Legislativo.
“Una cosa muy importante y que yo mismo dije en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, es que esta iniciativa va a recoger dos terceras partes de lo que se necesitaba, y que se requerirá un esfuerzo del gobierno siguiente para hacerlo en una tercera parte adicional. En eso he sido absolutamente transparente”, advirtió a Forbes el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.
El jefe de la cartera explicó que esta iniciativa reduce el déficit fiscal de forma gradual y progresiva, con superávit primario en 2024 y 2025, y que reducirá el nivel de deuda pública. Sin embargo, para que el indicador quede más bajo se necesita un esfuerzo adicional.
“Sin embargo, esta propuesta ya logra reducir progresivamente el déficit fiscal, generar superávit primario y reducir la deuda pública al orden de un 60%”, agregó.
El problema, al menos para los sectores de oposición, es que la gravedad de la situación económica actual del país hace evidente la necesidad de acudir a medidas de emergencia que puedan darle un empujón a la economía y a los hogares colombianos de manera efectiva.
La senadora de la Unión Patriótica (UP), Aida Avella, explicó a Forbes que han propuesto varias veces la implementación de la renta básica de emergencia de, por lo menos, un salario mínimo para los hogares más pobres, medida que puede ser viable por unos meses y que se daría a los más vulnerables.
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“Si la gente no tiene dinero en el bolsillo, la economía no se reactiva, y la pandemia no tiene límite”, aseveró.
Aunque dicho punto merece atención especial, los expertos también advierten que la reforma no solo debe enfocarse en los pobres, sino en la recomposición del mapa social de todo Colombia, sobre todo ante la reducción de la clase media en el país.
“Colombia tiene unas necesidades de mejorar las condiciones de equidad desde antes del covid-19. Esto no nació en 2020 sino que empeoró, pero Colombia siempre ha tenido un reto en términos de igualdad de oportunidades que no lo va a solucionar esta reforma, sino que apenas va a paliar algunos efectos negativos del año pasado”, destacó a Forbes el economista y socio fundador de la firma Inclusión SAS, Roberto Angulo.
El experto también es optimista en que se le harán mejoras al proyecto en el camino, pero no considera que la reforma actual sea una cosa mala, porque es producto de la concertación, lo que la hace viable políticamente. No obstante, fue tajante al afirmar que “hay que llamar las cosas por su nombre, y yo lo que veo es que los pobres están perdiendo impulso y lo están ganando la clase media y los ricos. Sin embargo, espero que se transforme y mejore en el proceso político que queda”.
A este tema se refirió el líder de impuestos internacionales de Ernst & Young (EY) para Colombia, Luis Orlando Sánchez, quien explicó a Forbes que, desde la óptica de técnica tributaria, este no es el proyecto más deseado, pues está incrementando los impuestos a las compañías y no está haciendo cambios en las personas naturales, cuando la tendencia en el mundo es que las empresas paguen menos impuestos. Para dar un ejemplo, el experto citó la tasa promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que actualmente llega a 24 %.
“Esto también lleva a que este proyecto no considere recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos en beneficios fiscales hace unos meses, y todo esto quizás debido al marco social y político al que nos enfrentamos. No es el proyecto más deseado, pero sí puede ser alcanzable en este momento”, sostuvo.
Precisamente, ese aspecto será trascendental para las calificadoras de riesgo a la hora de definir el futuro crediticio del país. Al menos así lo piensa Moody’s, única institución que no ha retirado el grado de inversión al país y que no planea pronunciarse sobre la calificación de Colombia hasta no ver el proyecto final, tras su paso por el Congreso.
Sobre este asunto, el vicepresidente y analista senior de Moody’s, Renzo Merino, afirmó que la calificadora está evaluando el efecto de la reforma en cuanto a las métricas de deuda y cómo se verá frente a los pares de la nación en la calificación Baa2, un peldaño arriba del grado de inversión.
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Si bien Merino detalló que el siguiente gobierno debe atender temas estructurales con respecto a las cuentas fiscales, subrayó que Moody’s estará atenta a cómo se darán estos ajustes, aunque reconoce que observan con optimismo al país gracias a su track record de políticas consensuadas tras el choque económico y a que, a pesar de las protestas del paro nacional, la reforma tributaria cuenta con apoyo político.
Los expertos están de acuerdo en que entre 2022 y 2023 habrá más reformas tributarias; pero también coinciden en que el proyecto actual puede sentar bases sólidas. Si bien el país se estaría decantando por una solución efectiva en el corto plazo y dejar para después la discusión estructural, es claro que hay un parte de tranquilidad inmediato. Eso es muy positivo mientras la pandemia cede terreno y los actores productivos vuelven a ganar confianza.
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