Camisea: ¿Qué traería la nacionalización del mega yacimiento de gas en Perú?

Camisea es uno de los yacimientos de gas más importantes de Sudamérica y el más grande del Perú (ubicado en el Cusco). Este domingo por la noche, se abrió la posibilidad de que este pase de manos del sector privado al Estado, gobernado por el izquierdista Pedro Castillo. El emisor de la advertencia fue el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien dijo que se nacionalizará dicho yacimiento si es que la empresa explotadora del gas no renegocia el reparto de utilidades a favor del Estado.

Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento.

— Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) September 26, 2021

El anuncio se hizo oficial cuando el lunes Bellido junto con el ministro de Energía y Minas (Minem), Iván Merino, entregaron a Pluspetrol, la empresa que tiene la mayor participación en el consorcio Camisea, un oficio para iniciar las re negociaciones sobre el contrato para la masificación del gas. 

La advertencia de Bellido contradice directamente lo que el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, había anunciado en los primeros días de Gobierno de Castillo. En ese momento, aseguró que no expropiarían el gas de Camisea y apuntó que se trabajaría en conjunto con el sector privado, ya que son las empresas las que seguirán gestionando dicho recurso. 

Además, el mensaje de Bellido se da unos días luego de la primera gira internacional de Pedro Castillo como presidente del Perú. Durante su discurso ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington, el mandatario recalcó que no buscan realizar expropiaciones. Al contrario, hizo un llamado a los inversionistas a apostar por el Perú. 

Lea también: Pedro Castillo: ¿Qué desafíos económicos tiene el nuevo presidente de Perú?

Hacia una renegociación

De momento, el Gobierno no ha informado cuáles son los cambios que buscan atender en el contrato de Camisea. La hipótesis que manejan desde el sector privado es que el Gobierno busca renegociar el llamado Government Take (ganancia del Estado en un proyecto a partir de impuestos por renta, regalías y otras cargas), que según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) asciende a un 65% de las utilidades. “Intuyo que por ahí va el tema”, hipotetizó Felipe Cantuarias, presidente de la SPH. 

Para Norvic Chicchon, docente de Ingeniería de la Energía de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y ex director general de Hidrocarburos del Minem, no es necesaria una renegociación del contrato de Camisea en la coyuntura actual en la que el Perú necesita brindar a los inversores las señales adecuadas dentro del Estado de derecho. Una modificación del contrato, no obstante, sí podría enfocarse en incentivar la inversión de riesgo en exploración.

“A la fecha, el Government Take (participación del Estado) del Lote 88 es del 65%, indicador en el rango alto para contratos de su tipo en la región. Además, valdría la pena renegociar en el hipotético caso de que el contrato fuera lesivo para el país y no lo es. Todo lo contrario”, recalca el experto. 

En tal sentido, indica que durante el tiempo de vida del contrato, el sector electricidad ha sido el más beneficiado con ahorros a los usuarios entre el 2004 y 2019 por más de US$77.000 millones, y en el caso de los usuarios no eléctricos, por S/80.000 millones (US$19,5 millones) en sectores residencial, transporte, e industrial.

Álvaro Ríos, socio director de la consultora Gas Energy Latin America, apoya la vía de la negociación del contrato de Camisea en lugar de la nacionalización. ¿Qué se podría negociar? El precio de referencia del gas del contrato en base a la cotización internacional actual y la recuperación de la inversión, apunta el experto.

“A mí no me parece malo que a puertas cerradas, en negociaciones privadas, el Gobierno pueda plantearle al grupo de empresas que conforman el grupo Camisea una mayor participación del Estado”, asegura. “Lo que yo no estoy de acuerdo (…), es que se haga una amenaza pública de que si no se acepta (negociar) se va a nacionalizar, confiscar o tomar las actividades que ha desarrollado las empresas en el desarrollo Camisea”, agrega.

En tanto, Cantuarias reconoció que la principal falla de la apuesta por el gas natural en el Perú ha sido la falta de masificación del recurso en la población. Cantuarias es enfático en que esta última no es tarea del consorcio sino del Estado. Una masificación de gas vía ductos en el sur, centro y norte del Perú supondría una inversión de entre US$5.000 millones y US$7.000 millones, calculó y apuntó que el sector privado podría participar en dicha obra.

“Es algo que el sector privado está dispuesto a considerar, pues Perú es un país que sigue teniendo un crecimiento económico. Pero que requiere que el Estado cree las condiciones. Lamentablemente, la forma cómo el premier Bellido está enfocando el tema del Consorcio Camisea lo único que hace es alejar a la inversión privada. Es lo que pasó en Bolivia”, dijo. “Es imposible que este financiamiento lo pueda hacer (la empresa estatal) Petroperú”, sostuvo. 

Precisamente, en el caso de que la nacionalización de Camisea prospere, el trabajo operativo recaería en Petroperú. Sin embargo, Chicchon resalta que la petrolera bandera de Perú está embarcada en la construcción de la nueva refinería de Talara y pierde mucho dinero en el Oleoducto Nor Peruano. El experto resalta que Camisea es un activo estratégico que debe ser planificado técnicamente. De lo contrario, las malas decisiones del Gobierno la terminarían pagando todos los peruanos. 

“Al ser estratégico, tanto por ser el principal yacimiento que abastece de gas natural al país (con gran impacto en el sector eléctrico) y de gas licuado de petróleo (redondeando su impacto altamente social), un descalabro en la operación y mantenimiento acarrearía el incremento de costos de operación y mantenimiento debido a la ineficiencia que sufriría (…) Al final del día, serían pagados por los usuarios -sea directamente en la tarifa o, disimuladamente, vía subsidios-“, aclaró. 

