De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, el 82% de las instituciones educativas públicas ya volvieron a la presencialidad.
Como lo han demostrado los distintos indicadores, como el de pobreza multidimensional, las limitaciones que ha tenido el sistema educativo para operar en la presencialidad ha dejado huellas graves en los estudiantes y efectos negativos en el desarrollo social y económico de Colombia.
Por eso, la pregunta que surge con la reapertura de los colegios y de las instituciones educativas es cómo blindar a ese sector de los efectos graves de la pandemia, en caso de que se necesiten nuevos cierres. Para eso, Forbes Colombia conversó con María Victoria Angulo, ministra de Educación, quien habló de los retos que tiene uno de los sectores clave en el país.
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Por un lado, Angulo aseguró que como lo han manifestado los organismos internacionales “los gobiernos deben hacer todos los esfuerzos para que lo último en cerrar, o al menos que sea por condiciones muy específicas y preventivas, debe ser el sistema educativo”, apuntó.
En ese sentido, ante la duda de lo que se viene para el 2022, Angulo aseguró que desde el Gobierno están trabajando para que los niños vuelvan en su totalidad a la presencialidad y se evite a toda costa que estudien desde las casas tiempo completo.
¿Cómo va la reapertura?
Aunque el plan es que el próximo año sea uno de retomar las actividades por completo, desde julio de este año el Gobierno solicitó a todas las instituciones educativas, públicas y privadas retornar a la presencialidad.
Según el balance que dio la Ministra, con corte al 10 de septiembre el 77% de los estudiantes ya retornaron a la presencialidad, entre instituciones públicas y privadas. Si se mira en detalle, el 82% de las sedes educativas públicas ya reactivó sus operaciones físicas y los privados tienen al 71,4% de sus estudiantes yendo a las instituciones.
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Ahora, según lo que reporta la jefe de cartera de educación lo que hace falta es que se redistribuyan los $227.000 millones que provienen del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) para que las instituciones que no han podido reabrir porque les hacen falta las adecuaciones de bioseguridad, lo puedan hacer.
“La idea es que en septiembre se puedan hacer los ajustes del caso y se pueda hacer una reactivación de todo el sistema educativo. Nos ha estado acompañando la Procuraduría y la Contraloría para acompañar el uso de estos recursos”, apuntó.
En ese sentido, Angulo alertó sobre la urgencia de que se reabran todas las instituciones educativas. “Está demostrado que la falta de presencialidad tiene un impacto no solo cognitivo, sino emocional”.
Y a eso se le suma, como lo mostraron los datos del Departamento Administrativo Nacional Estadístico (Dane), que la incidencia de los cierres de los colegios durante 2020 hizo que la pobreza multidimensional aumentara sobre todo en las zonas rurales, que tenían menores posibilidades de reemplazar la presencialidad con la virtualidad.
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Ante esa preocupación, Angulo respondió que los datos del Dane dejaron ver que en departamentos “como el Amazonas, Guainía, Vichada, por los temas tecnológicos, por la realidad geográfica son unas zonas en las que tenemos que hacer mucha mayor integridad. En este momento, en esos departamentos estamos terminando de acompañarnos para lograr la presencialidad. Es decir, lo primero para cerrar la brecha en la ruralidad es que vuelvan a los espacios físicos”, apuntó.
Por: Aldemar Moreno y María Camila González