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Economía y Finanzas

¿Por qué se oponen los gremios a cambios en Ley de garantías?

De acuerdo con 29 gremios, este podría afectar la institucionalidad del país y daría paso a más corrupción.

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El Congreso ya aprobó en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2022. Foto: Archivo

Desde la semana pasada, tanto gremios como algunos expertos vienen manifestando su oposición con dos artículos que se incluyeron en el texto del Presupuesto General de la Nación para 2022: la Ley de garantías y el traslado exprés a Colpensiones. Y el Consejo Gremial ya manifestó su oposición a esos dos.

Cabe recordar que la semana pasada el Congreso aprobó en primer debate el proyecto de Presupuesto para 2022 por un monto de $350,4 billones y que incluye un artículo con el que se puede flexibilizar las condiciones de la Ley de garantías para invertir más recursos en periodo electoral.

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El argumento del ministerio de Hacienda es que la posibilidad de que se puedan hacer convenios interadministrativos para asignar recursos en proyectos sería una puerta para impulsar la reactivación y la creación de empleo, en un momento crítico para el país.

Sin embargo, voces desde diferentes orillas argumentan que esos cambios en la Ley de garantías podrían ser la puerta para que se utilicen esos recursos con fines electorales y para corrupción.

¿Qué dicen los gremios?

En medio de esa discusión, el Consejo Gremial se unió a los que se oponen. “Por ello, deben mantenerse intactos los principios fundamentales de la Ley de Garantías, a fin de que la contratación estatal y los recursos públicos asociados a ésta, se protejan de manera especial en los ciclos electorales“, manifestaron los gremios en un comunicado.

Ahora, la propuesta del Consejo Gremial, que reúne a 29 gremios, es que el Gobierno ejecute de forma efectiva los recursos que tiene y así impulsar la reactivación.

“Con el propósito de garantizar la buena ejecución de la inversión pública tan necesaria para reactivar la economía gravemente afectada por la pandemia, exhortamos al Gobierno Nacional a evaluar la utilización de instrumentos contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las previstas en la Ley 819 de 2003, que permiten la declaratoria de proyectos de inversión como de importancia estratégica que habiliten el uso de Vigencias Futurasordinarias y/o excepcionales”, plantean.

Asimismo, agregaron que puede haber problemas constitucionalidad con esos ajustes que se plantean en el proyecto. “Los 29 gremios integrantes del Consejo Gremial Nacional expresan su profunda preocupación y consideran que el Gobierno y el Congreso deben revisar de manera minuciosa la constitucionalidad de la inclusión de este artículo en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, dado que se requiere una Ley Estatutaria para realizar la pretendida modificación, tal y como lo establece la Constitución Política en su artículo 152″.

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