Impacto en las inversiones

A juicio de Cantuarias, presidente de la SPH, el anuncio del premier afecta la estabilidad jurídica del Perú. Recordó que Perú ha suscrito 27 tratados de libre comercio con 54 países, tiene 21 tratados de protección de inversiones y tiene firmados convenios de estabilidad jurídica con diversas empresas, por lo que existe la posibilidad de dirimir las controversias mediante arbitrajes internacionales. 

Para Ríos una eventual nacionalización de Camisea podría ahuyentar en el largo plazo la exploración de nuevos yacimientos. Además, generaría costos millonarios para el Estado en compensaciones y arbitrajes. Este ha sido el caso de Bolivia, cuenta Ríos, quien es natural de dicho país y fue ministro de Hidrocarburos entre 2003 y 2004. 

“Generalmente lo que pasa es que luego no hay inversión como en el caso boliviano, donde se importa el 70% del diésel y casi el 50% de la gasolina. Las exportaciones de gas que eran abundantes han comenzado a declinar”, afirma. 

El anuncio de Camisea hace sospechar a los analistas sobre la intención del Gobierno de emular el modelo estatista propuesto por el ex mandatario boliviano Evo Morales al llegar al poder en 2006. En efecto, la llamada “nacionalización de los hidrocarburos” fue una de sus principales banderas de campaña, junto a la realización de una segunda reforma agraria y una Asamblea Constituyente plurinacional. 

“Querer replicar el modelo boliviano en el Perú no resiste ningún análisis. El modelo que implementó Evo Morales no funcionó. En el 2005, Bolivia tenía 25 trillones de pies cúbicos de reservas de gas natural. Hoy tiene 10 trillones (de pies cúbicos de gas natural) “, observó Cantuarias en la misma línea de Ríos, citando datos de un artículo publicado por el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla.

“Alejó la inversión privada y el Estado no hizo ninguna inversión adicional en recuperar esas reservas”, sostuvo. 

Pero la posible nacionalización de Camisea también afectaría a otros sectores, además del de hidrocarburos. Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, indica que la credibilidad de Perú como plaza de inversiones se vería afectada, exacerbando aún más la incertidumbre política. 

Esta medida, asimismo, dificultaría la recuperación de las expectativas macroeconómicas del empresariado que se encuentran en negativo, en un contexto en que el Banco Central de Reserva del Perú espera que la inversión privada en el país no crezca el 2022 y analistas y consultoras incluso prevén un escenario negativo. 

Lea también: Moody’s rebajó la calificación de Perú: los efectos y riesgos para la economía

Golpe a la caja fiscal

Para poner en marcha el plan del Gobierno de nacionalización, el Congreso de la República del Perú deberá aprobar una ley mediante la cual se cree una empresa pública. De momento, congresistas de diversas bancadas se han pronunciado en contra de la nacionalización de Camisea, por lo que la viabilidad del proyecto no es segura. 

Un escenario favorable para el Gobierno generaría un gasto por compensaciones para el Estado de unos US$30.000 millones, estimó Cantuarias. Consultado sobre los fundamentos de dicha estimación, explicó que la SPH obtuvo dicho monto a partir de datos provistos por el Consorcio Camisea, entre ellos, la duración del contrato, el valor de la compañía y el costo de oportunidad. 

“Eso lleva a que (el valor actual de) un negocio de esta naturaleza, que tiene 24 años por delante, con un precio del gas natural que está creciendo y donde se espera que haya una mayor demanda y, en consecuencia, un incremento de la producción, se estima en US$30.000 millones”, amplió. 

Asimismo, Casas precisa que el desembolso de dicho dinero necesitaría ser incluido en el presupuesto público del 2022 de S/197.000 millones (US$48.000 millones), el cual ya fue aprobado y publicado por el Pleno del Congreso hace unas semanas. Así, la propuesta de nacionalización equivale a más del 60% del presupuesto público para el próximo año. 

Los efectos para el erario público en caso procediera esta medida serían importantes. Con un déficit fiscal que será abultado este y el próximo año, el economista estima que para la creación de esta empresa pública sería necesario emitir deuda. “Si el mercado va a financiar la deuda, es difícil que se coloque a buen precio considerando que el país se vuelve muy riesgoso [para las inversiones]”, comenta. 

El presidente de la SPH considera, además, que detrás del mensaje de Bellido existiría una intencionalidad política de promover propaganda anti empresa para que el Gobierno gane popularidad ante campañas pro revisión de regulación vinculada al sector. De hecho, el ministro de Economía Pedro Francke, informó que el Fondo Monetario Internacional asesorará al país sobre cómo llevar a cabo una reforma tributaria al sector minero.

En esa línea, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, precisó que resulta fundamental tener una mejor expresión de liderazgo del presidente Castillo para apalancar la reactivación económica y, por ende, la generación de empleo. Sobre todo en medio de este clima de confusión que ha generado las señales contradictorias desde los actores del Gobierno con respecto a las inversiones.

Forbes intentó contactar al Ministerio de Economía y Finanzas de Perú para analizar cuánto costaría la nacionalización planteada por el Gobierno de Pedro Castillo y conocer su posición sobre el impacto de esta posible medida, pero no obtuvo respuesta.

*Esta nota fue escrita con la colaboración de Manuela Zurita

Siga todas las noticias de economía y negocios en Forbes Colombia